El representante Joel Franqui. (GFR Media)

Horas después de defender el proyecto, el representante por el Partido Nuevo Progresista (PNP) Joel Franqui alegó que había solicitado que se detuviera la evaluación la medida de su autoría que le reconocería autoridad al Estado para intervenir con menores en manifestaciones públicas si se entiende que su seguridad se ve amenazada.

Franqui sostuvo en declaraciones escritas esta noche que personal de su oficina le notificó a la Comisión de Bienestar Social y Turismo, que preside su correligionario Néstor Alonso Vega, que detuviera la evaluación del proyecto porque se habían recibido ponencias en contra.  Franqui no reveló ese dato a este diario en la mañana.

"Nos sorprendió que le hicieran vistas públicas a pesar de esas conversaciones, pero formalmente le estaremos cursando una comunicación a la comisión del representante informando que retiraremos la medida inmediatamente", dijo Franqui en declaraciones escritas.

El Proyecto de la Cámara 1579 abre las puertas a la intervención del Estado sí esa amenaza  ala seguridad que se plantea es provocada por “un acto u omisión intencional” del padre, la madre o la persona a cargo del menor. Franqui radicó la medida el 3 de mayo de 2018, dos días después de que se suscitaran manifestaciones en el área de Hato Rey durante la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores.

La pieza legislativa se discutiría mañana en una vista pública de la Comisión de Turismo y Bienestar Social. Están citados el Departamento de la Familia, la Policía y el Colegio de Abogados y Abogadas.

Mientras, Franqui insistió en que el Estado tiene la responsabilidad de proteger la seguridad de los menores, el abogado y activista de los derechos humanos, Osvaldo Burgos, tronó contra el texto de la medida, al tildarla de innecesaria.

“Es un intento de reprimir la protesta social.  Es innecesario porque existen leyes protectoras de menores que pueden ser utilizadas en aquellos casos donde se entienda que un adulto está atentando contra la integridad física o emocional de un menor.  Es peligrosa pues tiene el potencial riesgo de ser utilizada para inhibir la participación de padres y madres en protestas sociales”, dijo Burgos a El Nuevo Día.

“Es curioso que quienes promueven este tipo de proyectos son los mismos que se oponen a que el Estado inicie una educación con perspectiva de género alegando que eso les toca a los padres o madres.  ¿Acaso no les toca a los padres o madres decidir cuándo llevana un niño a una manifestación?”, cuestionó Burgos.

“Este proyecto atenta contra la libertad de expresión y asociación tanto de los padres como de los menores”, finalizó.

La pieza legislativa no es clara en cuanto a las circunstancias específicas en que la Policía o el Departamento de la Familia intervendría con un menor y tampoco se detalla qué ocurriría con el menor de edad al pasar su custodia a menos del Estado. Tampoco detalla si se pudieran radicar cargos criminales contra los padres o tutores.

“Cuando vemos las marchas que se han dado en el paso en Puerto Rico, se crean confrontaciones entre los mismos manifestantes o con la Policía. Hay menores que pueden sufrir de los gases lacrimógenos o que reciban una pedrada o un golpe con un palo… imagínate las manifestantes frente a La Fortaleza y tener niños en ese tipo de manifestación. ¿Qué seguridad tiene ese menor?, cuestionó Franqui temprano hoy en entrevista con El Nuevo Día.

Franqui insistió en que el proyecto no está “escrito en piedra” y que lo que busca es establecer una edad adecuada en que los menores pueden participar de eventos multitudinarios. A preguntas, rechazó que la medida busque impedir que los ciudadanos se expresen libremente al limitar la presencia de menores en eventos.

“No. Como ciudadanos, como padres y madres tenemos que salvaguardar la seguridad de nuestros hijos no importa qué. Si sabemos que en una manifestación puede haber una provocación y mi hijo podría estar en peligro, tengo que evitar que mi hijo vaya a ese tipo de manifestación”, afirmó sin atender el escenario en que un padre, una madre o un menor lleve a un menor a un evento donde no existe expectativa alguna de que se suscite un evento violento.

Cuestionado sobre dónde queda la potestad de un adulto de querer que las futuras generaciones creen conciencia social y conozcan sus derechos, Franqui respondió que la medida puede sufrir enmiendas.

“Quiero determinar qué edad es prudente para ir a estas manifestaciones y es parte del diálogo que se dará en la vista pública”, insistió.

¿La medida no coarta el derecho de la libertad de expresión?, se le preguntó.

“Entiendo que no. Lo más importante es que el gobierno tiene que salvaguardar la seguridad de todo el mundo, pero especialmente nuestros niños y jóvenes”, respondió.


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