(Ramón “Tonito” Zayas)

WashingtonEl discurso del gobierno federal sobre la corrupción en Puerto Rico, en medio de la respuesta a dos desastres naturales, tiene el efecto de criminalizar y frenar más la asistencia de emergencia a las víctimas, advirtieron hoy a funcionarios del Congreso representantes de organizaciones sin fines de lucro y de la diáspora boricua.

Por un lado, no solo obvia la realidad de que son funcionarios federales o contratistas los que hasta ahora han sido imputados de cometer actos de corrupción con fondos destinados a la recuperación de la Isla tras el huracán María, sino que incentiva más la imposición de restricciones y el lento de desembolsos de fondos, lo que en última instancia perjudica a los damnificados, indicó Adi Martínez, analista de Política Pública para asuntos de Puerto Rico en la organización antipobreza OxFam.

Un ejemplo, sostuvo, es uno de los nuevos requisitos que ha impuesto el Departamento de la Vivienda federal (HUD) para que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las finanzas públicas de Puerto Rico – al igual que un nuevo monitor financiero federal-, apruebe los proyectos de reconstrucción que financie el programa de desarrollo comunitario para atender desastres naturales (CDBG-DR).

“Los miembros de la Junta no tienen conocimiento sobre la recuperación de desastres”, dijo Martínez.

La portavoz de OxFam en Washington sobre los asuntos de la Isla acentuó el reclamo de su grupo y otras organizaciones para que el gobierno de Estados Unidos incorpore representantes de un grupo de trabajo de la sociedad civil en los departamentos responsables de la asistencia de emergencia y reconstrucción a la Isla, para fomentar la transparencia y la rendición de cuentas en el proceso de reconstrucción de Puerto Rico después del huracán María y los terremotos de este mes.

“Los terremotos son una nueva experiencia para todos nosotros, los residentes, los que hacemos política pública y los socorristas”, dijo Martinez.

Pero, todo eso se combina con una recuperación inconclusa tras la catástrofe causada por el huracán María. Dijo que tras el terremoto conoció una familia en Peñuelas que todavía vive en una parte de su casa, con un techo temporal, que no fue asistida por FEMA debido a la falta de título de propiedad y que considera que el programa “Tú Hogar Renace”, del gobierno de Puerto Rico, la engañó.

Ahora, en medio de las denuncias de corrupción del gobierno de Trump hacia las autoridades de la Isla, el acceso a cerca de $20,500 millones en fondos CDBG-DR claves para la reconstrucción, se enfrentan a nuevas restricciones que incluyen que el gobierno de Puerto Rico demuestre que cumple con los objetivos hacia la reforma del registro de propiedades en la Isla, no utilice por lo menos $16,500 millones para nada relacionado a mejoras a la red eléctrica y eche a un lado la orden ejecutiva que requiere pagar a $15 la hora a los trabajadores de obras de reconstrucción financiadas con fondos federales.

Miguel Román, director del “Earth from Space Institute”, afirmó que tener representantes de la sociedad civil de la Isla en la mesa de discusión permitiría al gobierno de EE.UU. conocer las complicaciones de imponer requisitos inalcanzables a corto plazo en torno al registro de la propiedad en Puerto Rico o promover el acceso de la isla a subvenciones para investigaciones de respuesta rápida.

“El problema de acceso igualitario a la vivienda no es un problema puertorriqueño, es un problema global. Sin acceso igualitario a vivienda no se va a acabar la construcción de vivienda informal”, sostuvo Román.

Javier Cuebas, de la coalición Vamos4PuertoRico, sostuvo que los terremotos han sacado a la superficie la lentitud en el desembolso de fondos para la reconstrucción de la Isla y los problemas que genera en la Isla la política pública de austeridad y una impagable deuda pública.

En medio de las nuevas protestas por la negligencia del gobierno de Puerto Rico en la entrega de suministros desde un almacén de emergencias en Ponce, Cuebas dijo que la gente “toma las calles” porque está en busca de soluciones “y perciben que no los están escuchando”.

Los puertorriqueños Martínez, Román y Cuebas fueron ponentes en una sesión informativa para funcionarios del Congreso sobre la emergencia que desataron principalmente en el sur de Puerto Rico los terremotos de este mes, que causaron una muerte directa, dañaron cientos de residencias y otras estructuras, provocaron cientos de millones de dólares en daños y dejaron a miles desplazados.

Otros oradores fueron el director de la Red Sísmica de Puerto Rico, Víctor Huérfano – quien participó mediante ponencia por internet-, y el director asociado para Desastres Naturales del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), Dave Applegate; y el cofundador de Boricuas Unidos en la Diáspora, Edil Sepúlveda.

Huérfano y Applegate destacaron que Puerto Rico, a través de la Red Sísmica, ha podido medir adecuadamente los cerca de 2,000 eventos sísmicos ocurridos después del 28 de diciembre pasado, gracias al financiamiento obtenido después del huracán María.

A la sesión - organizada con el respaldo de la congresista Nydia Velázquez - asistieron representantes de varias oficinas del Congreso, incluidos asesores de la speaker Nancy Pelosi, del presidente del Comité de Medios y Arbitrios, Richard Neal, del presidente del Comité de Reglas, James McGovern, y de la comisionada Jennifer González.


💬Ver 0 comentarios