Un grupo de jóvenes realizó un acto frente al Capitolio. (Teresa Canino)

Para Marielle De León, mujer trans, era imprescindible levantar su voz este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

La lucha, dijo, es por las mujeres trans, por las mujeres víctimas de violencia de género, por las mujeres que luchan desde sus comunidades, por las mujeres que defienden los derechos de sus hijos y por aquellas que no tienen un trabajo digno.

El asesinato de Alexa -ocurrido el pasado 25 de febrero- dejó al descubierto la vulnerabilidad de la comunidad trans, reconoció. Hoy, la lucha era por ella también. “Como mujer trans tengo que pasar por los problemas que pasan día a día de discriminación y de ser vista como un objeto junto con el miedo de que las personas que no conocen de perspectiva de género vengan a asumir cosas incorrectas sobre gente de la comunidad para luego atacarnos”, compartió luego de ofrecer un fuerte mensaje frente a las escalinatas de El Capitolio.

Desde el 2014, en Puerto Rico se han asesinado 316 mujeres, según estadísticas de la Policía. En lo que va del 2020 se han asesinado ocho mujeres.

Entre esas muertes violentas está la de Neulisa Luciano Ruiz, conocida como “Alexa” y el de un hombre trans que se identificaba como Yampi Méndez Arocho que fue asesinado la semana pasada en Moca. El Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE) solicitó que ambos incidentes violentos sean investigados como crímenes de odio.

“Todos los días personas femeninas, incluyendo mujeres trans somos hostigadas en la calle y espacios públicos, temiendo por nuestra seguridad…nuestras luchas son muchas, son diversas y no siempre las mismas, pero hoy estamos juntas todas las personas aquí para dejar claro que unidas nos tenemos”, señaló De León.

En esta ocasión, la marcha partió de La Fortaleza -calle símbolo de lucha en el país por el pasado año- hasta El Capitolio. La actividad le fue dedicada a las mujeres “que resisten en sus comunidades y combaten día a día la violencia del estado” y a Adolfina Villanueva, quien fue asesinada en 1980 por un agente policial durante un operativo de desahucio.

En medio de consignas arrancaron hacia la Casa de las Leyes cerca de las 11:00 a.m. Unos pasos después hicieron la primera parada frente a las escalinatas de la Catedral de San Juan, donde se ubicaron dos pañoletas gigantes, una de color verde, por un aborto libre, seguro y accesible; y una de color naranja que reclamaba la separación entre la iglesia y el estado.

Allí por un período de diez segundos de “grito de rabia”. “Un minuto de silencio piden para honrar a los muertos, pero es el silencio el que nos ha traído la muerte. Silencio al violador, silencio encubridor, silencio en la vergüenza, silencio en el terror…ningún minuto de silencio”, clamó Sumayah Soler del Colectivo Interreligioso de Mujeres de Puerto Rico.

“Hoy nuestra religión es la justicia. Hoy la unción es nuestro sudor. Hoy el templo está en la calle. Hoy el culto es la protesta”, señaló Soler.

El proyecto del Senado 950 que añade cortapisas al ya reglamentado derecho al aborto y el sustitutivo del proyecto de la Cámara 1654 que enmienda el Código Civil de Puerto Rico que actualmente se está discutiendo en la Legislatura fueron fuertemente rechazados. Se solicitó que no sean aprobados.

Diversas entidades han advertido que la propuesta del nuevo Código Civil -de ser aprobado con el lenguaje incluido- violenta derechos otorgados por los tribunales, como las correcciones a la designación de sexo en los certificados de nacimiento. Han señalado, además, que reconoce unos derechos al no nacido que impedirían que una mujer pueda realizarse un aborto, derecho reconocido mediante jurisprudencia federal del Tribunal Supremo de Estados Unidos.

“Aquí no pueden estar aprobado un Código Civil cuando están matando a las mujeres, cuando están matando a las personas de las comunidades LGBTTIQ y el gobierno no está haciendo nada”, señaló Vanessa Contreras, portavoz del colectivo.

La Coalición del 8 de marzo insistió en su reclamo de declaración de un estado de emergencia contra la violencia de género y exigió, además, la integración en las escuelas de un currículo con perspectiva de género, que se valide el derecho constitucional de separación de iglesia y estado, que se respete el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, así como la destitución de la procuradora de las Mujeres, Lersy Boria, quien, dijeron, “ha demostrado incapacidad y desconocimiento en los asuntos de las mujeres”.

“¿Hasta cuándo el silencio de Lersy? Merecemos una procuradora que fiscalice las políticas públicas del gobierno de Puerto Rico y que no sea una cómplice y un sello de goma más del estado”, señaló Angelica Acosta, portavoz.

En lugar de una declaración de emergencia, la gobernadora decretó una Alerta Nacional contra la Violencia de Género. Sin embargo, a seis meses del anuncio, aún no está definido el documento de aplicación. La gobernadora describió la Alerta Nacional como un llamado a los jefes de agencia a que implementen la política pública, la ley y los protocolos para atender la violencia doméstica. “No hay interés…por eso hemos dicho siempre que el que haya mujeres en el gobierno no quiere decir que vayan a tener posturas que defiendan las vidas de las mujeres”, señaló Contreras.

Reclamaron también un proceso de recuperación justo para las personas damnificadas de la zona sur del país a causa de los sismos, así como para quienes a dos años del huracán María aún no tienen una vivienda segura. Acosta, sostuvo, que debe ser un proceso que integre a las comunidades y sean estas las que identifiquen las necesidades y el orden de reconstrucción que les urge. “No vamos a permitir que nos sacrifiquen a nosotras que somos la mayoría del país y somos parte esencial de quienes producimos las ganancias que se generan aquí”, puntualizó Acosta.

“Hay una insistencia nuevamente en cómo nosotros debemos comportarnos y cómo decidor sobre nuestros cuerpos se hace urgente estar en la calle”, señaló Dessy Bones, quien fue a la actividad con su hija Isadora, de nueve años, a quien, dijo, le tocará seguir luchando.

“No hay garantías de los derechos, así que, si no hay garantía, ella tiene que tener claro que le va a tocar seguir marchando”, sostuvo.


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