José B. Carrión, presidente de la Junta de Supervisión Fiscal. (GFR Media)

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) advirtió este viernes que el pueblo de Puerto Rico “podría estar en riesgo” si la Legislatura no da su visto bueno al acuerdo de reestructuración (RSA, en inglés) de la deuda de la Autoridad de EnergíaEléctrica (AEE).

En una declaración escrita, el organismo fiscal con poderes sobre los oficiales electos del gobierno de la isla, reiteró que la legislación es necesaria para que la AEE pueda reorganizarse y destacó que el acuerdo con la mayor parte de los bonistas de la corporación pública es parte de un plan más amplio para que Puerto Rico acceda a energía más limpia y barata.

“La (JSF) urge a la Legislatura a aprobar legislación previa a la audiencia sobre el RSA en el tribunal. De lo contrario, la AEE y el pueblo de Puerto Rico podría estar en riesgo, un escenario que la Legislatura tienen en sus manos la oportunidad de evitar”, reza la declaración del organismo fiscal.

Las expresiones de la JSF surgen ante la negativa de los líderes legislativos de examinar un proyecto de ley que requiera aumentar la tarifa eléctrica como mecanismo para pagar a los bonistas de la corporación pública.

De acuerdo con la JSF, negociar la deuda pública de la AEE -que ronda unos $9,000 millones excluyendo el plan de pensiones- es parte de un plan de transformación de cuatro componentes: salir del proceso de bancarrota, apoyar al gobierno federal para reparar los daños causados por los desastres naturales al sistema eléctrico, transferir la red eléctrica a un operador privado y modificar la composición de generación de energía hacia fuentes más limpias y baratas.

En sus declaraciones, la JSF parece dar a entender que la aprobación legislativa sería necesaria antes de que la jueza Laura Taylor Swain -quien preside los casos de Título III de Puerto Rico- discuta en una audiencia el RSA de la AEE. Ello, de conformidad con la regla 9019 del Código de Bancarrota.

A esos efectos, esta semana, la JSF logró que Swain acogiera, por tercera vez, un pedido para posponer la discusión del pacto que serviría de preludio al plan de ajuste de la AEE.

Sin embargo, durante la audiencia, abogados de los acreedores indicaron que la aprobación de una ley en la Legislatura a favor de la reestructuración no era un elemento necesario para que la corte se analice y se exprese en torno al RSA.

En términos muy simples, el RSA prevé modificar la deuda por concepto de bonos haciendo un recorte aproximado de 30% al principal adeudado. Pero a cambio, se establece un cargo de transición que se añadiría al consumo de electricidad de los abonados y que comenzaría en unos 2.7 centavos el kilovatio hora, tan pronto se consume el acuerdo. Dicho cargo aumentaría escalonadamente hasta rondar unos 4.55 centavos el kilovatio hora. La deuda se pagaría en unos 40 años.

Empero, el cargo de transición solo cubriría el pago a los bonistas. Como resultado, la AEE tendría que imponer cargos adicionales si quiere continuar otorgando subsidios a clientes de bajos recursos o de gobierno y para pagar el plan de pensiones de sus trabajadores.

Desde mediados del año pasado, cuando se divulgó el RSA, entendidos en temas energéticos y económicos han planteado que el acuerdo hará más mal que bien a la economía de la isla. Economistas y sociólogos como Ramón Cao y Héctor Cordero Guzmán, entre otros, han señalado que el aumento en la tarifa eléctrica hará mella en negocios y sobre todo, en las familias con menos ingresos en Puerto Rico.

Si el RSA no prospera, en contraste, los bonistas tienen en corte un litigio para tomar la AEE en sindicatura y operar esta según entienda adecuado, incluyendo proceder con un aumento automático de tarifas para cobrar su acreencia. Ese es el escenario que la JSF, señala, debe evitarse.


💬Ver 0 comentarios