Entre los cambios propuestos a la ley que regula la industria del cannabis medicinal figura la eliminación de la telemedicina y se detendría la expedición de nuevas licencias para dispensarios. (GFR Media)

Eliminar la telemedicina en la relación a distancia entre el paciente y el médico como mecanismo para otorgar certificaciones para el uso de cannabis medicinal podría limitar el acceso y aumentar el costo a los pacientes al requerir una visita presencial.

Así lo advirtió ayer Julián Londoño, socio de NextGen Pharma, al explicar que ese es uno de los cambios propuestos por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, al estatuto que regula la industria (Ley 42-2017).

“El paciente tendría que ir a la oficina del doctor, esperar y asumir el costo asociado a ese tiempo de espera. La telemedicina baja el costo y amplía el acceso”, señaló Londoño.

Rivera Schatz radicó el lunes el Proyecto del Senado 1317 que propone varias enmiendas a la mencionada ley, entre las que se encuentra el exigir que a la hora de expedir una certificación al paciente para el uso de cannabis medie un encuentro físico con el médico.

La medida propone, además, eliminar la licencia de médico autorizado, aumentar de nueve a 11 los miembros de la Junta Reglamentadora, establecer limitaciones publicitarias a la industria y promover el apoyo de la Corporación Pública para Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (Cossec).

Sin embargo, uno de los puntos que ha generado mayor discusión es la paralización de la expedición de nuevas licencias de dispensarios de cannabis medicinal hasta tanto el Departamento de Salud realice un estudio para determinar si el mercado está saturado.

Al momento, en Puerto Rico hay 88 dispensarios para unos 84,000 pacientes. Mientras, hay cerca de 200 licencias preaprobadas, lo que quiere decir que están en proceso para iniciar operaciones.

Londoño reconoció que el mercado está sobreocupado, pero solo en ciertas zonas del país, como sería el área metropolitana. Por eso, opinó que más que detener el otorgamiento de licencias, debería trabajarse con una relocalización.

“Tiene que haber un balance entre cuántas licencias hay y cuántos pacientes y eso lo establece la Ley 42. Que no se haya hecho nada, ya eso es otro tema” , dijo.

“Ahora mismo hay pacientes que se ven forzados a salir de su región”, expuso.

Para Goodwin Aldarondo, presidente de Legal Marihuana, sin embargo, la legislación está a destiempo, porque ya hay proliferación de dispensarios. “Si el reclutamiento de pacientes se estanca, habría un excedente”, reconoció.

El abogado señaló que actualmente se están certificando entre 7,000 y 8,000 pacientes mensuales. Dijo que aún esa proliferación no ha tenido un impacto adverso en la industria. “Áreas de San Juan, como Condado y Hato Rey están saturadas, pero hay oportunidades en Caguas y Bayamón”, expuso.

Aldarondo ve con buenos ojos la eliminación de la licencia de médico autorizado, ya que abre las puertas a otro galenos. No obstante, cuestionó un alza en el número de miembros de la Junta Reglamentadora, ya que siempre ha habido un problema de quórum.

“Más personas, más burocracia y más problemas”, dijo sobre la propuesta que permitiría que miembros del ente rector atiendan al encuentro mediante conferencia telefónica.

Referente a la integración de Cossec, ambos le dieron a la bienvenida, ya que favorecería que más cooperativas estén integradas al modelo de cannabis, lo que sido un reto para la industria.

Juan V. Carrillo, director de la Asociación de Cannabis Medicinal, describió como “un paso acertado” la integración de Cossec. Sobre los demás cambios propuestos dijo que les preocupa aquellos “que puedan encarecer o dificultar el trámite de certificación o adquisición de medicamentos a los pacientes”.

El secretario del Departamento de Salud, Rafael Rodríguez, indicó que una vez se lleve a cabo el proceso legislativo “podríamos hacer una expresión al respecto”.


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