Poe, Owens y Bayless son tres de los cuatro miembros que pidieron la consulta ética. (GFR Media)

Los miembros independientes de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) le imputaron un “conflicto de interés sustantivo” al ingeniero Tomás Torres por fungir como representante de los abonados en ese organismo y, al mismo tiempo, liderar una entidad que agrupa a compañías privadas.

A esos efectos, Ralph Kreil, David Owens, Charles Bayless y Robert Poe solicitaron una opinión a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), para que determine si Torres se desempeña conforme a la ley. La petición fue hecha, el pasado 15 de julio, mediante una carta enviada a Zulma Rosario, ex directora ejecutiva de la OEG.

Al momento, la solicitud es evaluada por abogados del Área de Asesoramiento Jurídico y Litigación de la OEG, confirmó la asesora ejecutiva, Jennifer Rodríguez.

Mientras, en entrevista con este diario, Torres tildó ayer la carta de “frívola, carente de verdad y de sustancia”, y alegó que responde a su “presión pública” para lograr transparencia en la AEE.

En su misiva, a la que El Nuevo Día tuvo acceso, Kreil, Owens, Bayless y Poe cuestionan que Torres, quien integra el Comité de Asuntos de los Consumidores en la Junta de Gobierno de la AEE, presuntamente haya pedido admisión a los comités de Auditoría, Infraestructura y Contratación, “que manejan información confidencial y sensitiva”.

A esto, Torres respondió que “no participo ni he participado de ningún comité, más allá del de Asuntos de los Consumidores”, e indicó que su solicitud fue para que se le incluya en aquellos “en los que hubiera consenso”.

Por otro lado, Kreil, Owens, Bayless y Poe se expresan “sinceramente preocupados” de que Torres sea empleado -director ejecutivo- del Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica (ICSE). Según ellos, si bien el ICSE tiene muchas “metas loables” para el sector energético, representa a “un pequeño grupo de autoproclamadas grandes compañías que operan en Puerto Rico” y no a la mayoría de los abonados -residenciales- de la AEE, que son los que Torres está mayormente llamado a defender.

“Si el ingeniero Torres falla en representar las opiniones de las pocas compañías que componen el ICSE, su sueldo puede estar en juego, lo que resulta en un conflicto de intereses muy real”, manifiestan en la carta.

Torres aseveró que, tanto en Junta de Gobierno de la AEE como en el ICSE, “represento y abogo por el interés público, y esto ha sido manifestado en todas mis ponencias y declaraciones”.

Kreil, Owens, Bayless y Poe cuestionan, además, que Torres votó en contra del acuerdo de reestructuración (RSA, en inglés) entre la AEE y ciertos de sus bonistas y, al mismo tiempo, el ICSE ha sometido mociones y solicitudes “en contra de los mejores intereses” de la corporación pública en el caso de Título III bajo la ley Promesa. Atribuyen la acción del ICSE al acceso a información que Torres ha tenido en sesiones ejecutivas.

Torres reiteró que votó en contra del RSA porque, en conjunto con otros cargos, presuntamente aumentará la luz en 28%. Añadió que el RSA debe ratificarse nuevamente en la Junta de Gobierno, pues en la votación del pasado 17 de abril no se presentaron los seis anejos del documento.

Igualmente, los cuatro miembros independientes denuncian que Torres depuso ante el Congreso, en abril pasado, sin que la Junta de Gobierno de la AEE lo supiera, y “no está claro si estaba representándose a él mismo, al ICSE, a los donantes del ICSE o a los abonados”. Torres respondió que su ponencia fue pública y se centró en la solicitud de fondos federales de reconstrucción, por lo que el reclamo en su contra “no tiene fundamento”.

El ingeniero rechazó, por último, que haya violado la confidencialidad de las reuniones, y sostuvo que su inhibición en asuntos contractuales “es para evitar todo conflicto o apariencia de conflicto”.


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