De aprobarse la medida, los comerciantes afectados por el toque de queda tendrán derecho a recibir la cantidad de hasta $1,500 por cada empleado, para cubrir su salario base correspondiente a las próximas dos quincenas. (GFR Media)

Un nuevo proyecto de ley busca que los comerciantes con pérdidas causadas por el cierre puedan usar los fondos que hayan recogido del IVU durante este trimestre para pagarle a sus empleados.

El proyecto fue anunciado por el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, después de que el nuevo partido político, Proyecto Dignidad, presentara la medida mediante petición.

El propósito es que los comerciantes puedan usar los recaudos por concepto del Impuesto de Ventas y Uso (IVU), correspondientes al trimestre que culmina el 31 de marzo de 2020, para paliar las pérdidas que hayan sufrido por motivo del cumplimiento con la Orden Ejecutiva de aislamiento y cierre de operaciones a toda entidad que no esté relacionada con servicios esenciales.

En comunicado de prensa, Méndez explicó que la medida va dirigida exclusivamente a sufragar los salarios de los empleados del sector privados afectados por el toque de queda.

“Nuestros comerciantes están sufriendo los estragos de la pandemia del COVID-19 y tenemos que buscar alternativas reales para ayudarlos inmediatamente", sostuvo Méndez en declaraciones escritas.

Agregó que "esta medida, presentada por el Proyecto Dignidad mediante el mecanismo de petición, es una herramienta adicional que podemos tener a nuestra disposición para impulsar una rápida reactivación de la economía, promover la retención de empleos y establecer una seguridad fiscal, muy particularmente para los pequeños y medianos comerciantes".

"El proyecto tiene como uno de sus objetivos la protección de los trabajadores en comercios afectados por el toque de queda”, abundó.

La pieza legislativa establece que todo patrono que haya sido obligado a cerrar sus operaciones por completo debido a la disposición de la Orden Ejecutiva emitida por la Gobernadora de Puerto Rico (OE-2020-023) o que se haya visto forzado a reducir sus operaciones en más de un 50% por la misma razón, tendrá derecho a recibir la cantidad de hasta $1,500 por cada empleado, para cubrir su salario base correspondiente a las próximas dos quincenas de salario base de trabajo siguientes al 16 de marzo de 2020.

“Es importante que en estos momentos de adversidad que enfrenta Puerto Rico, seamos capaces de brindarle a nuestros comerciantes que han tenido que sacrificar sus empresas con el cierre de operaciones, la capacidad de poder mantener su plantilla de empleados intacta, de manera tal que tanto ellos, como sus empleados puedan mantenerse en sosiego y quedarse en sus hogares unidos para vencer este virus", expresó Juan Manuel Frontera Suau, vicepresidente y asesor legal de Proyecto Dignidad.

Señaló que "esta medida es una paliativa e inmediata que servirá para que la fuerza laboral en Puerto Rico se mantenga intacta en lo que nuestros comerciantes pueden accesar otros beneficios disponibles, federales y estatales que de seguro vendrán a corto y mediano plazo".

"La idea es que nuestra fuerza laboral este lista para cuando venzamos este virus, salir a la calle con la seguridad de empleo necesaria para seguir construyendo a Puerto Rico", añadió.

Si se aprueba la medida, para ser acreedor de este beneficio se usará las últimas planillas trimestrales de nómina de todo patrono, según éstas hayan sido presentadas ante el Departamento de Hacienda.

Por lo tanto, Hacienda haría la transferencia del dinero que sea requerida para cubrir el salario de cada empleado. Para poder percibir los ingresos establecidos, todos los patronos deberán comprometerse a mantener su plantilla de empleados en nómina, por los cuales perciben los beneficios de ésta, por los próximos tres meses luego de decretado el cese de la implantación del toque de queda, o a más tardar al 31 de agosto de 2020.

Para cumplir con las disposiciones de esta iniciativa se asignarán unos $800 millones provenientes de las cuentas retenidas para el pago de los acreedores del Gobierno de Puerto Rico, las cuales están en control de la de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico.

El Proyecto Dignidad fue certificado en el mes de enero por la Comisión Estatal de Elecciones para participar de los comicios de noviembre.


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