La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) le exigió a la Junta de Gobierno del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) que pague la cantidad adeudada al Estado tras la anulación de la Ley 29 (que eximía a los municipios de la aportación al plan de salud del gobierno y al retiro) utilizando estrictamente los mecanismos identificados y provistos por el ente a cargo de las finanzas de la isla.
La Junta dejó claro que el CRIM debe seguir al pie de la letra los mecanismos provistos por ellos para pagar los $198 millones que adeudan los municipios. El presidente de la Junta de Gobierno del CRIM, Javier Carrasquillo, dijo que recibió la carta de la JSF en la que se le precisó la determinación que debe ser informada al Tribunal Federal.
De esta forma termina el diálogo entre el gobierno, la JSF y los municipios -representados por el CRIM- para alcanzar un acuerdo luego de que la jueza Laura Taylor Swain determinó que la Ley 29 es nula. La jueza concedió hasta hoy a las partes para llegar a un acuerdo. Las partes, de acuerdo con la sentencia de la jueza, también podían pedir más tiempo al tribunal. Pero la JSF rechazó esa vía.
Más bien, el ente a cargo de las finanzas de la isla rechazó las propuestas sometidas por el gobierno y el CRIM, y exigió que se pusiera en vigor el plan que presentó para que proceda el pago. El portavoz de la JSF, Edward Zayas, dijo que enviaron la carta al cuerpo regente del CRIM informando la decisión y, a su vez, recibieron, una respuesta.
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“Hay un cierto grado de frustración de parte nuestra de que no hayan entendido las propuestas nuestras. No es un capricho. La situación de los municipios, y particularmente después de la emergencia, no es alentadora”, apuntó Carrasquillo.
“Responsablemente vamos a acatar las directrices del tribunal. Acataremos la determinación que venga con las consecuencias que eso pueda acarrear”, agregó.
Sin liquidez para remesas
Y es que la JSF, además, informó al CRIM que no deben proceder con el pago de las remesas de mayo, junio y julio utilizando los estimados basados en la existencia de la Ley 29. Así lo había decidido laJunta de Gobierno del CRIM que usaría para ese pago los $132 millones en transferencias del Estado a los municipios, el mismo dinero que la JSF exige sea abonado a la deuda de los $198 millones. De esta forma, los municipios solo quedarían adeudando $66 millones.
Carrasquillo advirtió que de no tener disponibles los $132 millones, no tienen dinero para pagar las remesas de mayo, junio y julio.
“Pero le voy a hacer a advertencia. Nos enfatizan que no podemos utilizar ese dinero para el pago de las remesas. Que quede claro que no tenemos la liquidez para pagar las remesas de mayo, junio y julio, si no se busca un remedio”, sentenció Carrasquillo.
Sobre cómo deben distribuirse esos $132 millones respecto a la deuda de cada municipio, Carrasquillo dijo que el cuerpo regente optó porque se le adjudique a cada ayuntamiento un 3%. Bajo esa ecuación, los $132 millones servirían para cubrir el 69% del total que deben los municipios al Estado.
El restante 31%, explicó Carrasquillo, sería pagado por los municipios usando las opciones que proveyó la JSF. Los alcaldes había propuesto usar el dinero que obtengan de la venta de la cartera de las deudas del CRIM para pagar esa deuda, pero la JSF les aclaró que deben primero usar los $17.6 millones que provienen de la Lotería, de los años fiscales 2016 y 2017, que no fueron remitidos al CRIM, y por lo tanto, se les deben a los municipios.
Después deben usar los ingresos de la liquidación anual del CRIM al final del año fiscal y luego el posible exceso de la recaudación de la Contribución Adicional Especial (CAE), que es una partida utilizada para pagar la deuda emitida por los municipios o los préstamos tomados al desaparecido Banco Gubernamental de Fomento.
Si todo ese dinero no es suficiente para pagar la deuda, entonces el CRIM podrá usar los ingresos que genere la venta del portafolio de deudas sin cobrar y, de ser necesario, una porción de las remesas que distribuirá el CRIM para el 2022.
“Debemos usar esas herramientas que proveyó la Junta, en ese orden que las dieron”, dijo Carrasquillo.
