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Miembros de la Junta Fiscal. (GFR Media)

Compañías de seguridad, empresas tecnológicas, farmacéuticas y hasta centros de terapia a niños de educación especial figuran entre los primeros demandados por el Comité de Reclamaciones Especiales de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para recobrar de estos los pagos que el gobierno por sus servicios.

Entre los suplidores que han sido demandados figura la compañía de seguridad Alpha Guards Management Inc., Bristol-Myers Squibb, Evertec, Abacus Educational Services, Clínica de Terapias Pediátricas Inc., Arroyo-Flores Consulting Group, Caribe Glorier Inc., entre otros.

El Comité de Reclamaciones Especiales ha radicado las demandas por diversas razones como la falta de contratos que evidencien una relación contractual entre el gobierno y el contratista o pagos efectuados en el plazo previo a la petición de bancarrota cuando el gobierno ya se encontraría en estado de insolvencia.

A solo horas de que el presidente Donald Trump expresara que renominará a los actuales integrantes de la JSF, el comité ha radicado este martes una veintena de demandas contra suplidores del gobierno tanto por pagos efectuados 90 días antes de la radicación de la petición del Título III para el gobierno central como por pagos o transferencias fraudulentas que se hayan hecho hasta cuatro años antes de la radicación del pedido de bancarrota.

La avalancha de acciones de cobro contra suplidores del gobierno tiene su génesis en la autoridad que tiene la JSF, como representante del gobierno, de reclamar de los acreedores aquellos pagos que el gobierno emitió hasta 90 días antes de que el organismo federal radicara la petición de reorganización bajo el Título III de Promesa, explicó el exjuez presidente de la Corte de Quiebras de Puerto Rico, Gerardo Carlo Altieri.

Según Carlo Altieri, quien confirmó tiene clientes que ahora encaran posibles acciones legales de parte de la JSF, un deudor que se acoge a la bancarrota tiene el poder de reclamar de sus suplidores aquellos pagos que pudieron emitirse bajo distintas premisas. Pagos que se efectuaron en el plazo de 90 días previos a la radicación de la bancarrota, pagos que recibieron ciertos acreedores versus otros, lo que se interpreta como un trato preferencial o pagos que se efectuaron bajo premisas de fraude directo o implícito.

Estas acciones para recuperar (“clawback”) los pagos efectuados por el deudor (en este caso, el gobierno) pueden llevarse a cabo a la luz de varias secciones del Código de Quiebras que, a su vez, fueron incorporadas en la Ley federal Promesa, particularmente a través de la sección 301 del estatuto federal, explicó Carlo Altieri.

En el caso de la JSF, todas las demandas serán radicadas por el Comité Especial de Reclamaciones, el grupo de trabajo que se constituyó al interior del organismo federal y que surgió luego del informe sobre el endeudamiento y colapso financiero de Puerto Rico comisionado a la firma Kobre & Kim. Dicho grupo de trabajo seleccionó al bufete Brown Rudnick para radicar las causas de acción contra empresas, incluso ahora inexistentes, como la de Mejía, contra bonistas -según ha planteado la JSF en corte- y aquellas contra los banqueros de inversiones, abogados y contables que intervinieron con la deuda de la isla.

Según Carlo Altieri, existen dos plazos que no deben confundirse.

Por un lado, dijo Carlo Altieri, los procedimientos de bancarrota establecen que un deudor, o su síndico o grupos de acreedores, tienen dos años desde que la entidad se acogió a la bancarrota para demandar a terceros. Ese plazo, en el caso del gobierno central, vence el 2 de mayo próximo.

Del otro lado, explicó el exjuez, el deudor tiene derecho a indagar los pagos efectuados a sus acreedores (incluyendo suplidores y contratistas) tres meses antes de la petición de quiebra. Esto, por entender que esos pagos se emitieron cuando el deudor ya estaba insolvente. Pero el deudor también tiene derecho a hurgar en los pagos efectuados dos años antes del pedido de bancarrota si entiende que ha mediado algún tipo de fraude.

Información recopilada por El Nuevo Día apunta a que las posibles acciones de cobro que la JSF pondera contra suplidores no abarcan dos años sino hasta cuatro años, contando en retroceso desde el 2 de mayo de 2017, cuando se presentó la petición del Título III.


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