Los 58 niños seleccionados para ser parte de la primera escuela charter iniciaron hace semana y media un proceso de introducción a su ambiente escolar (horizontal-x3)
Los 58 niños seleccionados para ser parte de la primera escuela charter iniciaron hace semana y media un proceso de introducción a su ambiente escolar. (André Kang)

El crecimiento del sector de las escuelas públicas charter en Estados Unidos ha sido constante por los pasados 25 años, y aunque sus resultados han sido inconsistentes a lo largo de las jurisdicciones en las que operan, el gobierno puertorriqueño aspira a que este modelo escolar ayude a transformar el sistema educativo de Puerto Rico.

Mañana comienzan formalmente las clases en la primera escuela charter que se establecerá en la isla, luego que el Departamento de Educación le diera el visto bueno al plantel que será parte del proyecto Vimenti de la organización sin fines de lucro Boys and Girls Club de Puerto Rico.

Tras años de intentos, este año se viabilizó en la isla la estructura legal que permite el establecimiento de escuelas charter, ya sea a través de la creación de nuevos centros educativos como la transformación de planteles existentes para que operen bajo este modelo administrativo. La Ley 85 de Reforma Educativa fue, en parte, retada en las cortes por dar paso a este tipo de escuelas, pero el Tribunal Supremo determinó el 9 de agosto que sí pueden establecerse en la isla.

Las escuelas charter –bautizadas como Escuelas Alianzas en la Ley 85– son planteles públicos operados por entidades privadas. La legislación local detalla que estas solo pueden ser administradas por organizaciones sin fines de lucro, municipios, universidades, instituciones educativas, grupos magisteriales o cooperativas.

Un total de 44 estados y jurisdicciones estadounidenses –entre ellas Washington D.C., Guam y Puerto Rico– permiten el establecimiento de escuelas charter. La mayoría de estos tienen leyes que permiten tanto la creación de nuevas escuelas bajo este modelo administrativo como la transformación de planteles públicos existentes a charters.

La rigurosidad del recién estrenado proceso de evaluación en manos del Departamento de Educación provocó que solo se autorizara la creación de una escuela charter para este año escolar, lo que no habría sido posible si Boys and Girls Club no hubiese estado preparándose desde antes, reconoció Eduardo Carrera, principal oficial ejecutivo de Boys and Girls Club.

Los planes originales de Boys and Girls Club era crear una escuela elemental privada que fuera gratuita para las familias de sus estudiantes, explicó Carrera la semana pasada.

Gracias a la preparación previa que se había estado haciendo... Si no hubiésemos estado trabajando esto por dos años, no habríamos podido lograr que se aprobara nuestra nuestra propuesta para crear una escuela charter”, expresó Carrera, durante un encuentro con la prensa, dos días después de que se anunciara que la primera Escuela Alianza sería administrada por esta organización sin fines de lucro.

En el camino ya hay más. El domingo pasado, el gobernador Ricardo Rosselló y la secretaria de Educación, Julia Keleher, anunciaron que la segunda escuela charter se establecerá en Guaynabo, y será administrada por la entidad Caras de las Américas. La organización sin fines de lucro solicitó un año adicional para afinar su plan para transformar la escuela pública superior Rosalina C. Martínez, proceso que se hará con participación comunitaria, indicó el director ejecutivo de Caras, Michael Fernández.

Impacto educativo

Los estudios que se han realizado en Estados Unidos sobre los resultados que producen las escuelas charter dependen de las entidades que los realicen.

El tema es polarizante, ya que algunos sectores consideran que proveen oportunidades novedosas y son una alternativa para que las familias que, de otras maneras, solo podrían optar por planteles que no promueven un aprendizaje satisfactorio en los menores. Mientras, sus detractores consideran que amenazan la educación pública, reducen los fondos disponibles para las escuelas tradicionales y dan pie a que entidades o individuos se lucren a costa del bienestar de los estudiantes.

El Center for Research on Education Outcomes (CREDO), de la Universidad de Stanford, ha estudiado los resultados de las escuelas charter por más de una década. Aunque durante años concluyó que las escuelas charter –como sector educativo– no presentaban resultados mejores ni peores que las escuelas públicas tradicionales, en un informe publicado el año pasado determinó que los estudiantes de las charters operadas por organizaciones de administración de charters (CMO, por sus siglas en inglés) obtienen mejores resultados en destrezas de lectura y matemáticas, que son equivalentes a 17 días más de aprendizaje.

Sin embargo, las controversias no se quedan atrás.

Hace dos semanas, el Tribunal Supremo del estado de Ohio determinó que The Electronic Classroom of Tomorrow (ECOT), una escuela charter virtual que cerró en enero de este año, tiene que devolver $60 millones al gobierno estatal debido a que la escuela no pudo evidenciar que el 40% de sus estudiantes había asistido a clases. De acuerdo con la determinación judicial, el estado de Ohio puede exigir que se calcule el financiamiento que recibe una institución a base de la participación de los estudiantes en clase y no solamente usando los números de menores matriculados.

En 2016, la Agencia Educativa de Texas concluyó que escuelas charter KIPP, en la ciudad de Houston, violaron las leyes al cobrar a las familias cuotas que no estaban permitidas, y que rondaban de $170 a $325 al año, de acuerdo con una investigación de The Houston Chronicle.

Asimismo, el inspector general del Departamento de Educación federal publicó un informe, en 2016, en el que establecía que la falta de controles sobre las organizaciones que administran escuelas charter representaba un riesgo latente y podría desembocar en fraude y mal uso de dinero público, aunque no hizo un señalamiento concreto.

Controles legales

El impacto de las escuelas charter en la isla aún están por verse. Al igual que el resto de las escuelas públicas, los planteles que operen bajo este modelo tendrán que medir el desempeño de sus estudiantes a través de pruebas estandarizadas. Además, deberán entregar informes constantes a Educación, particularmente con información sobre el uso de sus finanzas, según establece el Reglamento de las Escuelas Públicas Alianza aprobado en junio.

La Alianza Nacional para las Escuelas Públicas Charter ha creado una herramienta para clasificar las jurisdicciones estadounidenses que, según sus estándares, proveen los ambientes más favorables para el desarrollo de estos planteles.

De acuerdo con su sistema de clasificación, los primeros cinco estados que en 2018 tenían las mejores leyes a favor de las escuelas charter son Indiana, Colorado, Washington, Minnesota y Alabama.

La existencia de topes en la cantidad de escuelas charter que se pueden crear en una jurisdicción, que se permita que se establezcan diferentes tipos de escuelas charter, que existan más de una entidad que pueda autorizar el establecimiento de estos planteles, que haya un financiamiento adecuado para las escuelas y que se creen sistemas de monitoreo y recopilación de data comprensivos son algunos de los indicadores que mide esta organización.

En Puerto Rico, la Ley 85 establece que solo un 10% de las escuelas públicas pueden ser charter, un punto negativo, de acuerdo con la Alianza. Sin embargo, a través de la Reforma Educativa se permite que se establezcan en la isla diferentes tipos de escuelas charter, ya sean presenciales o en línea, planteles de nueva creación o transformación de escuelas tradicionales.

De acuerdo con los estimados de Educación, las escuelas charter podrían recibir $6,400 por estudiante, aunque la cifra que recibirá la primera de estas escuelas aún no se ha precisado.

El último informe de la Alianza se publicó en enero, meses antes que se aprobara la Ley 85, por lo cual Puerto Rico no es parte de su clasificación actual.

El estreno mañana de la escuela del programa Vimenti será el primer paso de un experimento, durante el cual se medirán los resultados constantemente, señaló el principal oficial ejecutivo de Boys and Girls Club.

“Los aprendizajes de este proyecto van a ser evaluados, compartidos con los medios como pieza de difusión y con los funcionarios públicos para influenciar política pública”, sostuvo Carrera.


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