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El gobernador Ricardo Rosselló presentó hoy el plan fiscal renovado. (GFR Media) (horizontal-x3)
El gobernador Ricardo Rosselló presentó hoy el plan fiscal renovado. (GFR Media)

Aunque es de esperarse que tras un huracán de la magnitud de María lleguen al país miles de millones de dólares, descansar sobre esa inyección a la economía y en reformas estructurales sin pagar un centavo de la deuda, no es el camino para lograr que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) apruebe un nuevo plan fiscal, opinaron hoy jueves políticos y economistas entrevistados por este diario.  

“Yo creo que no se lo van a aprobar”, apuntó la economista y planificadora Martha Quiñones.

El problema es que no contempla pago a la deuda. Eso no sé si ellos (el gobierno) está pensando que el tribunal (federal) va a establecer una moratoria para pagar y que el dinero del pago al servicio a la deuda se va a utilizar para el cuadre del presupuesto”, aseveró.

El plan fiscal revisado presentado hoy a la JSF descansa sobre los $57,200 que recibirá la economía producto de fondos de Asistencia por Desastres de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias ($35,300) y de lo que pagarán las aseguradoras en reclamaciones ($21,900).

A juicio de Quiñones, eso no beneficia a toda la ciudadanía.

“Quienes se van a beneficiar son los constructores y los que trabajan en las compañías, no necesariamente la gente que está sin vivienda”, dijo la economista y planificadora.

Además, dijo que las reducciones en fondos para los municipios y para la Universidad de Puerto Rico son paulatinas y no de golpe como se proyectaron en el primer plan fiscal aprobado por la JSF. Esto sumado a que la inyección de dinero a la economía depende de factores externos, es decir, fondos federales, son dos elementos que en el pasado ya ha rechazado la JSF, apuntó Quiñones.

“La confianza de recibir esos seguros de afuera -tanto de lo seguros como de FEMA- no es alentador”, agregó Quiñones.

El también economista, Antonio Fernós, cuestionó la tasa de crecimiento que presenta el plan fiscal. En el 2018 se sitúa en -11.2% y en el año fiscal 2019, es decir, solo en meses, alcanza el 7.6% y continúa en márgenes positivos hasta el 2022 (1.5%)

“Creo que las tasas de crecimiento son muy optimistas y tienden a la sobreestimación del valor de la producción”, expresó Fernós.

“Eso es imposible porque eso equivale a una tasa de crecimiento económico de doble dígito”, abundó.  

“No hace sentido que haya un aumento en inflación tan grande en el primer año y después se quede más o menos donde estaba. Además que el producto bruto no se ajusta utilizando el índice de precios al consumidor hay un error metodológicamente grave y definitivamente muestra que el gobernador está mal asesorado en materia de economía”, apuntó. “El grado de ingenuidad que hay en estas premisas es una cosa que sorprende”.  

Además, cuestionó las cifras sobre la baja en poblacional sobre todo cuando gente que abandonó el país ya ha comenzado a regresar. Para el 2018, según el plan fiscal, hay un decrecimiento poblacional de -7.7% y para en el 2019 se reduce a -2%. El negativo en población se mantiene hasta el 2022 cuando se sitúa en -2.9%.

“Yo entiendo que para el año 2019 debe subir. No crea que sea negativo. Debe ser positivo”, afirmó Fernós.

Por su parte, el portavoz de la minoría popular Eduardo Bhatia, dijo que le “sorprendería” que el ente encargado de las finanzas de Puerto Rico apruebe el plan fiscal.

“Porque está lleno de lagunas y de datos que omite y lo otro es que depende exclusivamente de una teoría de asignaciones extraordinaria de fondos que no es otra cosa que una aspiración porque ya sabemos la relación tan horrible de desconfianza que ha desarrollado el gobernador -su administración- con el Congreso. Los números que tienen se basan en unos supuestos que son muy frágiles en este momento”, afirmó el senador.

Sostuvo que la “estrategia” del gobierno es obvia: “que sean ellos (la JSF) los malos de la película”.  

El gobierno continuará con un déficit acumulado de $2,000 a $3,000 millones pese a las medidas implantadas y la reforma estructural.

“Es un plan basado en un presupuesto no balanceado, en fondos que no son recurrentes. Habla de una reforma contributiva, sin embargo, no establece lo que se conoce como el safety net (con qué se sustituye la pérdida de esos ingresos)”, cuestionó el presidente del Partido Popular Democrático, Héctor Ferrer.  

El plan fiscal tampoco establece una partida para el pago de la deuda. Tanto el gobernador Ricardo Rosselló como su representante ante la JSF, Christian Sobrino, plantean que este es un asunto que queda en manos del tribunal federal bajo el Título III de la ley federal Promesa.

“Ahí tienes un problema. Para eso se hizo Promesa”, dijo el economista Gustavo Vélez.

“Eso no es positivo porque el país va a necesitar acceso a los mercados de capital. No toda la recuperación va a venir de ayuda federal. Esas van a entrar y se van a  acabar como los fondos ARRA. Envía un mal mensaje a los mercados de capital y el país necesita volver a los mercados”, agregó.  

Vaticinó que, bajo esos postulados, los acreedores impugnarán el plan fiscal.

Mientras que el profesor deAdministración Pública, Mario Negrón Portillo, se preguntó “¿pero y si la jueza (Laura Swain) dice que a esa gente (bonistas) hay que pagarle mil millones todos los años; de dónde va a salir el dinero. Lo otro es que esto se ha montado sobre la teoría del maná federal que aquí van a llegar millones de dólares federales. ¿Y si no sucede?”.  

“Hay tres cosas que tiene que hacer el plan fiscal: aumentar el recaudo, reducir el gasto y reestructurar la deuda. Ninguna de esas tres está ahí”, sostuvo Bhatia.

Por su parte, el senador independentista Juan Dalmau, dijo que “el panorama es tétrico” a base de lo que indica el plan fiscal propuesto.

No solo no hay pago a la deuda, sino que se espera una baja en población estudiantil de un 16% hasta el 2022 y que 300,000 personas se vayan del país en esos cinco.

“Estamos camino a la posibilidad de otra década perdida. Eso significa que, a base de los lineamientos anunciados por el gobernador, tendremos un país dramáticamente más empobrecido, con menor capacidad de competitiva económica por las limitaciones estructurales y con una reducción a los servicios de salud, seguridad y educación asistencia social”, aseveró.

“Es decir, estamos ante un cuadro desolador y no veo en el plan presentado por el gobernador referencia a amenazas que quedan pendiente como la reducción de la jornada parcial laboral que va a representar una reducción salarial para miles de empleados del sector público”, abundó.

De hecho, la economista y planificadora Quiñones se preguntó cuáles serán los cambios estructurales que se harán a agencias que prestan servicios esenciales como Salud, Educación y Corrección.

“Sería importante saber cuál es el cambio que se va a hacer. Si se va a entrar en el mismo modelo de privatización de cárceles”, declaró.

Asimismo, todos los entrevistados cuestionaron cómo restituirá el gobierno el dinero que dejará de devengar al reducir impuestos como parte de la reforma contributiva. Rosselló propone reducir el IVU de 11.5% a 7% en las comidas procesadas y bajar el B2B de 4% a 2%. Además, se pierden $1,700 millones en recaudos de la Ley 154.

“La reducción poblacional significa -por definición- una reducción de consumo dramática. ¿Cómo sustituye de nuevo esos recaudos?”, cuestionó Dalmau.  


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