El Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal celebra hoy una audiencia sobre la ley Promesa. (horizontal-x3)
El Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal celebra hoy una audiencia sobre la ley Promesa. (Carmen Gautier)

Washington - La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las decisiones financieras del gobierno de Puerto Rico defenderá hoy ante el Comité de Recursos Naturales sus decisiones y afirmará que no se puede resolver en tres años “una mala administración” de cuatro décadas.

Revive la transmisión aquí:

Chair Raul M. Grijalva understands that in order to rebuild Puerto Rico in a more sustainable, more economically fair way, we need to revise PROMESA – the law meant to address Puerto Rico’s economy. PROMESA created a fiscal control board that’s pushing cuts to schools instead of improving people’s lives. We’re holding a full committee hearing to #ListenToPuertoRico on Thursday, May 2, at 10 a.m. Eastern time to discuss how to fix the law and help Puerto Rico. Watch live here.

Posted by House Committee on Natural Resources: Democrats on Friday, April 26, 2019

Pero, al mismo tiempo, a nombre de la JSF, su directora ejecutiva, Natalie Jaresko, acentuará que el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares “no ha implementado muchas de las reformas críticas que han propuesto los planes fiscales”.

Ante una audiencia que estará controlada por la mayoría demócrata de la Cámara de Representantes, que ha cuestionado las medidas de austeridad, particularmente en la Universidad de Puerto Rico (UPR), Jaresko también defenderá, a nombre de los miembros del ente fiscal, los recortes y el incremento en la matrícula de la principal institución de educación superior de la isla.

Repasa las incidencias de la vista aquí:

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“Las reformas están centradas en mantener la capacidad de todos los estudiantes de tener acceso y beneficiarse de un sistema universitario mejorado”, dijo, al indicar que contrario a la norma en EE.UU., el gobierno ha subsidiado en un 70% a la UPR.

En su ponencia, copia de la cual obtuvo anoche El Nuevo Día, Jaresko hace también una lista de lo que considera logros alcanzados en torno a la reestructuración de la deuda –que apenas comienza–, medidas de transparencia y un gasto responsable.

Jaresko será hoy la segunda en declarar ante el Comité de Recursos Naturales, que preside el demócrata Raúl Grijalva (Arizona).

Rosselló Nevares, quien se ha quejado de que la JSF quiere dictar la política pública del gobierno, será el primero en testificar.

Luego, seguirá un panel de cinco personas que tiene a Jaresko con el primer turno e incluye al economista Martín Guzmán, del grupo Espacios Abiertos; Amanda Rivera, directora ejecutiva del Instituto del Desarrollo de la Juventud; Alex Pollock, experto en asuntos financieros del grupo R Street; y laprofesora Ana Cristina Gómez Pérez, de la Escuela de Derecho de la UPR.

El limbo de la JSF

La sesión tiene como título “La ley Promesa: Lecciones aprendidas tres años después” y se da en momentos en que una decisión del Primer Circuito de Apelaciones federales –que la JSF ha pedido al Tribunal Supremo de EE.UU. que revise– amenaza con dejar sin funcionamiento, a partir del 16 de mayo, al ente fiscal.

En febrero, el Primer Circuito declaró inconstitucional los nombramientos hechos por el presidente Barack Obama, por considerar que son funcionarios federales de alto nivel que deben ser confirmados por el Senado.

Jaresko, en su ponencia, advirtió que son “inmensas” las implicaciones de la decisión del Primer Circuito, pues de no haber una extensión de la moratoria de 90 días que otorgó el foro de apelaciones o ser confirmados los nombramientos de los actuales integrantes, como el presidente Donald Trump anunció que se propone hacer, la JSF “dejará de funcionar y los casos (de reestructuración de deuda) del título III pueden ser desestimados, lo que ocasionaría un caos en los tribunales y en la isla”.

En ese sentido, presentó la posición legal de la JSF en el sentido de que los miembros de la JSF son funcionarios territoriales que no requieren confirmación por el Senado estadounidense. Con respecto a la intención del presidente Trump de enviar el nombramiento de los miembros de la JSF al Senado, ante la incertidumbre en que han quedado, Jaresko exhortó al Senado a confirmarlos.

Al hablar del trabajo de la JSF, Jaresko recordó que han avanzado los procesos de reestructuración de deuda en Cofina y el Banco Gubernamental de Fomento (BGF). Además, aludió al acuerdo preliminar con un grupo de bonistas que permitiría un recorte de 30% en la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica.

Pero, quiso acentuar que lograr un gobierno eficiente todavía es un gran desafío, al criticar la respuesta de emergencia en la isla –incluso de la Policía–, las complicaciones para iniciar un negocio y los problemas del gobierno para ofrecer “el nivel de educación necesario” para estar a la par con Estados Unidos. Hasta hace referencia a los tapones y el alto número de accidentes de tránsito.

Desafortunadamente, tres años después, el gobierno no ha implementado muchas de las reformas críticas que han propuesto los planes fiscales. Como un ejemplo, el gobernador anunció que ya no tiene la intención de promulgar las reformas sanitarias que propuso en el plan fiscal. Esto es, sin embargo, solo el último ejemplo de la falta de actuación del Gobierno. Los planes fiscales no son un menú selectivo”, indicó.

También menciona el rechazo de la Legislatura a incluir reformas como “el empleo a voluntad”.

“Sin reformas estructurales adicionales, la economía de la Isla volverá a un ritmo anémico de crecimiento, un nivel que no puede sostener las necesidades presupuestarias a largo plazo del pueblo de Puerto Rico”, sotuvo Jaresko.

Aunque considera irreal pensar que el gobierno electo y una junta fiscal van a estar alineados en un 100%, Jaresko dijo que, pese a las tensiones, en la JSF “hacemos cada esfuerzo para consultar, asesorar y ofrecer perspectivas”.

En la presentación que hará hoy ante el Comité, el profesor Guzmán, investigador asociado de Columbia University, se referirá a un estudio en el que concluyó que la JSF ha promovido acuerdos de reestructuración que “son excesivos en relación con la capacidad de pago de Puerto Rico”.

Al presentar como ejemplo el acuerdo de reestructuración de Cofina, Guzmán señaló que el servicio de la deuda aumentará de $420 millones anuales en 2019 a casi $1,000 millones en 2041, pese a que no es una expectativa razonable que la economía crezca proporcionalmente.

La agenda de Grijalva

La audiencia debe servir para conocer la variedad de ideas que pueden existir dentro del Comité de Recursos Naturales sobre el funcionamiento de la ley Promesa y las posibilidades de enmendarlo, según el congresista Grijalva.

Grijalva indicó que piensa que hay voluntad dentro de la mayoría demócrata para suavizar el estatuto, lo que quisiera hacer para reducir los poderes de la JSF sobre el gobierno de Puerto Rico. Pero, afirmó que se trata de un asunto “sobre lo que uno puede dar una receta muy específica, si quiere ayudar al proceso”.

Grijalva sostuvo que el Congreso debe entender que la crisis fiscal y de deuda pública, y la catástrofe que causó el huracán María no pueden verse de forma independiente. Con respecto a la posibilidad de legislar para imponer una nueva autoridad federal sobre el sistema energético de Puerto Rico, sostuvo que el asunto sigue bajo evaluación.

Con respecto a la JSF, Grijalva fue preguntado si piensa que los miembros del ente fiscal actúan de buena fe.

“Tenemos que lidiar con la implementación (de la ley). Sus motivaciones son secundarias. Mi confianza sobre ellos es secundaria. Promesa es una cuestión de causa y efecto”, indicó Grijalva, uno de los que han pedido al Senado que examine los conflictos de intereses que pueden haber dentro de la JSF al considerar los nombramientos que ha prometido enviar el presidente Trump.

La congresista demócrata NydiaVelázquez (Nueva York) adelantó, por su parte, que hoy volverá a presentar, junto a la senadora y precandidata presidencial demócrata Elizabeth Warren (Massachusetts), el proyecto que busca cancelar gran parte de la deuda pública. Al mismo tiempo, busca una enmienda a la ley Promesa para llenar el hueco que considera ha permitido conflictos de intereses, en referencia la empresa McKinsey, que asesora a la JSF a pesar de que una de sus subsidiarias ha tenido bonos del gobierno de Puerto Rico.

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, considera, por su lado, que van a avanzar enmiendas a la ley Promesa. En su caso, dijo que quisiera “generar legislación que proteja en alguna manera las pensiones de los sistemas de retiro del gobierno”.

En un mensaje en el hemiciclo de la Cámara de Representantes, el congresista demócrata Jesús “Chuy” García (Illinois), afirmó que en momentos en que “familias se están yendo de la isla, las escuelas se están cerrando y las casas y comunidades destruidas por el huracán María aún no se han reconstruido, la junta fiscal está obligando a los puertorriqueños a sacrificar las pensiones, los salarios y los servicios gubernamentales cruciales”.

De cara a la audiencia, el Comité de Recursos Naturales y la coalición Power4PuertoRico llevó a cabo el martes una sesión informativa en el Congreso.

En la sesión, el profesor Héctor Cordero Guzmán, del Baruch College, sostuvo que en momentos en que se implantan medidas de austeridad y no se aprueban medidas de desarrollo económico, el Congreso a corto plazo debe dar seguridad al financiamiento del sistema de salud del gobierno de Puerto Rico, por medio de programa Medicaid, y dar acceso a Puerto Rico al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que garantiza cientos de millones de dólares adicionales a los que ahora se reciben por medio del Programa de Asistencia Nutricional (PAN).

Cecilio Ortiz García, profesor del Recinto Universitario de Mayagüez y uno de los fundadores del Instituto Nacional de Energía y Sostenibilidad Isleña (INESI), sostuvo que el gobierno federal – al pensar en iniciativas de impacto inmediato- debería mirar al efecto que tuvo en la región central de la Isla, las hasta 3,000 millones de horas que las personas estuvieron sin energía eléctrica tras el azote del huracán María, en septiembre de 2017.

“La mayoría de las (cerca de 3,000) muertes ocurridas como consecuencia del huracán, son en esa zona, donde viven unas 200,000 personas y que tienen os niveles socioeconómicos más bajos. El gobierno federal puede ayudar a subvencionar que los residentes de la región central tengan paneles fotovoltaicos que le asegure energía solar a la gente”, indicó Ortiz García.

Mientras, Alvin Velázquez, quien preside el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC)  que participa de la reestructuración de la deuda pública y es consejero legal del Sindicato Internacionalde Empleados de Servicio (SEIU), sostuvo que con la timidez de los recortes en la deuda pública que implanta la JSF, “vamos que a tener que hacer esto de nuevo” quizá cinco años después de que se implanten las reestructuraciones que quiere poner en marcha el ente fiscal, “a menos que ocurra algo radical” que de un nuevo giro al proceso.


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