La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) se prepara para impugnar la ley Promesa por obstruir los reclamos de violaciones a los derechos civiles en Puerto Rico.
La organización comisionó un estudio para sustentar que el mecanismo de paralización de demandas contra el gobierno de Puerto Rico viola los derechos civiles de los ciudadanos en la isla.
El director legal de la ACLU, Fermín Arraiza, indicó que ese mecanismo bajo la ley Promesa está afectando las demandas contra el gobierno de Puerto Rico que buscan compensación por daños o acciones administrativas.
“Vamos a hacer un esfuerzo por impugnar la ley (Promesa) por la forma en que se está utilizando para paralizar los casos de derechos civiles”, sostuvo Arraiza.
“Sabemos el resultado, pero se apelará y se llevarán los argumentos al (Tribunal) Apelativo y al Supremo”, agregó.
Arraiza indicó que el estudio busca cuantificar las demandas contra el gobierno por violaciones a los derechos civiles, que están detenidas en los tribunales estatales y federal, aludiendo al mecanismo automático de paralización que provee la ley Promesa conocido en inglés como “stay”.
El mecanismo de paralización en los procesos de quiebra busca proteger a individuos o entidades contra demandas de acreedores.
Debido a que el gobierno de Puerto Rico se acogió al título de quiebra creado bajo la ley Promesa, cualquier demanda que reclama una compensación monetaria puede quedar paralizada y referida al caso que preside la jueza federal Laura Taylor Swain.
Sin embargo, la ACLU y otras organizaciones denuncian que la paralización no solo se le está aplicando a los casos de violación a derechos civiles en los que se reclama una compensación económica, sino también a los que solo se busca un remedio de índole administrativo.
“Puerto Rico es la única jurisdicción bajo la bandera de Estados Unidos donde hay una zona libre de libertades civiles”, expresó William Ramírez, director de la ACLU en Puerto Rico. “No hay manera de reparar un daño causado por el gobierno de Puerto Rico”.
Ramírez agregó que uno de los casos que mejor ejemplifica esa situación es la demanda sometida por Rafael Pabón Ortega contra la Oficina de Administración de Tribunales. Pabón Ortega denunció que fue despedido por escribir historias de ficción en un blog que tenía en las redes sociales.
El caso llegó hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que no acogió la petición de revisar la orden de paralización que emitió el Tribunal de Distrito, y luego sostuvo el Circuito de Apelaciones de Boston.
Según Arraiza, otro caso que ilustra la situación es la demanda de 2013 sometida por varios agentes de la Policía que hacen una reclamación sobre la libertad religiosa.
El presidente del Colegio de Abogados y Abogadas, Edgardo Román Espada, coincidió en que dicha paralización impide reclamarle al gobierno que responda por violaciones a derechos civiles.
“Se puede afirmar que por eso, en efecto, existe un elemento de impunidad de parte del Estado frente a los ciudadanos por violación a los derechos civiles reclamados por la vía judicial… quedan paralizados por tiempo indefinido”, expresó Román Espada.
Para el presidente del Colegio, uno de los aspectos más preocupantes es que esta situación pudiera provocar que los abogados, cuando ofrezcan orientaciones legales, pueden recomendar que no se radiquen pleitos para no terminar en un limbo indefinido.
“Independientemente de si aplica o no a los casos nuevos (tras la solicitud de la quiebra bajo Promesa), la percepción de muchos es que no vale la pena radicar el recurso judicial por violación de derechos civiles porque se va a detener”, manifestó Román Espada.
“La preocupación de los abogados es que quede detenido por mucho tiempo y que después, cuando el tribunal decida continuar con el caso, los testigos y otra prueba ya no estén disponibles y termine cayéndose el caso”, añadió. “Por lo menos se le debe permitir continuar el caso, que desfile toda la prueba y que si se va a detener, que sea por lo menos al momento en que haya que ejecutar una sentencia de pago”.
El Nuevo Día solicitó al Departamento de Justicia una reacción ante las denuncias planteadas por la ACLU, para que explique el criterio para solicitar la paralización de un caso bajo Promesa, pero al cierre de esta edición no se recibió una contestación. De igual manera ocurrió con una solicitud a la Junta de Supervisión Fiscal.
