San Juan ha tenido una pérdida poblacional de más de 90,000 residentes los últimos 10 años (semisquare-x3)
San Juan ha tenido una pérdida poblacional de más de 90,000 residentes los últimos 10 años. (Gerald López Cepero)

Nota del editor: Primera entrega sobre el Municipio de San Juan, como parte de la sección Radiografía Municipal, un espacio para dar a conocer los desafíos y aciertos en las administraciones de algunos municipios, así como el sentir de sus residentes.

El deterioro en las carreteras, la criminalidad y la falta de limpieza figuran entre los principales reclamos de los residentes en San Juan, según un sondeo realizado por El Nuevo Día.

La raíz del malestar parece tener su génesis en la reducción de ingresos municipales, los impagos del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y la dificultad del ayuntamiento para tomar dinero prestado.

A esos factores, se suma la inhabilidad del gobierno municipal para identificar nuevas fuentes de recaudo, situación que ha limitado la capacidad de la administración de Carmen Yulín Cruz Soto para financiar los servicios públicos e invertir en obra los últimos años fiscales.

A cada rato, hay que estar bregando con el tren delantero y los terminales”, comentó la transportista escolar del área de Caimito y Cupey Bajo Greshka Irizarry, al detener su vehículo en una gasolinera.

“Las patrullas no pasan por aquí. Ni estatales ni municipales”, mencionó, por su parte, Carola Romera, de la comunidad Alto del Cabro, en Santurce, quien relató que hace tres años se enfrentó a un ladrón que entró a su cuarto y se encontraba rebuscando en las gavetas de su armario.

El Municipio de San Juan tiene una deficiencia de $51 millones en la caja, según los estados financieros del año fiscal 2018, que cerró en junio pasado. La deficiencia presupuestaria acumulada aumentó ese año a $183 millones, a pesar de que la administración municipal recortó sus gastos en $73 millones.

Cuestionada sobre los reclamos, Cruz Soto reconoció los retos, y explicó que, al distribuir el presupuesto municipal, las áreas que reciben las mayores asignaciones son aquellas clasificadas como servicios esenciales.

“Hemos reducido nuestro presupuesto... Hemos bajado la plantilla (de empleados), pero el gasto sigue subiendo, no porque uno gaste más, sino porque el Estado le impone más a los municipios”, puntualizó la alcaldesa popular.

“El Estado ha comenzado a utilizar a los municipios -desde hace dos cuatrienios- como su ATH personal”, dijo sobre lo que entiende es la principal causa de la deficiencia fiscal en su municipio.

A esas circunstancias, se suman las posibles consecuencias de la designación que hizo la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de los 78 municipios como entidades cubiertas por la ley federal Promesa, decisión que la administración de San Juan anticipó que retará.

Si la JSF le pidiera al municipio cerrar la brecha deficitaria -como entidad cubierta por Promesa-, provocaría cesantías, cancelación de convenios colectivos y recortes a programas de inversión social, como lo son los centros de diagnóstico y tratamiento (CDT), a juicio del presidente entrante de la Asociación de Economistas de Puerto Rico, Heriberto Martínez Otero.

Cruz Soto rechazó anticipar ese escenario.

“No me voy a adelantar a eso porque sería adelantarme a una derrota y, a mí, me matan con las botas puestas”, expresó.

“Lo que no va a pasar en el Municipio de San Juan es que nos vamos a quedar mirando cuándo viene el dragón -como en Game of Thrones- a quemarnos”, señaló.

Sus asesores legales estudian la posibilidad de presentar varias demandas contra la JSF, y Cruz Soto anticipó que tan pronto como esta semana se presentarán los pleitos, tanto a nivel estatal como federal.

La ejecutiva municipal, quien aspira a la gobernación en 2020, reconoció que, si hubiese una exigencia por parte de la JSF de ajustar esas deficiencias presupuestarias, los ayuntamientos enfrentarían una situación extrema.

“Es exigir a los municipios que le den la espalda a su función principal, que es darle servicios esenciales a la gente”, destacó Cruz Soto.

Menos residentes

San Juan ha tenido una pérdida poblacional de más de 90,000 residentes los últimos 10 años. El gobierno municipal ha relacionado la baja de prácticamente todos sus ingresos el año anterior a la emigración, al cierre de negocios y al aumento de propiedades vacantes, particularmente tras los huracanes Irma y María en septiembre de 2017.

Cruz Soto, quien ocupa la alcaldía hace seis años, ha evaluado la imposición de medidas de austeridad, como recortes presupuestarios, achicar la estructura gubernamental y la venta de activos municipales. También se ha estudiado la creación de alianzas público privadas.

La falta de dinero en caja ha dificultado la inversión para el mantenimiento o construcción de infraestructura municipal, lo cual se percibe en el estado de las propiedades públicas y en el deterioro de las carreteras, según pudo constatar El Nuevo Día en un recorrido por las áreas urbanas y rurales de la municipalidad como parte de este análisis.

Las Prioridades

Cruz Soto señaló que el gobierno municipal ha definido aquellos servicios que considera esenciales a la hora de distribuir las partidas presupuestarias. Estos son salud, seguridad -que incluye la Policía Municipal y la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias-, educación, cultura y deporte.

Estas áreas, sin embargo, no han estado exentas de recortes ante las vicisitudes que enfrentó el ayuntamiento entre finales de 2017 y principios de 2018.

El presupuesto para el programa de salud se redujo en $23 millones de 2017 a 2018. Aun así, la inversión en esta área es enorme.

San Juan asignó en su presupuesto $165 millones para salud, lo que incluye $64 millones de aportaciones al plan de salud del gobierno y $4.3 millones para pagar a sus médicos residentes. Cruz Soto destacó que la partida de salud es más grande que el presupuesto total de 75 municipios de la isla.

Durante el año fiscal 2018, el dinero destinado para seguridad disminuyó por $12 millones.

Ambos recortes contrastan con los aumentos que tuvieron esas dos dependencias durante el año electoral de 2016, antes que se acordara el plan de reestructuración del BGF.

El presidente de la Legislatura Municipal, Marco Rigau, reconoció que ha habido “recortes fundamentales en algunas áreas” para acercarse a la realidad financiera.

Opinó que “la alcaldesa tomó una decisión muy correcta” cuando priorizó “salvar vidas” en medio de la emergencia provocada por el huracán María. Se refirió a la compra de generadores para el Hospital Municipal y las égidas, antes de encargarse de limpiar y reparar las instalaciones públicas.

La administración municipal dejó de pagar a proveedores y limitó sus actividades durante los meses posteriores al fenómeno atmosférico.

Las cuentas por pagar al gobierno central también aumentaron en $67.7 millones ese año fiscal debido a facturaciones de la Administración de Sistemas de Retiro, la Administración de Seguros de Salud (Ases) y el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), según los estados financieros a junio de 2018.

El presidente entrante de la Asociación de Economistas indicó que la deficiencia presupuestaria comenzó como resultado de la quiebra del BGF, que se quedó con depósitos municipales y dejó de estar disponible para prestar dinero que permitiera cubrir los gastos operacionales.

Cruz Soto señaló que el gobierno estatal le ha impuesto al municipio una carga adicional de $149.2 millones los últimos dos años fiscales, que incluyen los impagos del BGF correspondientes a intereses, reembolsos y el exceso de la Contribución Adicional Especial (CAE) y aportaciones al sistema de retiro, entre otros.

Adujo que la única aportación que recibe del gobierno estatal son $80,500 correspondientes a la Ley 52, que son fondos vinculados con empleo.

La alcaldesa reconoció que esta situación no es exclusiva de San Juan, sino de todos los ayuntamientos. No obstante, argumentó que, al ser el municipio “más grande y de mayor población, cada golpe que da el Estado tiene una magnitud mayor”.

Deudas pendientes

Los últimos préstamos del BGF al municipio se aprobaron en 2013 y 2014. El primero, ascendente a $50 millones, se utilizó para pagar deudas de años anteriores. El segundo, de $53 millones, se tomó para mejoras públicas. Sin embargo, el BGF solo desembolsó cerca de $4 millones.

En esos años, la municipalidad acudió también a bancos locales para tomar préstamos por la cantidad de $126 millones en principal. Entre notas, bonos e hipotecas por pagar, el municipio tenía una deuda pública de $787 millones a junio de 2018.

Sin embargo, el asesor municipal Edwin Figueroa indicó que, a esa cifra, hay que descontarle cerca de $154 millones de los ajustes en transacciones que se hicieron en noviembre con el BGF y un pago -que no precisó- que se hará el 1 de julio.

Además, los estados financieros auditados de 2018 registran que el municipio sanjuanero tiene una deficiencia de $1,300 millones relacionada con las aportaciones al sistema de retiro.

Ese déficit está incluido en todos los estados financieros gubernamentales desde 2015 y responde al cálculo del pago simultáneo de las pensiones de quienes ya están retirados y quienes podrían reclamar su pensión en varias décadas.

A juicio de la alcaldesa, ese cálculo no es ni real ni justo porque adolesce de datos actualizados.

“El Estado, para aliviar sus libros, coge una deuda suya y la divide entre los municipios”, analizó Cruz Soto.

Por otro lado, el gobierno municipal calculó que los huracanes Irma y María redujeron en $19.5 millones los ingresos en cobro de patentes, arbitrios de construcción, recaudos del Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU) y por la prestación de servicios médicos.

Sin embargo, a juicio de la asambleísta municipal por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Carmen Santiago, las arcas municipales experimentan las consecuencias de la falta de un plan de desarrollo económico.

Concretamente, señaló que la oficina de desarrollo económico estuvo descabezada hasta hace poco, cuando se nombró como director al exvoleibolista de la Selección Nacional Daniel Erazo.

“La situación de los municipios en la isla es muy difícil, por eso enfatizo en el plan de desarrollo económico. De los pocos municipios en Puerto Rico que puede tener un plan viable, es la capital”, mencionó Santiago.

De igual manera, el economista Martínez Otero observó que, a diferencia de otros municipios, San Juan tiene una posición privilegiada para recaudar ingresos por la entrada de mercancía y turistas en los puertos, así como por la actividad comercial que se concentra en Hato Rey, Santurce, Condado y Viejo San Juan.

Mirando al futuro

La alcaldesa de San Juan opinó que, al momento, el gobierno municipal tiene pocas alternativas para aumentar sus recaudos, a menos que sea con la imposición de nuevos arbitrios.

“Y eso es lo que no hemos querido hacer”, sostuvo Cruz Soto.

En marzo de 2017, se impuso un alza en patentes a aquellos comerciantes que generaban $1 millón o más, pero se excluyó al 86% de los comerciantes con operaciones en San Juan.

Una alternativa que pondera el gobierno municipal es la imposición de un cargo por el recogido de la basura al sector comercial y también a los residentes.

El dinero que se recaude como consecuencia de la tarifa residencial se depositaría en un fondo para mejoras en las carreteras.

La ejecutiva municipal dijo que la imposición de esa tarifa se consultaría a los residentes en un referéndum que se celebraría en verano, en el que también se preguntaría sobre la conveniencia de imponer una hora de cierre a los negocios que operan de noche.

Asimismo, el gobierno municipal estimó que aumentará $3 millones en recaudos por multas de tránsito al establecer un sistema electrónico de cobro. Se incentivará que los ciudadanos paguen las multas mediante unas rebajas a quienes emitan los pagos a 30 días o menos de haberse emitido el boleto.

Las Contrataciones

Entre enero de 2017 y principios de este mes, el Municipio de San Juan ha comprometido $422 millones en acuerdos contractuales para la adquisición de bienes y servicios, según datos del registro de contratos de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR).

Los compromisos mediante contratos del gobierno municipal en lo que va de cuatrienio se redujeron casi a la mitad al comparar la cifra con los firmados por Cruz Soto los primeros 29 meses de su primer mandato -de enero de 2013 a mayo de 2015-, cuando comprometió $829 millones.

Los contratos de mayor cuantía firmados los pasados dos años son los clasificados bajo las categorías de recogido de desperdicios sólidos, $74.2 millones; de servicios relacionados con la salud, $68.6 millones; y en la compra, venta y alquiler de inmuebles, $60.5 millones. Esa última cifra, que incluye $11.5 millones por la venta del estacionamiento Felisa Rincón de Gautier, representan ingresos y no un desembolso municipal.

Entre enero de 2017 y este mes, entre los principales contratistas del municipio sanjuanero,se encontraban las compañías Consolidated Waste Inc, con $42 millones, y la empresa E.C. Waste, con $15.1 millones.

Ambas empresas ofrecen labores de recogido de desperdicios. Varios de los contratos están relacionados con servicios prestados tras el huracán María.

Por otro lado, la firma Cardinal Health tiene contratos que ascienden a $26.6 millones para el suministro de productos farmacéuticos y de salud. Mientras, Edwin Cardona & Asociados tiene acuerdos que suman $15 millones, para la administración de servicios de salud.

Otras de las firmas con los mayores contratos con el Municipio de San Juan son Genesis Security Services, con $13.7 millones, y Xperts, Inc, con $10.8 millones en acuerdos para reparaciones en los parques de la ciudad.

Bajo la categoría de servicios profesionales, que suman a $18.7 millones, el principal contratista es el bufete Winston & Strawn, con $2.4 millones. La firma de abogados ha representado al municipio frente a la JSF.


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