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La secretaria del DRNA, Tania Vázquez Rivera, emitió la orden para imponer una multa contra AES Puerto Rico. (GFR Media)

Tras conocerse que la cogeneradora de energía eléctrica AES Puerto Rico, en Guayama, contaminó el agua subterránea de la zona, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y la Junta de Calidad Ambiental (JCA) emitieron, en conjunto, una multa de $160,000 contra la empresa.

Específicamente, la orden firmada por la titular de ambas dependencias, Tania Vázquez Rivera, establece que AES Puerto Rico deberá pagar $100,000 por exceder los parámetros establecidos en la emisión de tóxicos. Además, tendrá que pagar otros $60,000 por no presentar los planes de muestreo de agua y resultados analíticos de los estudios requeridos en órdenes anteriores.

De hecho, Vázquez Rivera exige, en la orden, que AES Puerto Rico establezca anualmente un itinerario de muestreo de aguas subterráneas, la entrega de informes sobre la contaminación que ha provocado la empresa y un plan de acciones correctivas.

Sin embargo, la portavoz de la empresa, Adriana Cantero resaltó, mediante comunicación escrita, que a la compañía le resulta "incongruente que el DRNA y la JCA notifique la intención de imponer multas administrativas estatales cuando se trata de una regulación federal que no las contempla".

"En todo momento, desde el 2017, como lo dispone la ley federal, AES Puerto Rico ha estado implementando y cumpliendo con la Reglamentación de Residuos de Combustión de Carbón (RCC). AES-PR, de manera consistente y responsable, ha mantenido al DRNA y a la JCA informados sobre los resultados del monitoreo de aguas subterráneas y respondiendo toda solicitud relacionada con el cumplimiento de dicho reglamento federal", sostuvo la compañía.

"Es por esto que a AES-PR le preocupa los daños que las alegaciones infundadas, divulgadas por distintos medios referente a la Intención de Multa Administrativa emitida por el DRNA y la JCA, puedan tener contra su imagen, negocios y operaciones en Puerto Rico. Cabe resaltar que el RCC no contempla la imposición de multas si algunos de los constituyentes examinados resultan tener niveles por encima de los estándares de protecciones de aguas subterráneas, que se disponen en el propio reglamento. La ley federal provee para que se desarrolle un plan de acción correctiva, de ser necesario, para atender cualquier concentración que exceda los parámetros aplicables dentro del reglamento federal", reza el escrito.

Finalmente, la empresa indicó que contestará, oportunamente, la intención de multa administrativa y que "defenderá activamente su posición contra tales alegaciones".

Reunión en la Fortaleza

La contaminación que provoca la cogeneradora AES Puerto Rico en los cuerpos de agua subterráneos será uno de los temas que discutirá hoy el grupo de trabajo del gobernador Ricardo Rosselló Nevares en el área de infraestructura, indicó el mandatario.

El primer ejecutivo indicó que es “inaceptable” que los tóxicos estén contaminando el agua a niveles superiores a los estándares de seguridad, como afirma el estudio Environmental Integrity Project, apoyado por la organización Earthjustice.

“Vimos el reporte y tenemos (una reunión del) grupo de infraestructura mañana (hoy) para poder dilucidar las acciones a tomar sobre ese particular. Obviamente, no podemos tener en Puerto Rico agua que no esté a los estándares que se merece nuestro pueblo”, dijo Rosselló Nevares durante una conferencia de prensa en Hato Rey. Allí, anunció el inicio de un proyecto tecnológico en el Departamento de Educación.

El estudio, divulgado la semana pasada, establece que la cogeneradora AES Puerto Rico es una de las 242 plantas carboneras en jurisdicciones estadounidenses que contaminan las aguas subterráneas en niveles que no son seguros para la población o el ambiente.

Específicamente, en Puerto Rico se identificaron niveles elevados de boro, litio, molibdeno, selenio y sulfato.

El litio, por ejemplo, puede ser dañino al sistema nervioso, el molibdeno puede causar diversos problemas de salud, el selenio y el boro son tóxicos y el sulfato causa deshidratación en jóvenes, explicó Abel Russ, abogado del Environmental Integrity Project, en entrevista con El Nuevo Día.

Inicialmente, cuando este diario solicitó una reacción de la empresa sobre el estudio, Cantero, hizo alusión a una comunicación pública del 4 de marzo en la que aseguran que los muestreos alertan sobre niveles de selenio, litio y molibdeno por encima de los estándares de seguridad. Se alegó que esta contaminación no está afectando el agua que consumen los puertorriqueños.

Ayer, en otra comunicación escrita, la empresa alegó que no se han identificado niveles altos de boro o algún sulfato, pese a que así lo establece el estudio del Environmental Integrity Project.

En el comunicado de prensa original, Jesús Bolinaga, director del Complejo para el Caribe de la empresa, indicó que trabajan con expertos para tomar acciones correctivas de modo que se corrija el problema de toxicidad.


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