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(GFR Media)

Casi una decena de líderes comunitarios de residenciales públicos del país se desahogaron esta mañana al enumerar los problemas de infraestructura y seguridad que enfrentan con las empresas encargadas de la administración de estos complejos de vivienda.

El grupo de líderes se dio cita a una vista pública de la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado, donde su presidente, Miguel Laureano, dirige una investigación solicitada por su colega del Partido Nuevo Progresista Henry Neumann para evaluar el trabajo de las administradoras contratadas por la Administración de Vivienda Pública.

El Nuevo Día se acercó a algunos de los líderes antes de la vista y no vacilaron en enumerar sus preocupaciones.

Por ejemplo, Orlando Merced, líder comunitario del residencial Ernesto Ramos Antonini, en San Juan, dijo que le da un 70% en calificación a la privatizadora MAS Corporation, aunque recordó que estas empresas tienen que seguir los reglamentos de la Administración de Vivienda Pública (AVP).

“No siguen las especificaciones del reglamento, así que puedes tener los fondos, pero los fondos se tienen que desglosar de cierta manera, pero vas a los residenciales y hay escombros, están sin pintar, con aceras rotas, faltan un montón de cosas”, dijo a El Nuevo Día. 

“Si el reglamento dice que el dinero es para arreglar los focos del residencial, ¿por qué cuando llegas están fundidos? No es que los residentes los rompen, es que la compañía trabaja hasta las 5:00 p.m. y no ven que en la noche hay necesidad de alumbrado”.

En el caso del residencial Luis Llorens Torres, la líder comunitaria Iris Yolanda Ríos Oppenheimer le da 50% a la administradora S.P. Management, que lleva tres años en el caserío.

“Estaban las aguas usadas controladas y cuando ellos llegaron comenzaron a fluir y donde no había, ahora están saliendo. Dicen que están esperando por el dinero de la AVP, que la AVP no ha asignado los fondos”, dijo la mujer, quien denunció que los programas deportivos en el residencial más grande del país son escasos y la administradora no les da preferencia a los pequeños comerciantes de la comunidad al momento de organizar actividades.

También señaló un problema de polilla en los gabinetes y como la compañía solo repara los apartamentos vacíos que son asignados a nuevos inquilinos, dejando a un lado los apartamentos ocupados por años.

Para Lucía Santana, del residencialManuel A. Pérez, la empresa MAS Corporation se merece un 60%.

“Tenemos una escasez de áreas verdes para los niños y las que hay están mal mantenidas. Son inadecuadas”, dijo al argumentar que cuando le pide cuentas a los empleados de la compañía, contestan que esas reparaciones constituyen mejores extraordinarias, por lo que el dinero tiene que esperar.

Santana denunció que en un área del residencial se utilizó cemento con comején y que reparaciones en ciertos apartamentos tuvieron que ser revertidas por vicios de construcción.

Faustino Betancourt, residente del caserío Los Lirios, en Cupey, lleva consigo una carpeta con todas las denuncias que ha hecho contra A&M Contract, que van desde presencia de hongo en paredes, tuberías tapadas que provocan inundaciones y supuestas violaciones a la Ley ADA (Ley sobre estadounidenses con discapacidades, por sus siglas en inglés).

“No hay acceso para impedidos… y la AVP no puede decir que no tiene conocimiento (de sus denuncias)”, dijo al presentar varios documentos donde mantiene un tracto de sus gestiones. Betancourt se mueve con la ayuda de una silla de ruedas.

A&M Contract también tiene contrato con el residencial Monte Hatillo, donde su líder comunitaria Tomasa Rodríguez describió su rendimiento como “fatal”.

“No han dado el grado y yo la endose para mi comunidad”, dijo la mujer.

Por ejemplo, dijo que las áreas recreativas están “fatales” y que quieren echarle la culpa de todo al huracán María, particularmente los daños sin reparar en la cancha bajo techo.

“También hay filtraciones en apartamentos y hay gabinetes con polillas”, dijo.

En medio de un receso en la vista pública, Laureano y Neumann reaccionaron a los comentarios de los residentes.

“Vamos a traer a los administradores y queremos preguntarles directamente sobre los planteamientos que han dado las personas”, dijo Laureano. “Ellos han planteado una serie de preocupaciones y para eso es esta resolución, para ver si está cumpliendo las administradoras”.

Neumann dijo, por su parte, que las quejas de los residentes son un reflejo “constante” de lo que ve cuando visita los residenciales públicos.

“Todo es una falta de mantenimiento que se requiere a base del contrato de la privatizadora, que recibe fondos federales”, dijo.


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