Durante los pasados años, el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) ha aumentado su presencia en Puerto Rico. (Xavier J. Araújo Berríos)

Washington - La fiscalía federal, en San Juan, logró condenas por corrupción en contra de 375 funcionarios federales, locales y ciudadanos privados entre 2008 y 2017, según un informe del Departamento de Justicia de EE.UU.

Entre los estados, territorios y la capital estadounidense, Puerto Rico ocupa el décimo lugar con más personas convictas por corrupción a nivel federal en esa década. Pero todos los estados que superan a la isla tienen más habitantes.

De acuerdo con los datos del Departamento de Justicia federal, al promediarse todas las condenas entre 2008 y 2017, Puerto Rico tuvo la segunda tasa más alta de actos de corrupción por cada 100,000 habitantes (1.01), solo superado por Washington D.C. (4.52).

El informe presentado el año pasado es un documento que tiene que enviar anualmente la jefatura del Departamento de Justicia de EE.UU. al Congreso sobre las actividades de la Sección de Integridad Pública.

Esta información trasciende en momentos en que, según la jefa de la fiscalía federal en San Juan, Rosa Emilia Rodríguez, se acerca la presentación de nuevos cargos de corrupción en la isla, y cuando el presidente Donald Trump ha declarado a Puerto Rico “uno de los lugares más corruptos de la Tierra”.

El documento refleja también que más de una tercera parte de los 130 casos federales en la isla se resolvieron en un solo año: el 2011.

Como jurisdicción estatal, en términos totales, Texas (983), California (678), Florida (590), Virginia (510), Illinois (440), Pensilvania (426), Luisiana (412) y Georgia (384) superaron a la isla en casos de corrupción durante la década de 2008 a 2017.

Sin embargo, en términos proporcionales, solo Washington D.C., que tuvo 279 casos de corrupción, tuvo una tasa por habitantes más alta que Puerto Rico.

“Mi intuición es que, en los últimos 30 años, el FBI (Negociado Federal de Investigaciones) ha hecho su presencia en Puerto Rico 10 vecesmás grande que lo que tenía antes. Nadie sabe exactamente, pero deben tener 150 (agentes). Lo que antes pasaba desapercibido - como las mordidas (sobornos)-, ahora el FBI lo captura”, indicó el exfiscal federal Ignacio Rivera, también analista político.

En su informe, el Departamento de Justicia indicó que mantiene cerca de 30 abogados en la Sección de Integridad Pública de Washington D.C., incluidos expertos en extorsión, soborno, crímenes electorales y de conflictos de interés.

El FBI, además de haber expandido sus oficinas alrededor de la isla, recibe ahora más referidos de los gobiernos en Puerto Rico, no solo el estatal sino también el municipal, sostuvo Rivera.

En cambio, los casos de corrupción que se presentan a nivel estatal son cada vez menos en comparación con los que se radican a nivel federal en la isla.

Entre los casos de 2017 que destaca el informe del Departamento de Justicia de EE.UU., se alude a la convicción del exsenador del Partido Nuevo Progresista (PNP) Héctor Martínez y el empresario Juan Bravo Fernández, que fueron hallados culpables en un nuevo juicio, en mayo de ese año. Ambas convicciones, sin embargo, fueron revocadas en enero pasado.

En 2017, el Departamento de Justicia federal presentó cargos -a nivel de Estados Unidos, Puerto Rico y los demás territorios- en contra de 863 personas, de los cuales 383 eran funcionarios federales, 63 eran empleados estatales, 223 trabajaban para gobiernos de condado y municipales, y 194 eran ciudadanos privados.

Ese mismo año, las condenas totalizaron 837, de las cuales 334 fueron contra empleados del gobierno federal.

El informe no provee ese desglose por estado o distrito federal.

Un incremento reciente

Un estudio de 2010 de las profesoras María Enchautegui Román y Eileen Segarra Alméstica, titulado “Patrones y tendencias en el mal uso de fondos públicos en Puerto Rico”, reveló que, desde mediados de la década de 1970 “hasta el 2001, las convicciones per cápita para el distrito de Puerto Rico se mantuvieron por debajo de las de Estados Unidos”.

Pero Echautegui Román y Segarra Alméstica reconocieron, entonces, que las convicciones federales por corrupción en la isla crecían a partir de 2001.

Algunos de los principales casos de corrupción en el gobierno de Pedro Rosselló González, como el del exsecretario de Educación Víctor Fajardo, fueron resueltos en el cuatrienio de 2001a 2004.

La tendencia de una mayor tasa de convicciones por corrupción en la isla ha continuado a partir de 2008, como indica el informe del Departamento de Justicia federal.

Además del extraordinario aumento de 2011, otros años con alto número de convicciones fueron 2008 (37), 2012 (30), 2014 (47) y 2016 (41). De esos cuatro años, el único no electoral fue el de 2014.

Los ataques de Trump

En medio de su desdén hacia Puerto Rico y sus líderes, el presidente Trump ha acusado a los líderes políticos de la isla de ser “corruptos e incompetentes”.

Sus críticas han estado centradas en la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, a quien parece no perdonar que advirtiera a la opinión pública sobre la lenta e ineficiente respuesta federal ante el huracán María, y en el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares.

Por muchos meses, las denuncias de Trump no han tenido deferencia con ningún funcionario del gobierno o líder político. Y se avivaron después que las autoridades federales presentaron cargos por corrupción hace un mes en contra de la ex secretaria de Educación Julia Keleher, una ayudante, la exdirectora de la Administración de Seguros de Salud (ASES) Ángela Ávila y contratistas como Fernando Scherrer, expresidente de la empresa BDO, y Alberto Velázquez Piñol.

Recientemente, la comisionada residente en Washington D.C., Jenniffer González, afirmó que la credibilidad del gobierno de Puerto Rico en Washington es “cero”.

La gobernadora Wanda Vázquez Garced, que este viernes cumple un mes en La Fortaleza, tiene previsto viajar a la capital federal la semana próxima para reunirse con funcionarios del gobierno de Trump y el Congreso.

La agenda de la gobernadora en Washington D.C. está enfocada en restaurar las vías de comunicación para que sea más efectiva, restablecer la credibilidad y estabilidad en este nuevo estilo de gobierno inclusivo. También hacer énfasis en el desembolso de los fondos de recuperación y reconstrucción, de modo que se acelere el beneficio a nuestro pueblo”, indicó durante el fin de semana la secretaria de la Gobernación, Zoé Laboy.

Sectores de la diáspora han advertido que, cuando Trump acusa a las autoridades de la isla de ser corruptas, obvia las denuncias respecto a que las irregularidades en torno a la recuperación de la isla han abarcado también las contrataciones de FEMA o que el problema salpica con fuerza otras jurisdicciones.

Por ejemplo, Maryland, con un gobernador republicano, tuvo 80 convicciones en 2017, lo que representa una tasa por cada 100,000 habitantes para ese año de 1.33, frente a los 13 casos de Puerto Rico (0.51).

Trump también ha sido criticado por ignorar la cláusula de regalos y emolumentos de la Constitución y viajar constantemente a sus complejos privados, como Mar-a-Lago (Florida), las renuncias por cuestiones éticas de su secretario del Interior Ryan Zinke, del administrador de la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA) Scott Pruitt, y la condena por mentir al FBI contra su ex asesor de Seguridad Nacional Michael Flynn, entre otros casos, que han ocurrido durante su gobierno.


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