Para el economista Daniel Santamaría Ots, lo peor es que el acuerdo de Cofina ahora sirve como referente para el resto de los acuerdos entre el gobierno y sus acreedores. (Xavier J. Araújo Berríos)

La organización Espacios Abiertos resaltó hoy que la reestructuración de la deuda de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) está lejos de alcanzar los ahorros en el gasto gubernamental prometidos hace un año, cuando entró en vigor este entendimiento con los acreedores.

El temor de la organización es que esta situación se repita con la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que actualmente está bajo discusión en la corte de la jueza Laura Taylor Swain, que preside sobre los procesos de bancarrota del gobierno boricua.

Según el economista Daniel Santamaría Ots, analista senior de Espacios Abiertos, la reestructuración de Cofina ocurrió en momentos en que el plan fiscal vigente (el quinto de los aprobados por la Junta de Supervisión Fiscal) sobreestimaba los beneficios económicos de las reformas y la reconstrucción de Puerto Rico y subestimaba el impacto de las políticas de austeridad en la economía.

Ilustró, por ejemplo, que el análisis del organismo, que por disposición congresional controla las finanzas del país, contempla que cada dólar que deja de gastar el gobierno con las políticas de austeridad provoca un deterioro económico en la economía de $1.34 centavos. Análisis independientes estiman que este efecto multiplicador inverso puede, en realidad, rondar los $3.

Como consecuencia, las expectativas económicas alrededor del canje no se concretaron y el repago de esta deuda no es sostenible, sostuvo el economista.

Argumentó, en cambio, que el gobierno está sobrepagando por estos bonos que llegaron a cotizar cerca del 20% de su valor inicial en Wall Street y que, con la reestructuración, el gobierno terminó honrando, en el peor de los casos, cerca del 50% de su valor original.

Si elpago de la deuda no es sostenible, no vas a tener el dinero necesario para invertir en las políticas públicas que generarían la economía y los ingresos para poder hacer esos mismos los pagos... Esto ha sido bien terrible para Puerto Rico y beneficioso para algunos fondos de cobertura”, sostuvo Santamaría Ots en una mesa redonda con la prensa.

Para el economista, lo peor es que el acuerdo de Cofina ahora sirve como referente para el resto de los acuerdos entre el gobierno y sus acreedores. “Ahora la discusión no es si es sostenible porque los bonistas lo que quieren es que se le dé algo similar a lo que tuvo el hermanito mayor (Cofina)”, añadió.

Actualmente, la JSF y el gobierno de Puerto Rico mantiene conversaciones con los acreedores de la AEE con la intención de alcanzar una reestructuración que ha sido ampliamente criticada porque implica un alza en la tarifa eléctrica, lo que tiene el potencial de afectar aún más la vapuleada economía puertorriqueña.

La insostenibilidad

El economista explicó que, tras la firma del acuerdo de Cofina, las proyecciones socioeconómicas que justificaban los pormenores del acuerdo se han ido desplomando.

Por ejemplo, para finales del 2018 la JSF estimaba que la población puertorriqueña al cabo de cinco años (2023) rondaría los 2,992,000. Una revisión hecha en mayo anticipaba una reducción más intensa, con 89,000 personas menos que lo inicialmente previsto. Eso es como si de un estimado a otro hubiesen desaparecido las poblaciones completas de Hatillo y Humacao.

Del mismo modo, la última revisión del plan fiscal en mayo de 2019 contempla $8,000 millones en ahorros menos que lo anticipado en la versión anterior del documento y una disminución en recaudos de unos $45 millones. Lo mismo ocurrió con los estimados de crecimiento económico que bajaron casi cuatro puntos porcentuales en la última revisión del documento fiscal.

El economista indicó que los análisis de sostenibilidad que se han hecho sin la intervención de la JSF apuntan a que la deuda puertorriqueña se tenía que recortar entre un 80% y 90%.

“Aquí (en el manejo de la deuda pública) puedes tener dos irresponsabilidades. Una es decir que no va a pagar nada de la deuda y la otra es que se acuerde pagar más de lo que se puede”, sostuvo.


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