El representante popular Ángel Matos García se expresó insatisfecho con un paquete de documentos que le enviara la Corporación para la Promoción de Puerto Rico como Destino, conocido también como (DMO, por sus siglas en inglés), esto mientras se dilucida en corte una controversia legal sobre el acceso a información que el legislador considera pública.
El 3 de septiembre, Matos García presentó en el Tribunal de San Juan una petición de Mandamus, que fue acogida el 4 de septiembre, cuando la jueza Lauracelis Roque Arroyo le dio un término de diez días al DMO para que contestara. Hasta hoy eso no ha ocurrido y el plazo vence el sábado.
En el recurso legal, con el que se busca tener acceso a contratos, expedientes, documentos oficiales, planes e informes del DMO desde su creación en marzo de 2017, se hace un recuento de cómo se llegó al punto de recurrir al tribunal, que incluye una misiva del 10 de junio de Matos García en que solicita los documentos al DMO y resalta que había radicado también, a esos fines, la Resolución de la Cámara 1435. El 23 de junio el DMO, en una carta firmada por Dean, le contestó que estaban dispuestos a tener una reunión con el legislador, adjuntando con la comunicación una copia del reporte anual de la entidad.
El 12 de agosto, Matos García cursó una segunda carta al DMO alegando que el reporte anual no incluía toda la información solicitada y que le daba un plazo de 24 horas para entregar la documentación o, de lo contrario, acudiría al auxilio del tribunal. Un día después, Dean le replicó alegando que los abogados de la entidad le habían recomendado que no se entregara la información solicitada ya que la R. de la C. 1435 no había sido aprobada.
Matos García, quien también solicita los expedientes de subastas y solicitudes de propuestas otorgadas y adjudicadas por el DMO, además del listado de funciones del personal del DMO, plantea que la información es pública y de alto interés público, que el DMO opera con fondos públicos y que, al no proveer la información solicitada, viola la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso de Información Pública (Ley 141-2019) y la Ley de Datos Abiertos del Gobierno de Puerto Rico (Ley 122-2019).
El DMO tiene un presupuesto de $25 millones.
Matos García explicó a El Nuevo Día que el viernes recibió una carta del bufete Pietrantoni, Méndez & Álvarez firmada por Manuel R. Pietrantoni y María Dolores Trelles Hernández en que se le recuerda que el DMO es una entidad privada sin fines de lucro y que, por lo tanto, no se le considera ni un departamento, ni una agencia, una corporación pública o una instrumentalidad, dependencia o subdivisión del gobierno.
Sí reconocen que el DMO es auditado por la Oficina del Contralor al recibir fondos públicos.
Acto seguido, le recuerdan que la ley orgánica del DMO, la Ley 17-2017 especificó la “única” información que la corporación está obligada a someter y que el DMO así lo ha hecho. Sostienen también que la Junta de Directores del DMO aprobó una política que establece las condiciones bajo las cuales se divulgará información.
Junto con la carta del bufete, se le hizo llegar a Matos García una lista de los 42 contratos bajo el reglón de promoción, ventas y relaciones públicas del DMO y los 30 de administración (ambos sin los montos), los 16 contratos en los que se llevó a cabo un proceso de subasta, un resumen de los cuatro contratos principales del DMO y una lista de los empleados y las posiciones que ocupan, aunque sin publicar los salarios.
“Bajo la política de divulgación de la Corporación, el texto de los contratos se mantiene confidencial por razones estratégicas, para proteger información propietaria o para proteger la privacidad, pero se divulga la información de las partes del contrato, el periodo de duración del mismo, el objetivo y alcance del contrato y la cantidad de los pagos que la Corporación está obligada a hacer bajo el mismo”, reza la carta.
“Las solicitudes de propuestas preparadas se divulgan por la Corporación, al igual que la lista de proponentes que participan, pero no se divulga la información que someten los proponentes por las mismas razones que no se divulga el texto de los contratos”, continúa la misiva.
El bufete finaliza la misiva instando al representante a desistir de continuar con el recurso de Mandamus e insisten en que carece de mérito.
A juicio de Matos García, la información suplida no es suficiente.
“Ellos alegan que entregaron los documentos que atienden mi petición y desarrollan una teoría de que al ser una organización sin fines de lucro no tienen que hacer esto. Los documentos sometidos no atienden lo solicitado”, dijo Matos García a El Nuevo Día.
“Quiero saber cómo se gastó el dinero del pueblo del pueblo de Puerto Rico”, agregó al insistir en que los números de ocupación hotelera publicados en agosto por el DMO son los más bajos desde el 2015.
Por ejemplo, se revela en el documento que el total de habitaciones disponibles de hotel bajó de 75% del total del mercado en los primeros seis meses del 2018 a 66% del mercado durante la primera mitad del 2019. Sin embargo, la disponibilidad de alquileres independientes, a través de plataformas como Airbnb, aumentó durante se mismo período de tiempo de 25% del mercado a 35. Esto provoca también que la ocupación hotelera alcanzada entre enero y julio de 68% sea más baja por 11% al comparar con el 2015.
Sí se ha reflejado un aumento los costos por habitación por noche, de $198 en el 2015 a $225 en el 2019.
