Una de las medidas obliga a todo personal de compras del gobierno a tomar cursos de educación continua. (GFR Media)

Los miembros de la mayoría legislativa radicaron ayer, viernes, tres medidas que supuestamente atienden las irregularidades identificadas por la investigación de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes sobre la compra de pruebas para detectar el COVID-19.

Las piezas legislativas son presentadas el mismo día que dicho comité publicó un informe parcial sobre la pesquisa, que incluye referidos contra varios funcionarios.

El Proyecto de la Cámara 2502 establece que la responsabilidad de cualquier proceso de compra durante una emergencia recaerá en la Administración de Servicios Generales (ASG). Además, la medida deja claro que no se autorizará el pago adelantado a suplidores para recibir un bien o servicio. De igual manera, todo suplidor que en los casos de compra de emergencia incumpla con la entrega de un bien o servicio en el tiempo acordado, sin una adecuada justificación, o entregue un bien distinto a lo acordado, incurrirá en delito menor, lo que le expondría a una multa no menor de $1,000 ni mayor de $5,000 dólares.

Igualmente, sería excluido del Registro Único de Licitadores por el periodo de un año.

Esa misma medida ordena a todo oficial de compras de la ASG a tomar seis créditos anuales de cursos de educación continua sobre procesos de compras, usos de sistemas de informática, enmiendas a los reglamentos vigentes y el ejercicio adecuado del uso de fondos públicos en la adquisición de bienes y servicios para todo el gobierno.

En caso de que un jefe de agencia solicite una compra especializada y técnica, la ASG tendrá que emitir una dispensa escrita para proceder con la misma.

De otra parte, el Proyecto de la Cámara 2504 enmienda la Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para requerir que esta dependencia establezca procedimientos fiscales para evaluar la distribución de fondos públicos durante procesos de emergencia. En específico, cada transacción de más de $3 millones. Según la exposición de motivos, se busca que los pasos adicionales “permitan una evaluación o análisis prudente de la deseabilidad, necesidad y razonabilidad de cada transacción y la mejor utilización de los recursos públicos promoviendo una sana administración fiscal”.

La otra medida radicada es el Proyecto de la Cámara 2503, que enmienda Ley 8-2017, conocida como la Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico, para establecer la obligación de la Oficina de la Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno a ofrecer seminarios de educación continua a todos los oficiales compradores del Estado y así lograr procesos de compras más eficientes.

“Es prioridad de esta Cámara de Representantes garantizar que el gobierno implante normas de sana administración pública. Que toda compra de bienes y servicios, sea en tiempo regular o durante un estado de emergencia como la actual pandemia, se realice bajo los más rigurosa controles y en total transparencia. Por eso desarrollamos este paquete de medidas que va enfocado a ese objetivo”, comentó el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, en declaraciones escritas.

El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, Juan Oscar Morales, sostuvo que con la legislación se buscan crear nuevos controles en el gobierno para atender deficiencias en los procesos de compras.

“Luego de las irregularidades que hemos podido constatar en las vistas públicas de violación a leyes y reglamentos establecidos, es imprescindible que haya más fiscalización por parte del Ejecutivo en las diferentes etapas en el proceso de seleccionar, evaluar y otorgar los contratos para servicios y compras en el Gobierno cuando se desembolsan fondos públicos. La declaración de una emergencia no puede ser excusa para incumplir con las leyes, lo que claramente evidencia la falta de transparencia en los procesos, como lo hemos visto en la investigación”, sostuvo Morales.


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