Representante Juan Oscar Morales. (David Villafañe)

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El representante Juan Oscar Morales indicó que presentará legislación para crear nuevos controles sobre las contrataciones gubernamentales, luego de las irregularidades en la compra de pruebas rápidas para detectar el COVID-19 por parte del Departamento de Salud.

El legislador agregó que se dispone presentar la semana que viene o la próxima el informe parcial de la investigación realizada por la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes sobre la adquisición de los tests de coronavirus.

"No vengo meramente aquí a señalar”, dijo Morales.

Morales indicó que planifica presentar legislación que impacte, por ejemplo, las labores de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), esto luego de que ayer, en vista pública, su directora Iris Santos prácticamente dijera que el rol de la dependencia se limita a verificar documentos y certificar que el dinero de las transacciones solicitadas por las agencias esté disponible. Sin embargo, durante el turno de preguntas del representante independentista Denis Márquez, trascendió que la OGP no cumplió con requerimientos específicos de fiscalización que fueron consignados en una Orden Ejecutiva de que la gobernadora Wanda Vázquez, firmada al comenzar la emergencia.

No me podían decir que la OGP es meramente para asignar dinero. Esa no es la responsabilidad única y exclusiva”, sostuvo Morales. El representante agregó que buscará la colaboración de la agencia para elaborar la medida.

“Que esa figura tenga más agarre y fiscalización”, dijo. “Para que no tengamos que ir a una constructora para comprarle pruebas de COVID-19”.

Morales comentó, además, que el Departamento de Hacienda debe revisar sus reglamentos para hacer pagos por adelantado.

Hacienda autorizó pagos por adelantado de entre 50% y 60% por la compra de pruebas y equipo a las empresas 313 LLC y Apex General Contractors. La primera está en medio de una disputa con el Departamento de Salud por la entrega de la mitad de las órdenes compradas y la segunda tuvo que devolver el adelanto de $19 millones al no poder cumplir con adquirir el cargamento.

Morales dijo también que para las vistas que se llevarán a cabo la próxima semana citará a la subsecretaria de la Gobernación, Lilian Sánchez y Mabel Cabeza, quien fungía como el enlace entre La Fortaleza, el task force médico y Juan Maldonado, abogado de Apex.

Apex es la empresa a la que el gobierno le compró un millón de pruebas rápidas a un costo de $38 millones. Trascendió que la empresa, que se dedica a la construcción, nunca tuvo un vínculo contractual con el suplidor de las pruebas.

Morales, de otra parte, vio con buenos ojos un proyecto de la representante María Milagros Charbonier que obligaría al gobierno a publicar, a 48 horas de ser firmado, cualquier contrato otorgado durante periodos de emergencia.

"Lo he escuchado... esas cosas ayudan en el proceso", dijo Morales.

La medida enmienda el artículo 6.10 de la Ley 20-2017, conocida como la Ley Orgánica del Departamento de Seguridad Pública. Ese artículo consigna los poderes que tiene el gobernador o la gobernadora para declarar estados de emergencia, incluyendo la facultad de autorizar la otorgación de contratos “sin la necesidad de cumplir con los requisitos de ley, reglamento, orden administrativa o directriz aplicable que regule los procesos de contratación gubernamental”.

Esa práctica de compras de emergencia ha sido duramente criticada al salir a relucir múltiples escándalos durante las emergencias provocadas por los huracanes Irma y María, los terremotos del suroeste y, más recientemente, la emergencia provocada por COVID-19.

La medida condiciona la otorgación de contratos de emergencia a que se establezca en una Orden Ejecutiva las dependencias autorizadas a firmar este tipo de convenio, que las dependencias y los contratistas tendrán que realizar “esfuerzos razonables para cumplir con todos los requisitos y formalidades aplicables para la contratación gubernamental” y, entre otras cosas, que si el contrato requiere de un pago por adelantado, la agencia o instrumentalidad pública del gobierno deberá requerir una fianza sobre la cantidad adelantada.

En el caso de Apex, el gobierno no solicitó el pago de una fianza.

Además, establece el requisito de publicar el contrato otorgado a no más de 48 horas de ser firmado en la página cibernética del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres.

El rol de la Inspectora General

Morales no fue específico cuando se le cuestionó qué rol pudiese tener la Oficina de la Inspectora General (OIG) en la investigación del contrato de Apex. El representante dijo que desconoce en qué proceso está la creación de dicha dependencia, cuya ley se firmó en el 2017. Mientras, la directora de dicha dependencia, Ivelisse Torres fue nombrada en febrero de 2019.

“Es un cargo de nueva creación en este cuatrienio. Debe tener responsabilidad, lo que no sé es el estatus. Apenas se creó la oficina el año pasado”, dijo Morales. “La creación de esa oficina es para eso, para que antes que se emita este tipo de transacción ella pueda evaluarla y pueda aprobarla”, dijo Morales.

La ley orgánica de la OIG también le requiere a la jefatura de la agencia hacer señalamientos, preparar informes con los hallazgos y formular recomendaciones a los jefes de las entidades gubernamentales, a la gobernadora y a la Asamblea Legislativa, como resultado de las evaluaciones, estudios y exámenes que realicen, incluyendo la necesidad y el progreso de las acciones correctivas a tomarse.

De hecho, tiene la facultad de someter al Departamento de Justicia, a la Oficina del Contralor de Puerto Rico y a la Oficina de Ética Gubernamental cualquier informe si se ha detectado alguna irregularidad o ilegalidad.


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