El representante de Apex General Contractors será cuestionado por la Comisión de Salud en las vistas sobre el polémico contrato de pruebas de COVID-19. "Yo no soy una figura decorativa", dijo su abogada.

El abogado de Apex General Contractors se amparó en la quinta enmienda y su derecho a no autoincriminarse en varias ocasiones esta tarde durante su comparecencia en la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes.

Durante la audiencia, Juan Maldonado achacó a las objeciones de Oriental Bank a un depósito a la cuenta de Apex General Contractors de $19 millones como pago adelantado para la compra de $38 millones por un millón de pruebas, como la razón por la cual la entrega no se pudo completar dentro del plazo pactado de cinco días y que vencía el 31 de marzo. El banco levantó bandera inicialmente el 27 de marzo.

Tras una entrega de documentos al banco, el personal de la institución le indicó a Robert Rodríguez López, dueño de Apex, que no había problema, según Maldonado, y que el primer pago al suplidor de las pruebas, 501 Nutrition, se haría entre el 28 y el 31 de marzo, lo que no ocurrió.

Según Maldonado, luego recibió comunicaciones del Departamento de Salud en que le indicaron que estaban reevaluando la compra, que finalmente fue cancelada el 3 de abril.

“Originalmente fue por el asunto del banco”, dijo Maldonado, quien insistió en que las pruebas habrían llegado a tiempo a la isla. “Esa fue la representación que nos habían hecho y en lo que nos basamos”, dijo Maldonado al referirse a la disponibilidad de las pruebas. “Dentro de las circunstancias en que se dio la transacción se tenía la certeza necesaria de que se iba a completar”.

Maldonado reconoció, a preguntas del representante popular Jesús Manuel Ortiz, que la ganancia de Apex sería de alrededor de $10 millones y que él cobraría una tajada que no precisó.

“Es un margen de ganancia bien amplio”, reaccionó el representante Juan Oscar Morales, presidente de la Comisión de Salud. Morales dijo que posiblemente cite una vista pública adicional con representantes de las empresas 313 LLC y Castro Business, pero que a partir de mañana comenzará a trabajar en el informe final de la pesquisa.

Posible falsa representación

Maldonado reconoció que el 26 de marzo, en horas de la mañana, cuando todavía se negociaban la compra de un millón de pruebas de COVID-19 con el gobierno, le dijo al Departamento de Salud que las pruebas ya estaban en Estados Unidos, cuando resultó que era falso.

“Le dijo al Departamento de Salud que las pruebas adquiridas en Australia estaban en Puerto Rico”, le increpó Morales.

“En ese momento era la representación que nos habían hecho”, le contestó Maldonado, al referirse a Comunicaciones con Andrew Santo Beuschel, presidente de la empresa suplidora 501 Nutrition, con sede en el estado de Arizona. Maldonado aludió a un supuesto vídeo que le enviaron de 501 Nutrition que supuestamente demostraba que las pruebas estaban en Estados Unidos.

Mientras, Maldonado tuvo que ampararse en su derecho a permanecer callado y no contestó si el dueño de Apex, Rodríguez López, estuvo presente el 25 de marzo cuando él notarizó una Resolución Corporativa de Apex en que se autorizaba al empresario Aaron Vick a firmar contratos como la compra millonaria de pruebas. Esta conducta de Maldonado, según el representante independentista Denis Márquez, podría significar la violación de dos artículos de la Ley Notarial (artículos 2 y 60) y violaciones a los artículos 18, 35 y 38 de los Cánones de Ética de la Abogacía y, ante ese escenario, la Resolución Corporativa en que se autorizó a Vick también sería nula.

La Ley Notarial dispone, entre otras cosas, que el notario estará presente cuando el suscribiente del documento ponga su firma.

“Me amparo en la quinta enmienda y mi derecho a la no autoincriminación”, dijo Maldonado tras consultar con su abogada Mayra López Mulero. Maldonado tampoco pudo precisar con exactitud si la firma del documento, que él notarizó, era la de Rodríguez López.

“¿Reconoce la firma de Robert Rodríguez?”, le preguntó Morales.

“Nos reiteramos en nuestra contestación”, contestó Maldonado, quien repitió la contestación cuando se le preguntó si Rodríguez López conocía de la Resolución Corporativa. Maldonado se amparó el privilegio de abogados y clientes cuando Morales le preguntó por qué se procuró que Vick apareciera como representante firmando en los documentos de Apex. Vick ha dicho que, si bien le proporcionó a Maldonado su firma digital, alegadamente no sabía para qué se utilizaría.

Maldonado insistió en que Vick sí sabía el propósito por el cual le solicitó su firma digital. El abogado justificó, en parte, el que Vick firmara el documento a que, a raíz de las circunstancias detrás de su renuncia del cargo de administrador de la Administración de Transporte Marítimo, si él firmaba la transacción podía afectarse. No dijo por qué Rodríguez López no podía firmar la transacción, pero manifestó que él quiso mantenerse “al margen para que no me torpedearan por razones políticas”.

“Le puedo decir que son expresiones lamentables (de Vick) porque ha hecho expresiones públicas de tomar acción y porque ha habido un referido de esta legislatura no puedo entrar en más detalle”, dijo Maldonado, quien tuvo que clarificar expresiones que hiciera en la mañana cuando dijo que no había entrado en relaciones contractuales con Apex. En la tarde, dijo que se refería a contratos por escrito ya que supuestamente llegó a acuerdos verbales con sus socios en Apex , William Tress y Manuel Agosto, para cobrar una cantidad que no precisó por la malograda transacción de Apex.

“No hay un contrato escrito, pero estoy representando a los clientes… hay acuerdos verbales”, dijo Maldonado, quien no identificó a Vick como cliente.

Maldonado, de otra parte, dijo que el 26 de marzo, cuando le hizo una propuesta formal al Departamento de Salud para concretar la venta, Apex no tenía una relación contractual ni con el distribuidor de las pruebas ni con el manufacturero. Maldonado contestó con un “no” cuando Morales le preguntó si Apex había firmado un contrato para tener la distribución exclusiva del producto el Puerto Rico.

“No existía contrato.... cuando nos comunicamos con el distribuidor autorizado en Estados Unidos (501 Nutrition) la representación que nos hacen es que podemos ser lo distribuidores en Puerto Rico”, argumentó Maldonado, quien no tiene algún documento por escrito que evidenciara esas conversaciones. “A la fecha que se hace referencia (el 26 de marzo) habíamos sostenido conversaciones con 501 y con Andrew Santo Beuschel (presidente de 501 Nutrition) para el suplido de los productos”, dijo.

“Las conversaciones es que (las pruebas) estarían disponibles”, agregó al identificar a un individuo, llamado Troy King, como contacto entre 501 Nutrition y Apex. “Era una situación de emergencia y ya había conversaciones con el distribuidor. En ese momento era suficiente la información que nos estaban suministrando”.

Morales también le cuestionó a Maldonado por qué le envió a Salud una propuesta con el logo con la empresa Promedical, a pesar de que no tenía una relación contractual.

“¿Estaban diciendo que eran el distribuidor exclusivo sin tener un contrato con Australia?”, le preguntó Morales.

“Es correcto”, contestó Maldonado.

Prisa para aprobar la compra

También durante la mañana, Maldonado le atribuyó a la funcionara del Departamento de Compras del Departamento de Salud, Mariel Rivera, decirle que había que finiquitar la compra a Apex porque supuestamente existía una ventana para que se hiciera la transacción sin que la Junta de Supervisión Fiscal tuviera que ser notificada.

“En una de las llamadas me comenta que la prisa era que tenían una ventana hasta el lunes (30 de marzo) sin tener que notificar a la Junta de Control Fiscal”, dijo Maldonado. “Esa es la verdad… no me consta que había una ventana, pero así fue”.


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