Dafne Barbeito, portavoz de Alianza Turística por Puerto Rico y Luis Malave de la Unión de empleados del muelle. (Luis Alcalá del Olmo)

Las uniones obreras y portavoces del sector privado que conforman la Alianza Turística de Puerto Rico se anotaron una victoria este lunes, al lograr que la gobernadora Wanda Vázquez Garced frenara al menos por una semana la firma del acuerdo de privatización de los muelles de cruceros de San Juan con la empresa Global Port Holding.

“Eso nos va a dar la oportunidad de podernos sentar todos juntos a la mesa, evaluar ese contrato y hacer las aportaciones necesarias”, sostuvo Daphne Barbeito, portavoz de la Alianza que agrupa unos 30,000 empleados. “Una de nuestras preocupaciones era que este contrato podría ser firmado antes de que finalice el año”.

Barbeito denunció que ambos sectores habían sido excluidos de las negociaciones para la privatización y, aunque se les ha dicho que no se verían afectados, el gobierno y la empresa no le han permitido ver y evaluar qué exactamente incluye el acuerdo. La promesa de Vázquez Garced, según la portavoz de la alianza, fue precisamente abrir el acceso para que tengan la oportunidad de analizar el documento.

“Fue una reunión muy productiva, mucha interacción entre ambas partes”, manifestó Barbeito. “Creo que está meridianamente claro que la alianza está disponible para cualquier apoyo que haya que darle al gobierno para mejorar este acuerdo y de no llegar a un consenso, también están claros que entonces la Alianza no estaría de acuerdo en que ese contrato se lleve a término”.

Las dos mayores preocupaciones de la Alianza son, por un lado, que se garantice que se perderán empleos por causa del acuerdo y, dos, que la privatización no se traducirá en un monopolio de diversos servicios.

“Vamos a tener conocimiento de los detalles del contrato y se van a expresar todas las preocupaciones que tenemos y ver de qué manera esas preocupaciones se insertan en ese acuerdo y por su puesto, quedaría del ente privatizador, del concesionario, si los acepta o no, esa es la otra parte de la ecuación”, explicó la portavoz de la Alianza.

La pasa semana la Alianza –que incluye componentes directos e indirectos de la industria naviera, comerciantes del Viejo San Juan, hoteles, transportistas, Asociación de Navieros, agentes de viaje, entre otros– denunció la falta de transparencia que ha rodeado el acuerdo de alianza público-privada, que ha llevado a empleados de los muelles a temer por sus empleos y ha generado preocupación a comerciantes.

“Básicamente lo que nos han dicho es que lo que es parte del acuerdo es todo lo que está relacionado actualmente a los servicios que Autoridad de Puertos le brinda a la industria, o sea, que cualquier otro elemento, servicio que se esté llevando a cabo en este momento queAutoridad de Puertos no tenga jurisdicción, no debe verse afectado”, indicó Barbeito.

Pero eso no le consta a la Alianza, explicó la líder, razón por la cual solicitaron la reunión con la gobernadora y la inclusión en las discusiones respecto al acuerdo. Al culminar la reunión no quedó establecido la fecha del próximo encuentro en el que deben participar todas las partes involucradas en el contrato de privatización, aunque debiera ocurrir antes del 31 de diciembre de 2019.

“Si en efecto eso es correcto y no interviene el tema de los servicios, entonces las líneas de cruceros van a poder continuar contratando las empresas que ellos hasta este momento han contratado de forma independiente”, apuntó la portavoz.


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