La gobernadora Wanda Vázquez se reunió ayer con el secretario del Tesoro federal, Steve Mnuchin. (Suministrada)

Washington - El Departamento del Tesoro solicitó ayer al gobierno de Puerto Rico un plan que permita iniciar la eliminación progresiva del crédito federal al arbitrio sobre las ventas que impuso la Ley 154 de 2010 a las corporaciones foráneas en la isla, que representa poco más de una quinta parte de sus recaudos.

La petición tuvo lugar durante el primer encuentro de la gobernadora Wanda Vázquez Garced con el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, y reafirma el interés del gobierno de Donald Trump en tratar de acabar con un decreto que fue adoptado de forma temporal.

Como parte de un acuerdo con el gobierno de Puerto Rico y las foráneas, el Servicio de Rentas Internas (IRS) ha acreditado el 100% del arbitrio de 4% que pagan las matrices de las Corporaciones de Control Foráneo (Cfc) por las ventas de sus subsidiarias. El arbitrio le deja al gobierno de Puerto Rico cerca de $1,800 millones.

En declaraciones en julio de 2018 a El Nuevo Día, durante una visita a San Juan, el secretario Mnuchin advirtió entonces que el futuro del crédito federal por el arbitrio a las Corporaciones de Control Foráneo (Cfc) era parte de “discusiones en curso” y que la intención ha sido que no fuera permanente.

Expertos dicen que bajo la reforma contributiva federal el arbitrio que establece la Ley 154 pudiera ser deducible en un 80% si el gobierno de Puerto Rico lo convierte en un “impuesto sobre ingresos”.

Mnuchin revive su interés en terminar con el crédito de la Ley 154 justo cuando la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) se apresta a presentar el plan de ajuste del gobierno central y el sector industrial -como todo el país-, le teme al impacto de la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energia Eléctrica (AEE) en las tarifas de electricidad.

“El éxito en la ejecución del plan fiscal depende, en parte, de la ejecución de los planes de reconstrucción, maximización de los fondos de Medicaid y estabilidad en cuanto al recaudo de ingresos al Fondo General, (del cual) una parte sustancial proviene del arbitrio establecido en la Ley 154”, indicó el secretario de Hacienda, Francisco Parés, al pedírsele una reacción sobre la solicitud que hiciera el secretario del Tesoro.

En la reunión de ayer de Vázquez Garced con el secretario del Tesoro, estuvieron Parés, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero, y el representante del gobierno ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Elí Díaz Atienza, entre otros.

La gobernadora está en Washington hasta el viernes, con el propósito de atender el problema de credibilidad que ha tenido el gobierno de Puerto Rico Washington -el cual agravó el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares- y presionar a favor de los desembolsos de fondos para la recuperación de la isla.

En un comunicado, la gobernadora sostuvo que con Mnuchin trató las tasas de contribución sobre ingresos y el programa de zonas de oportunidades. “Fue un día fructífero”, indicó Vázquez Garced, al resumir la jornada de ayer.

La comisionada González sostuvo que, en su caso, aprovechó la reunión en el Tesoro para promover la legislación que está pendiente en la Cámara de Representantes que permitiría, por medio de subsidios federales, potenciar créditos locales por ingresos devengados y niños dependientes, cuyos beneficios se calculan en unos $1,200 millones anuales. También, solicitó una extensión del crédito contributivo otorgado a patronos en Puerto Rico por concepto de retención de empleados luego del paso de los huracanes Irma y María, que expiró en junio y ha representado más de $420 millones.

Vázquez, González y buena parte del grupo tuvieron también reuniones con directivos de la Casa Blanca y la Oficina de Presupuesto y Gerencia (OMB) sobre el futuro de las próximas asignaciones de Medicaid a la isla.

Aunque no hablaron del monto de una futura asignación, en momentos en que un comité de la Cámara de Representantes propone otorgar a la isla $12,000 millones en fondos de Medicaid para los próximos cuatro años, la comisionada indicó que la gobernadora “fue muy efectiva en hablar de las medidas de transparencia y en contra de la corrupción”.

Demócratas y republicanos exigen restricciones y auditorías sobre el uso de los fondos de Medicaid, particularmente después de los arrestos por corrupción que involucraron a la ex jefa de la Administración de Seguros de Salud (ASES) Ángela Ávila.

Al igual que con el secretario de Vivienda federal (HUD), Ben Carson, las conversaciones en la Casa Blanca –que incluyeron al director interino de OMB, Russ Vought, al director de la Oficina de Asuntos Intergubernamentales, Douglas Hoelscher, y al asesor de Seguridad Interna (Homeland Security), Peter Brown- también se centraron en abogar por que se publiquen las guías de los fondos de mitigación del programa de desarrollo comunitario para atender desastres (CDBG-DR), que alcanzan los $8,285 millones.

La comisionada González indicó que vio también un cambio de actitud en el secretario Carson, aunque HUD ha cuestionado consecuentemente si Puerto Rico puede utilizar con suficiente rapidez los fondos que solicita. HUD publicó anoche las guías para los $774 millones que le dará a las Islas Vírgenes estadounidenses.

Los $8,285 millones en fondos de mitigación son parte del total de $20,300 millones que el gobierno federal le ha asignado a la isla para mitigar el desastre causado por el huracán María a través del programa CDBG-DR. De esos, $20,300 millones HUD solo ha hecho disponibles unos $1,500 millones, de los cuales solo una ínfima parte han sido utilizados.

El secretario de Vivienda de Puerto Rico, Fernando Gil Enseñat, estuvo en la reunión.

“Como parte de nuestro compromiso continuo de ayudar a los ciudadanos de Puerto Rico, los líderes federales continuarán reuniéndose con los líderes de Puerto Rico, incluido la nueva gobernadora, la comisionado residente y otros líderes para garantizar que los dólares de los contribuyentes se usen sabiamente para reconstruir un Puerto Rico más resistente”, indicó Judd Deere, portavoz de la Casa Blanca.

Los presidentes del Senado, Thomas Rivera Schatz, y de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, se reunieron también con Hoelscher, el lunes, en la Casa Blanca. Según fuentes, en aquella reunión, Hoelscher aludió a los casos previos de corrupción que involucran a funcionarios de la isla.

Ayer, sin embargo, las denuncias de corrupción de la fiscalía federal fueron contra funcionarias de FEMA y la empresa estadounidense de energía Cobra Acquisitions.

De hecho, Vázquez Garced, su equipo y la comisionada González tuvieron otra reunión con el secretario adjunto de Energía para la Oficina de Electricidad, Bruce Walker, en la que hablaron del plan para rehacer el sistema eléctrico de Puerto Rico, con el cual ha trabajado el funcionario federal.

Con Walker, la discusión incluyó el trámite relacionado con los $1,932 millones en fondos CDBG-DR que están separados para mejorar el sistema eléctrico de Puerto Rico. En el pasado, HUD ha dado a entender que ese dinero, que se sumaría a los que otorgue FEMA bajo el programa de reconstrucción de la sección 428, puede ser la última entrega de los fondos CDBG-DR.

Joanisabel González colaboró con este reportaje.


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