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Los vecinos de la comunidad Vietnam, en Guaynabo, han militado por años en contra de la expropiación de sus terrenos y residencias. (horizontal-x3)
Los vecinos de la comunidad Vietnam, en Guaynabo, han militado por años en contra de la expropiación de sus terrenos y residencias. (GFR Media)

La amplia facultad de los gobiernos municipales para expropiar, la transformación del concepto “interés público” y la experiencia histórica mantienen en alerta a líderes y organizaciones comunitarias ante la preocupación de que los fondos de recuperación post-María se utilicen para transferir inmuebles a desarrolladores privados.

Organizaciones como Ayuda Legal, en Puerto Rico, y el Instituto de Justicia, en Estados Unidos, han advertido a las comunidades en la isla sobre la necesidad de que se organicen, participen y fiscalicen el uso de los fondos del programa de Subvenciones en Bloque de Desarrollo Comunitario para la recuperación de desastres (CDBG-DR, en inglés).

Ayuda Legal Huracán María, que surgió de Ayuda Legal luego del ciclón, resumió las propuestas que han sometido los alcaldes, hasta ahora, para utilizar esos fondos, y destacó aquellos proyectos en los que se expresa o se percibe que haya desplazamientos de comunidades.

En más de una treintena de las propuestas recopiladas, se utilizan las palabras “reubicación” y “relocalización” de residentes, o sugieren que habrá desplazamientos de comunidades.

“Nadie en la isla debe perder su residencia o negocio, o ver destruir su comunidad simplemente para que el gobierno pase la propiedad a manos de otra entidad privada”, indicó Brooke Fallon, directora asistente de activismo del Instituto de Justicia.

La semana pasada, el Instituto publicó un informe en el que concluyó que Puerto Rico tiene una de las peores leyes sobre expropiación en todo Estados Unidos porque no concede las debidas protecciones a los pequeños propietarios en favor de desarrollos privados con mayor capital.

Esta semana, personal de esa organización estará en Puerto Rico para reunirse con legisladores y miembros de la comunidad.

El informe del Instituto de Justicia recomienda que, en la isla, se adopten “reformas significativas para aclarar que la expropiación forzosa solo puede utilizarse para un uso público claramente definido, y para aclarar que la existencia de un uso público debe ser determinada por un juez independiente, no por los funcionarios municipales que se beneficiarán de la misma expropiación”.

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD, en inglés) avaló recientemente el plan de acción que presentó el Departamento de la Vivienda (DV) para el uso de cerca de $1,500 millones de los fondos CDBG-DR, y la agencia local espera que, de un momento a otro la entidad federal emita la notificación oficial sobre el uso de $10,000 millones adicionales de ese programa de asistencia.

Otros $8,400 millones del total asignado por el Congreso, y que se emplearán en medidas de mitigación, tendrán una notificación posterior, que se espera para finales del año, adelantó Leticia Jover, portavoz del DV.

Cambia el “uso público”

De otra parte, según la catedrática de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico Érika Fontánez Torres, el Estado tergiversó el concepto de “uso público”, y usa el poder de expropiar para favorecer a unos pocos en contra de las necesidades sociales.

Para Fontánez Torres, la propiedad tiene una función social, y sostuvo que se trata de una doctrina que “ubica el derecho de propiedad en el marco de la sociedad y no meramente como algo intocable”.

“A esta altura, es evidente que la teoría del ‘trickle-down’, que planteaba que a través de dar estímulos y subsidios a quienes tienen mayor poder económico y riqueza, eventualmente beneficiaría a la mayoría, es un mito, es falso, y ha propiciado la pobreza y desposesión de la mayoría”, planteó la profesora de derecho.

“El problema principal es que, tanto los municipios como el gobierno central, han dejado de funcionar a partir del interés público y funcionan más como agentes de bienes raíces. El resultado de esto es que el poder de expropiación ya no responde al interés público, sino que, por el contrario, se usa para favorecer a una minoría con mucho poder económico”, añadió la abogada.

Dentro de los proyectos que algunos alcaldes sugieren hacer con los fondos CDBG-DR, están centros comerciales, hoteles, salas de cine, complejos turísticos, restauraciones de alcaldías, centros de gobiernos y plazas.

Lorel Cubano, directora de la Fundación Patrimonio de Viejo San Juan, en La Perla, señaló que líderes comunitarios organizaron recientemente una coalición, a la que llamaron Puerto Rico por el Derecho a la Vivienda Digna, para educar a las comunidades en procesos de expropiación o vulnerables a estarlo.

Como primera gestión, cabildearon en contra del Proyecto del Senado 926, presentado por el senador novoprogresista Miguel Romero para ampliar las facultades de expropiación forzosa del gobierno.

La pieza legislativa, que se encuentra ante la consideración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, concede a la Administración de Terrenos la capacidad de mediar acuerdos con municipios, otras agencias y entidades o personas privadas para desarrollos en propiedades expropiadas, y la faculta a expropiar a nombre de los municipios.

“El hecho que ahora quieran ampliar el poder para desplazar comunidades enteras es un panorama aterrador”, manifestó Cubano.

La líder comunitaria dijo que el grupo está cauteloso y alerta ante el uso que se pretenda dar a los fondos para la recuperación del huracán, y velará por que se atiendan las verdaderas necesidades de los residentes.


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