María Dolores Fernós. (GFR Media)

Aunque la firma de la Ley 54 de “Violencia Doméstica” el 15 de agosto de 1989 resultó fundamental en la transformación de las mentalidades de las nuevas generaciones, el camino tres décadas más tarde sigue siendo escabroso, especialmente cuando desde el 2017, tras el paso del huracán María, los asesinatos de mujeres se han disparado.

La muerte de 23 mujeres a manos de sus parejas o exparejas en el 2018 y las 13 que han sido ejecutadas en lo que va del 2019, nueve en incidentes de violencia doméstica, dejan al descubierto una emergencia que no es el resultado de la falta de un estatuto con las garras necesarias para atender este tipo de crimen, sino de la falta de responsabilidad de los gobiernos en su implementación.

“Lo que hay que hacer es implementar, que lo cojan en serio los oficiales, los fiscales, que se establezcan comisiones como existieron con los jefes de agencia para discutir los casos y buscar dónde se había fallado”, sostuvo María Dolores Fernós, quien dirigió la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.

El país, sostuvo, ha sido testigo de las consecuencias de esa falta de implementación, como en el reciente asesinato de Arlene García a manos de su expareja, David Leroy Mathew, quien había cumplido una sentencia de solo cinco años por un incidente previo de violencia doméstica al hacer alegación de culpabilidad y lograr la reclasificación de algunos de los delitos originales.

Igualmente, se falló al no deportar al hombre al país de origen, como establecía la sentencia. “Salió sin restricción y cometió otro asesinato”, recordó Fernós.

El 15 de agosto de 1989, tras una lucha intensa en la Legislatura encabezada por la fenecida senadora Velda González, se firmó la ley considerada como una de vanguardia en la lucha contra la violencia de género y que ha servido de modelo a otros países latinoamericanos y del mundo.

“Soy testigo de la visión diferente que tienen hombres y mujeres de esa relación y las distintas estrategias que utilizan para protegerse, defender y establecer sobre todo relaciones equitativas”, señaló Fernós.

A pesar de los atributos incuestionables de la Ley 54, cada cuatrienio se radican decenas de proyectos dirigidos a enmendar el estatuto.

Bajo su administración, Ricardo Rosselló firmó cuatro proyectos de ley que enmiendan directamente la ley.

Fernós, no obstante, dijo que el enfoque debería estar en asignar más fondos a las agencias públicas para adiestrar y supervisar al personal en su implementación, así como para el desarrollo de campañas educativas y tomar acción contra aquellos que fallen en su deber.

Otro de los avances que representó entonces la aprobación de la Ley 54 fue que le dio paso a la creación de la Coordinadora Paz para la Mujer, recordó su directora ejecutiva, Vilma González.

La asignación de fondos a agencias, dijo, viene a asegurar que los servicios a las víctimas garantizados en la ley sean ofrecidos y que se les respete a la hora de recibirlos. “Seguimos confrontando problemas con la policía y los tribunales”, sostuvo González.

El área de prevención y la integración en la educación desde edades más tempranas sobre las formas adecuadas de relacionarse vendrían a reforzar los logros que se han alcanzado a través de la Ley 54 de Violencia Doméstica, pero no ha sido posible.

Para Edda López, secretaria de Asuntos de la Mujer y Género del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), uno de los escollos en la implementación de la ley 54 ha sido la falta de constancia de los gobiernos al llegar una nueva administración.

“La Ley 54 tiene que implantarse como una política pública generalizada... y como no ha habido una constancia de los diferentes gobiernos de cómo manejar el tema, esa elasticidad en la implantación ha resultado en que no se combate ni se elimina la violencia contra las mujeres”, indicó López.

La Ley 54, dijo, no solo vino a establecer el contrato de la política pública con las mujeres, sino el contrato social de que la violencia doméstica era intolerable.


💬Ver 0 comentarios