Senador independentista, Juan Dalmau. (GFR Media)

El senador independentista Juan Dalmau Ramírez señaló esta tarde que el presupuesto que está trabajando la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para el próximo año fiscal reduce en 8.5% el gasto en nómina, colocando en peligro una cantidad todavía incierta de empleos.

Dalmau Ramírez llegó a esa conclusión utilizando los propios números que el gobierno, específicamente la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Hacienda proveyeron a la Comisión de Hacienda del Senado, que realiza una investigación sobre cómo se está conformando el presupuesto.

El gobierno propone un presupuesto con cargo al Fondo General de $9,062 millones, pero el ente fiscal recomienda $7,809.2 millones.

El presupuesto vigente con cargo al Fondo General es de $9,051 millones.

De hecho, en la ponencia de OGP se consigna la amenaza al gasto en nómina cuando en una nota al calce se detalla que, de 99 agencias, en 40 su presupuesto para nómina es "insuficiente" en sobre $1 millón.

"Ello representa un riesgo de ejecución de un 10% del baseline", lee la ponencia firmada por la jefa de OGP, Iris Santos, al referirse al presupuesto base recomendado por la JSF. En total, la reducción en nómina para el próximo año fiscal en el presupuesto es de $267.6 millones al comparar con el presupuesto vigente. En la ponencia de OGP se indica que 305 programas gubernamentales de servicio directo a la gente sufrirían un recorte global de 7%.

"El problema en las colonias es que los países colonizadores hacen lo que quieren y los territorios lo que pueden. En el caso de Puerto Rico, la Junta de Control Fiscal hace lo que quiere y el gobierno lo que puede. Lo que ha reconocido la directora de OGP, a preguntas mías, es que la propuesta presupuestaria que desea imponer la Junta es una que reduciría la nómina con la consecuencia nefasta de que haya despidos o jornada parcial para empleados públicos en momentos de necesidad económica y de pandemia. Pero no solo eso, la funcionaria me admite, además, que están muy conscientes que dicha reducción presupuestaria en nómina afectaría dramáticamente servicios gubernamentales esenciales y necesarios ya que de 90 agencias, 40 se verían impactadas. O sea, casi un 50% del gobierno", dijo Dalmau Ramírez en declaraciones escritas.

Dalmau Ramírez aprovechó para insistir en que la Cámara de Representantes apruebe una Resolución Conjunta de su autoría que ordenaría al Secretario de Hacienda a cortarle los fondos al ente fiscal.

De otra parte, en una ponencia firmada por Hecmar D. Martínez Martínez, subdirector de Asuntos Legales de Aafaf, el funcionario recalcó que, por disposición de la Ley Promesa, para que se desglose el informe de gastos del gobierno, primero se requiere que la Junta de Supervisión Fiscal certifique el nuevo plan fiscal presentado por el gobierno a la Junta de Supervisión Fiscal el 3 de mayo.

Ese nuevo plan fiscal incluye, entre otras cosas, que se implemente una pausa en las reducciones de gastos presupuestarios hasta el año fiscal 2023 para conceder un espacio para la recuperación económica pos-COVID. Esto incluye una extensión de un año para medidas de reducciones en las asignaciones para la Universidad de Puerto Rico y los municipios en relación con el Plan Fiscal del 28 de febrero.

Además, el Plan Fiscal 2020 evita la implementación de medidas reductoras en torno al Departamento de Salud, el Departamento de Educación y el Departamento de Seguridad Pública.

El calendario para la certificación de presupuesto es el siguiente:

- 25 de mayo: Notificación de violación del Plan Fiscal si se determina que el borrador de presupuesto lo contraviene;

- 31 de mayo: Gobernadora presenta presupuesto revisado a tenor con notificación remitida por la JSF

- En o antes del 5 de junio: JSF presenta presupuesto en cumplimiento con Plan Fiscal a Gobernadora y Legislatura

- 22 de junio – Legislatura presenta proyecto de presupuesto adoptado a la JSF

- 26 de junio – JSF remite a la Legislatura notificación de violación de ser necesario.

- 28 de junio – Legislatura presenta presupuesto revisado a la JSF de ser necesario.

- 30 de junio – JSF certifica presupuesto para Gobierno de Puerto Rico.

El estimado de la Aafaf apunta a que el impacto acumulativo del COVID-19 sobre la economía alcanzará $6,600 millones, de los cuales $800 millones corresponderán al año fiscal vigente.

“Además, para estimar el impacto económico de la crisis de salud pública, el Plan Fiscal 2020 incluye un análisis detallado sobre desempleo”, lee una ponencia leída por Martínez Martínez ante la presidenta de la Comisión de Hacienda, Migdalia Padilla. “El aumento de las solicitudes iniciales de desempleo durante las siete semanas desde que comenzó el cierre hasta la presentación se usó para estimar las solicitudes adicionales totales. Por último, la proyección económica supone que las actividades económicas estarán detenidas por 2.5 meses”, sostuvo el funcionario.

En su ponencia Martínez Martínez recordó cómo a través del Fondo de Ayuda de Coronavirus (CRF, por sus siglas en ingles), se le asignaron $2,200 millones, siendo su uso restricto y limitado para gastos necesarios incurridos como parte de la emergencia causada por el coronavirus y que el dinero tiene que ser utilizado a más tardar el 30 de diciembre.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dispuso que el dinero no podría utilizarse para cubrir la pérdida de ingresos de las entidades gubernamentales.


💬Ver 0 comentarios