Padres, madres y encargados de una decena de escuelas realizaron esta mañana una conferencia de prensa para reclamar transparencia por parte del Departamento de Educación.

En la escuela Jesús Sánchez Erazo de Bayamón, un puente que conecta los dos edificios del plantel está desnivelado y debe ser reparado. En Corozal, la escuela superior Emilio R. Delgado fue declarada no apta para reabrir y sus estudiantes serán divididos en dos planteles cercanos que, según las inspecciones de ingenieros, pudieran ser vulnerables ante un terremoto fuerte. En Cayey, los padres y estudiantes de la escuela superior Benjamin Harrison no tienen idea si la estructura es segura ni cómo los alumnos terminarán el semestre ante la falta de información oficial del Departamento de Educación.

Las preocupaciones abundan entre padres, madres y encargados de estudiantes de escuelas públicas, a más de un mes de terremoto de magnitud 6.4 que se reportó el 7 de enero, quienes desconfían de la seguridad de las estructuras en las que sus hijos pasarían buena parte del día.

“Un grupo de padres hemos decidido no llevar a nuestros hijos a la escuela aunque sean aptas porque no ha habido transparencia de parte del Departamento de Educación”, manifestó Nicole Teresa Ramos, cuyo hijo estudia en la escuela elemental Eleanor Roosevelt en San Juan.

De acuerdo con Ramos, su hijo estudia en el segundo nivel del plantel y no se le ha presentado a los padres un plan de emergencia que detalle cómo los alumnos desalojarían el lugar de forma segura.

Adneris Rivera sostuvo que la falta de información llega a tal nivel que el documento que certifica que la escuela de sus hijos, la Segunda Unidad Pedro Fernández de Naranjito, está apta para abrir está en blanco. La única marca que contiene la hoja es para informar que la escuela puede abrir. A raíz de eso, narró que un grupo de padres recorrieron los salones e identificaron grietas en paredes y el suelo de varias áreas, pero la administración escolar no ha tomado en serio sus preocupaciones.

El Departamento de Educación ha autorizado la apertura de 440 escuelas públicas que fueron inspeccionadas por ingenieros y clasificadas como aptas para recibir estudiantes De estas, se prevé que 109 reciban a sus estudiantes a partir del martes.

Padres, madres y encargados de una decena de escuelas realizaron esta mañana una conferencia de prensa para reclamar transparencia por parte del Departamento de Educación, pues son pocas las respuestas que reciben tanto sobre las escuelas que permanecen cerradas como las que ya comenzaron las clases.

Mariangely Serrano denunció que hay escuelas que han sido declaradas aptas que no deberían estar abiertas, pues los informes preparados por los ingenieros detallan problemas que deben ser corregidos para que las estructuras sean resistentes a terremotos futuros. La escuela intermedia Jesús Sánchez Erazo tiene columnas de acero que deben ser reparadas porque están corroídas, y también se deben reparar juntas de construcción en el puente que ubica en la entrada principal, enumeró Serrano.

“Nadie nos da cara, nadie nos dice nada. Deberían hacer las reparaciones que se necesitan para que las escuelas sean seguras”, sostuvo Félix Cotto, quien también tiene hijos en la Sánchez Erazo.

Educación ha reconocido que las inspecciones que realizan los ingenieros van dirigidas a identificar daños ocasionados por la secuencia sísmica que comenzó el pasado 28 de diciembre, no para determinar si los planteles son sismorresistentes.

Ayer, el secretario de Educación, Eligio Hernández Pérez, y el ingeniero Carlos Pesquera, quien dirige el Comité Interagencial para la Inspección de Escuelas, ofrecieron detalles sobre la reubicación de 55 escuelas en los seis municipios en la zona sur más afectados por los terremotos, dado que una cantidad significativa de planteles no puede ser utilizado.

No obstante, el gobierno no ha brindado detalles de qué ocurrirá con las escuelas que tienen daños menores y que han sido clasificadas como “parcialmente aptas” para reabrir. La semana pasada, Hernández Pérez estimó que el 25% de las 857 escuelas públicas no podrán abrir este semestre.

“La agencia no ofrece, de una vez y por todas, un plan de mitigación para arreglar las escuelas”, expuso, por su parte, Luzaina Peña Rosado, desde la sede de la Federación de Maestros.

Educación defiende las inspecciones

En declaraciones escritas, el Departamento de Educación reiteró esta tarde que las inspecciones de las escuelas están en manos de ingenieros licenciados y todas las evaluaciones son analizadas por el comité que dirige Pesquera. En cuanto a las debilidades identificadas en una cantidad no precisada de escuelas, se informó que el Colegio de Ingenieros y Agrimensores trabaja junto al Comité Interagencial para reforzar las áreas con problemas de construcción, como la llamada columna corta.

“Estos esfuerzos se van a llevar a cabo al mismo tiempo que, paulatinamente, están dando inicio las clases tomando en cuenta la particularidad de cada plantel”, indicó Educación.

Asimismo, la agencia destacó que la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) se encargará de identificar y manejar las reparaciones en 150 escuelas catalogadas como parcialmente aptas.

“Los trabajos se harán en horarios especiales que no afecten el tiempo lectivo de los estudiantes”, lee la comunicación escrita de Educación.

En cuanto a los planes de desalojo de las escuelas, Educación sostuvo que estos son mandatorios y que los directores escolares han sido orientados sobre cómo diseñar los planes y realizar simulacros periódicos.


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