Casas con toldos en Toa Alta en marzo de 2018. (GFR Media)

A dos años del paso del huracán María y tras un proceso de recuperación que no ha tenido la celeridad necesaria, organizaciones pioneras en la defensa del derecho a la vivienda reclamaron hoy que la reconstrucción del país sea desde y para Puerto Rico.

Tras múltiples esfuerzos con las agencias federales y estatales inmersas en la transformación del país, el colectivo Movimiento de Vivienda Digna -que recoge las voces de sobre 20 organizaciones- reclamó una distribución de fondos públicos que satisfaga las necesidades de las poblaciones más afectadas y vulnerables ante el desastre.

Exigieron, además, la protección del derecho de las comunidades a un trato equitativo, que puedan elegir quedarse en su comunidad y que tangan una opinión sobre el proceso de recuperación.  Priorizar la selección de instituciones locales en la obtención de fondos de recuperación también debe considerarse.

El reclamo es a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), el Departamento de la Vivienda y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD).

“Mientras la administración federal se niega a desembolsar nuestros fondos federales de recuperación e imponen barreras injustas al país, el gobierno local imponer políticas públicas y un plan de acción que amenazan el derecho a la vivienda digna”, señaló Charlotte Gossett, directora de Hispanic Federation en Puerto Rico.

La eliminación de las “barreras burocráticas y de fiscalización federal opresivas”, como la asignación de un monitor financiero federal sobre los fondos de desastres, también debe ejecutarse con prontitud, coincidieron. “Los fenómenos naturales, la crisis económica y los intereses privados no pueden servir para que le estado no respete ni haga valer nuestros derechos como pueblos”, sostuvo Ariadna Godreau de Ayuda Legal Puerto Rico.

Aunque sí reconocen unos pasos en la dirección a hacer del proceso de recuperación uno más participativo, como la publicación de las guías del programa de Reparación, Reconstrucción o Reubicación (R3) de viviendas y la inclusión de mecanismos alternos para las personas con título de propiedad informales, Godreau sostuvo que el proceso sigue siendo injusto.

El programa de Asistencia Individual de FEMA recibió 1.3 millones de solicitudes de las que el 60% fueron denegadas, recordó Amaris Torres, directora ejecutiva de la Fundación Fondo de Acceso a la Justicia. “El país prácticamente se ha levantado de sus propios pies”, señaló Torres, quien dijo siguen recibiendo llamadas de personas -en su mayoría mujeres y mayores de 60 años-que no recibieron la ayuda inicial de FEMA ante la falta de título de propiedad y que ven en el programa R3 “una esperanza”.

Las organizaciones, a través de la Jornada de Participación Comunitaria, han presentado querellas ante HUD alegando que el diseño del programa R3 es discriminatorio, sobre todo con personas de escasos recursos y las comunidades negras y radicaron un recurso de revisión en el Tribunal de Apelaciones en el que estipulan que los reglamentos que rigen estas iniciativas no estuvieron abiertos a la participación ciudadana.

Otra de las propuestas del colectivo es que se considere la mitigación y resiliencia como mecanismos para evitar el desplazamiento y desintegración de las comunidades. En este aspecto, Carlos Vázquez, vicepresidente del Programa de Educación Comunal de Entrega y Servicio (P.E.C.E.S), expresó preocupación por las implicaciones que pueda tener ese movimiento forzoso que se pretende provocar.

Vázquez advirtió que en unos años el país podría estar ante “un nuevo episodio de los sintecho”. “Si las comunidades optaran por relocalizarse, todavía no queda claro cómo van a valorar esa nueva posibilidad de vivienda. ¿Qué tal si el dinero que dan por esa vivienda no le da realmente para comprar una vivienda?”, cuestionó.

“Las políticas de mitigación y reconstrucción no pueden operarse discriminatoriamente contra los pobres que terminan siendo removidos de sus comunidades históricas por factores ajenos a la geografía y la comunidad”, puntualizó Vázquez.

Amarilis Pagán de Matria dijo que Puerto Rico ha pasado por cuatro huracanes, la deuda no auditada “con sus medidas de austeridad”, la imposición de Promesa y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) “que nos quitó poder en la toma de decisiones sobre nuestro proceso fiscal”, el huracán María y el proceso de recuperación “desarticulado y totalmente desconectado de las necesidades de las comunidades”.

Si quieres solidarizarte con estas organizaciones, puedes firmar la petición enviando un texto “Vivienda Digna” al 21333.


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