Noel Zamot propone control sobre contratos relacionados a la recuperación

Washington - Noel Zamot, quien fue oficial de Revitalización de la Junta de Supervisión Fiscal, recomendará hoy al Congreso el nombramiento de un coordinador federal que controle los contratos relacionados con los fondos de emergencia que se entregan para mitigar los daños causados por el huracán María, ante “la falta de transparencia y efectividad” del gobierno de Puerto Rico en los procesos de hacer negocios.

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En la ponencia que entregó por escrito ante el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, Zamot no hace señalamientos en contra de nadie en específico, luego de haber denunciado en un foro para inversionistas en San Juan que el deseo de control del gobierno de Ricardo Rosselló Nevares sobre los proyectos críticos ha provocado el fracaso de las gestiones de Revitalización dentro de la JSF.

Pero, hace referencia que “hay una percepción del sector privado –justificada debido a informes generalizados– que repartir contratos a aliados políticos ha sido una manera históricamente efectiva para el gobierno territorial retener poder político y aumentar el financiamiento al partido”.

Sigue aquí las incidencias de la vista:

Zamot sostuvo que dejó su cargo en la JSF –al cual renunció el pasado 15 de febrero– ante “la imposibilidad de trabajar en un entorno en el que las dificultades para hacer negocios causan la pérdida de capital privado que los ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico merecen desesperadamente”. No obstante, hizo énfasis en que los problemas en Puerto Rico a que hace referencia son estructurales y procesales, y “anteceden el actual gobierno territorial por décadas”.

“La falta de efectividad o transparencia no es algo que la actual administración en Puerto Rico se ha inventado. Ha sido heredada de décadas de lenta degradación y mala gestión de recursos federales y locales”, agregó al indicar que en sus funciones en la JSF no buscó quitarles responsabilidades de política pública a funcionarios electos. Pero, dijo que como exmilitar y ejecutivo “no puedo ignorar situaciones en que los recursos nacionales no se usan adecuadamente”.

Como ejemplos, Zamot mencionó el bajo aprovechamiento académico y salario de los maestros, a pesar de que dice que el gobierno de Puerto Ricoinvierte $1,800 más por estudiante en educación que el promedio de los 50 estados, la alta tasa criminal en la isla y que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) “utiliza aproximadamente seis veces más empleados por megavatios generados que corporaciones públicas comparables en Estados Unidos continentales”.

Debido a sus denuncias recientes, Zamot acapara parte de la atención en torno a la audiencia de hoy del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de EE.UU. sobre la reconstrucción y privatización de la AEE.

En su ponencia, Zamot reiteró que durante su tiempo como coordinador de Revitalización, la Junta aceptó propuestas para invertir $9,100 millones en capital privado, pero solo pudieron adelantar uno, lo que representa un 0.2% de las iniciativas recibidas.

“Desafortunadamente, pudimos designar un solo proyecto de esos, un proyecto de vivienda pública de $25 millones que abordaba tanto el transporte urbano como las necesidades de vivienda emergentes tras (el huracán María)”, agregó.

En su presentación de hace unas semanas, en San Juan, Zamot indicó que hasta un inversionista presentó un proyecto para luego descubrir que personas vinculadas a la administración Rosselló Nevares compartieron su idea con terceros.

Hoy, recomendará a los miembros del Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja nombrar un “coordinador de la recuperación” que pueda estar presente “en cualquier actividad de contratación que utilice fondos federales para la recuperación”.

Para Zamot, el coordinador federal puede ser nombrado por la vía ejecutiva –como desde hace unos meses El Nuevo Día advirtió que ha considerado la administración de Donald Trump– y dijo que la creación de ese puesto ayudaría al gobierno de Puerto Rico a que las agencias federales “estén informadas y tomen los pasos para liberar los fondos” de emergencia. A su juicio, la oficina del “coordinador de la Recuperación” dejaría de funcionar una vez “el gobierno territorial tenga el proceso de contratación bajo control”.

Las recomendaciones de Zamot, aunque no son nuevas en el debate de Washington, llegan en momentos en que la desconfianza de la Casa Blanca hacia el gobierno de la isla ha cobrado dimensiones muy altas. El presidente Trump ha denunciado a las autoridades de la isla por ser “incompetentes o corruptas”, y ha aceptado que busca frenar nuevas asignaciones a la isla.

También se hacen en momentos en que el gobierno aspira a recibir por lo menos unos $17,000 millones en fondos federales para rehacer el sistema energético.

Zamot –aunque ha sido interrogado por la jefatura demócrata del Comité de Recursos Naturales en torno a sus denuncias sobre el freno a proyectos críticos de infraestructura– fue invitado a la audiencia por la minoría republicana de la comisión, que incluye a la comisionada Jenniffer González.

Aunque el gobernador Rosselló González fue invitado a declarar, no lo hará.

En el pasado, ha habido un debate sobre si debe haber una mayor intervención del gobierno federal sobre los fondos federales de emergencia, y específicamente en la AEE. Durante la pasada sesión, el republicano Rob Bishop (Utah), ahora portavoz de la minoría, ordenó estudiar la posibilidad de alguna intervención federal en el funcionamiento de la AEE.

Mientras, el ahora presidente del Comité, el demócrata Raúl Grijalva (Arizona), ha indicado que considera proponer el nombramiento de una especie de Inspector General que supervise el proceso de transformación de la AEE, que puede requerir sobre $17,000 millones en fondos federales.

La dirección de la AEE

Por su parte, el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), José Ortiz, reclamará apoyo para financiar rehacer la red de transmisión y distribución del sistema eléctrico, y para conseguir una exención parcial administrativa en las normas federales de cabotaje.

De acuerdo con su ponencia, Ortiz destacará que tienen ahora una Junta de Gobierno “independiente” y aludirá a la propuesta para convertir las unidades 5 y 6 de San Juan en instalaciones de gas natural, la intención de fortalecer la red de transmisión y distribución, establecer micorredes y tener un sistema energético que resista un huracán de categoría 4.

Indicó que han solicitado a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) $2,500 millones en fondos para fortalecer su sistema de transmisión y distribución. Hasta el 1 de abril, FEMA ha asignado a la AEE $1,880 millones, como reembolso por medidas de medidas de emergencia tomadas relacionadas con el huracán, de los cuales se le han entregado $1,340 millones, sostuvo Ortiz.

Con respecto a la solicitud hecha en diciembre al gobierno federal para una exención parcial en las normas de cabotaje que permita el transporte de gas natural desde EE.UU. en barcos no estadounidenses, Ortiz sostuvo que representaría“cientos de millones dólares en ahorros”.

La Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) y el Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), mientras, se expresarán en la audiencia en contra de la privatización de la AEE y a favor de que el tribunal de bancarrota creado por la ley Promesa imponga un Inspector General Independiente del Sector Privado (IPSIG).

La Utier ha argumentado a favor del nombramiento de un inspector general en el caso en que Assured Guaranty, National Public Finance Guarantee, Syncora Guarantee y ciertos bonistas de la AEE reclaman a la jueza Laura Taylor Swain que se levante la suspensión automática de litigios provista en la ley federal Promesa, y el nombramiento de un síndico para la corporación pública.

Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la Utier, sostuvo que abogan por un IPSIG que tenga “poderes limitados y facultades específicas”, no por un síndico que maneje las operaciones diarias de la AEE, como quieren los acreedores.

“La AEE no tiene un problema de falta de normas o regulaciones, tiene un problema de cumplimiento”, indicó Figueroa Jaramillo. El IPSIG, según la Utier, se debería encargar de detectar violaciones de ley, de las normas de la AEE, de las prácticas de nombramientos, del convenio colectivo y conducta antiética.