El exgobernador Ricardo Rosselló y, al fondo, Elías Sánchez Sifonte. (GFR Media)

El Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) descartó más de siete delitos recomendados por el Departamento de Justicia en su investigación preliminar contra el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, exfuncionarios y contratistas que integraban el chat de Telegram.

En la resolución emitida ayer, miércoles, el Panel asignó un Fiscal Especial Independiente (FEI) para investigar el potencial incumplimiento del deber y negligencia en el cumplimiento del deber de Rosselló Nevares, así como de su asesor legal, Alfonso Orona Amilivia; su secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario Cortés; y su asesor económico y exdirector de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) Christian Sobrino Vega. Este último será investigado también por emitir una supuesta amenaza contra la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto.

Sin embargo, el panel, compuesto por Nydia Cotto Vives, Rubén Vélez Torres e Ygrí Rivera Sánchez, descartó asignar la investigación de otros delitos mencionados por Justicia, por entender que carecían de prueba sustentada mediante declaraciones juradas, lo que es un requisito de ley.

Además de incumplimiento en el deber y negligencia, Justicia evaluó meritorio investigar a Rosselló Nevares, Rosario Cortés, Sobrino Vega y Orona Amilivia por resistencia u obstrucción a la autoridad pública, aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos, encubrimiento y destrucción de pruebas.

En el caso de Rosselló Nevares y Rosario Cortés, la agencia recomendó que también fueran investigados por posibles discriminaciones ilegales. Este delito se refiere a toda persona que, por causa de ideología política u otras, niegue acceso, servicio o igual tratamiento en los sitios y negocios públicos.

Además, se encontró sospecha para referir a Rosario Cortés por malversar fondos públicos, según las notas a pie de página de la resolución del PFEI.

Sin embargo, el Panel descartó incluir en su investigación estos cinco posibles delitos contra Rosselló Nevares, así como seis posibles infracciones de Rosario Cortés, y cuatro, de Orona Amilivia y Sobrino Vega.

La resolución firmada por Cotto Vives y Vélez Torres justificó esta decisión en la Ley del FEI, la que establece que el secretario de Justicia solo conducirá una investigación preliminar si hay declaración jurada de la cual se desprenda la posible comisión de delitos y que estos le consten de propio y personal conocimiento al querellante.

“El Departamento de Justicia indica que entrevistaron más de 14 testigos, pero lo cierto es que juramentaron el testimonio de solo 5 de ellos, los cuales no aportaron información contra todos los participantes del ‘chat’”, menciona el panel en una nota a pie de página.

En el caso del publicista Edwin Miranda Reyes, Justicia recomendó también asignar un FEI para evaluar el delito de fraude, una acción que tampoco acogió el PFEI.

El panel asignó un FEI para Miranda Reyes y el cabildero Elías Sánchez Sifonte con el propósito de investigar los delitos de aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios, intervención indebida en las operaciones gubernamentales e influencia indebida. Miranda Reyes será investigado también por supuesta falsedad ideológica, lo cual supone declaraciones falsas en un documento público o uno privado cuyo efecto sea en perjuicio de otra persona.

“Lo recomendado (en cuanto a los delitos) no es compatible con la prueba que el Departamento de Justicia acompañó como parte de su trabajo”, expuso el PFEI en la resolución.

Justicia pretendía, además, que se investigaran a todos los miembros del chat por las innumerables referencias a asuntos político partidistas efectuados en La Fortaleza en horas laborables, algo que el PFEI también descartó por el momento.

El Panel especificó, no obstante, que “no habrá impedimento para ampliar la investigación (posteriormente) si los FEI obtienen prueba mediante la cual puedan presentar un caso ante el Tribunal de Primera Instancia”.

La posible ampliación no aplica a la exsecretaria de Prensa Yennifer Álvarez Jaime, la exdirectora de la Oficina Central de Comunicaciones, Rossy Santiago Velázquez y el exdirector de la Autoridad de Puertos Anthony Maceira Zayas, a quienes les archivaron la querella.


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