El presidente de la Cámara, Carlos "Johnny" Méndez. (GFR Media)

El informe comisionado por el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, para determinar si existen las bases jurídicas para un juicio político contra el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, concluyó que se cometieron cinco delitos en relación al chat de Telegram encabezado por el primer ejecutivo y recomendó el residenciamiento. 

La conclusión fue unánime, confirmó a El Nuevo Día el licenciado Luis E. Rodríguez-Rivera, uno de los tres juristas que compone el comité especial a cargo del análisis.

Del total de delitos, cuatro son de carácter grave y uno de carácter menos grave, que implica depravación, confirmó el licenciado. 

Asimismo, se confirmó que tres de los delitos son del Código Penal y dos de la Ley de Ética Gubernamental. 

El comité de juristas -anunciado por Méndez el 19 de julio- está compuesto, además, por los abogados Francisco Reyes y Enrique Colón Santana. Los abogados tenían un máximo de 10 días calendario, o hasta el 29 de julio, para rendir un informe detallado con conclusiones a base de derecho.

El informe, que fue entregado por Colón Santana a Méndez a eso de las 12:10 p.m., concluye que Rosselló pudo haber incurrido en malversación de fondos públicos, además de haber sido negligente en el cumplimiento del deber y haber cometido apovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos.

El licenciado Colón Santana dijo esta tarde que se trató de un análisis “complicadísimo” y confirmó que la recomendación de residenciamiento fue unánime.

“Con la evidencia que examinamos concluimos que, efectivamente, nuestra recomendación al cuerpo que le corresponde es que se proceda con el juicio de gobierno, que es la presentación de un documento de acusación para que continúen los procedimientos en la cámara que corresponde, que es el Senado”, dijo Colón Santana a la prensa, quien no precisó los delitos.

Sí hizo la distinción entre el procedo de residenciamiento, que no conlleva “una valoración penal”, sino los elementos de un posible delito. “El que la Cámara determine o el Senado que no haya base para un juicio político, sencillamente cualquier persona puede ser sujeta a las acusaciones”.

Específicamente, la función del Comité era evaluar todo el contenido publicado del chat de Telegram y estudiar si existe prueba de que hubo comisión de delito por parte del gobernador Rosselló Nevares en dichas conversaciones.

La Cámara de Representantes está, al menos, a siete votos de contar con el apoyo que necesita para iniciar un juicio político en contra del gobernador, según un sondeo realizado por este medio.

En total, 27 representantes indicaron a este diario que votarían a favor de dar paso al residenciamiento al mandatario. En total, se necesitaría el voto de 34 miembros de la Cámara baja para comenzar un proceso para destituir al primer ejecutivo.

No obstante, ocho de estos legisladores -todos del Partido Nuevo Progresista (PNP)- hicieron la salvedad de que su aval al residenciamiento dependería del informe comisionado por el presidente cameral.

El pasado 13 de julio se conoció parte del contenido de un polémico chat encabezado por el gobernador y 11 de sus colaboradores más íntimos en el que se discutían asuntos de política pública y partidistas, y en el que se ordenaba dañar la reputación y perseguir a políticos de la oposición, así como a funcionarios federales.

En las 889 páginas abundaban también las burlas e insultos machistas y homofóbicos, y comentarios insensibles y mofas sobre la muerte de figuras como Carlos Gallisá y Marta Font, al igual que sobre la crisis del manejo de cuerpos en Ciencias Forenses.

El chat está compuesto por 12 hombres. Además de Rosselló, están los asesores en comunicaciones del gobernador, Carlos Bermúdez y Rafael Cerame; su exasesor legal, Alfonso Orona; el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Christian Sobrino; el publicista y presidente de la agencia KOI, Edwin Miranda, el secretario de la gobernación, Ricardo Llerandi, el exsecretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario; el secretario de Estado, Luis Gerardo Rivera Marín; el secretario de Hacienda, Raúl Maldonado; el exdirector de campaña del gobernador y exrepresentante del gobierno ante la Junta de Supervisión Fiscal, Elías Sánchez Sifonte; y el actual secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Anthony Maceira.

El periodista Javier Colón Dávila colaboró en esta historia. 


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