(GFR Media)

Tres legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP) -Víctor Parés Otero, José Aponte Hernández y Pedro Julio ‘Pellé’ Santiago Guzmán- prácticamente descartaron hoy el cobro del recogido de la basura y la aplicación de multas por errores cometidos por la ciudadanía al momento de reciclar como alternativas para reducir la generación de desperdicios sólidos.

Durante una vista de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía de la Cámara de Representantes, Maribelle Marrero Vázquez, vicepresidenta de Asuntos Gubernamentales de la empresa Consolidated Waste Services, trajo a colación el desorden en el manejo de los desperdicios sólidos tras los huracanes Irma y María, además del uso indiscriminado del agua embotellada como ejemplos de por qué la capacidad de los vertederos en la isla se ha visto afectada, al punto de que 12 podrían ser cerrados en los próximos cuatro años.

Fue Ramón Meléndez, en representación del alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, quien presentó como una de varias alternativas lo que describió como la implementación de una tarifa “uniforme razonable para el recogido y disposición de los desperdicios sólidos”.

Actualmente, sólo San Germán tiene en vigor un programa de pago por el recogido de basura que, según Marrero Vázquez, le puede costar unos $15 mensuales a cada familia. Más temprano en el cuatrienio, Cabo Rojo intentó instaurar este programa, pero fue descontinuado.

¿Se debe cobra por el recogido de la basura?, se le preguntó a Marrero Vázquez al finalizar la vista donde se discutió el estado actual de los vertederos del país al atenderse una resolución de investigación de los representantes Parés Otero y Aponte Hernández.

“No debe ser general, debe ser de acuerdo a lo que generes.  Si cocinas en tu casa y no generas mucha basura, pagas menos, pero si compras todo empacado y, según compras botas mucho…”, dijo Marrero Vázquez en un aparte con periodistas.

Durante la vista púbica, Aponte Hernández trajo a colación cómo las relaciones con el electorado pueden influenciar el tema del recogido de la basura y contó cómo un alcalde le hizo un acercamiento para que se legislara para aplicar algún tipo de cargo por recogido de la basura. El legislador sostuvo que invitó al alcalde a que dijera públicamente que la iniciativa había salido del primer ejecutivo municipal.

“En vez de esperar por nosotros en la Asamblea Legislativa y establecer un cargo, que lo hagan de manera municipal. No van a tener más remedio”, dijo.

Al salir de la vista, Aponte Hernández insistió en que la decisión de aplicar cargos nuevos o multas por reciclar incorrectamente debe recaer sobre los alcaldes, aunque reconoció también que múltiples jurisdicciones en Estados Unidos cobran por el recogido de la basura.

“Y que la multa incentiva a que la gente sea mucho más responsable, pero esas son determinaciones a nivel de las ciudades. En Puerto Rico hemos estado mirando muy especialmente a los alcaldes, que tienen esa responsabilidad directa y que quieren que sea la Legislatura quien imponga (el impuesto) para decir que no fue culpa mía”, dijo.

Aponte Hernández no contestó si radicaría un proyecto de ley a esos fines, al insistir que el informe de la resolución investigativa no ha sido rendido.

¿Cuán probable es que la Legislatura legisle para establecer multas por el mal manejo de material de reciclaje o por el pago de recogido de la basura?, se le preguntó.

“Esto va a estar dependiendo… y tenemos que ser responsable en nuestras expresiones, de cuál va a ser la actitud de los alcaldes en proveernos información que es bien necesaria”, contestó.

Aponte Hernández rechazó que le tenga miedo a un golpe político al ser identificado como el auto de una medida que impacte el bolsillo de los consumidores.

“Pero pregunten a los alcaldes cuál es la responsabilidad de ellos en cuanto al recogido de desperdicios sólidos”, dijo.

Preguntado sobre el tema de posibles multas y el cobro de recogido de basura, Parés Otero no sonó muy convencido.

“Antes de pensar en imponer multas o imponer algún pago o costo por recogido de la basura tenemos que educar al pueblo”, dijo al mencionar iniciativas que se pueden lanzar a nivel del sistema pública de enseñanza “antes de multar”.

Parés Otero mencionó, por un lado, la posibilidad de que se legislen topes de tarifas o penalidades a ser impuestas, pero luego mencionó que no estaba en posición dar paso a ese tipo de medida “porque no hay nada en el tapete”.

“Guaynabo fue quien mencionó esa alternativa”, dijo.

Pedro Julio ‘Pellé’ Santiago Guzmán, representante por el distrito de Toa Baja, aseguró que la ciudadanía “está dispuesta a reciclar”.

“Pero imponer sanciones o multas a los municipios, en eso la Asamblea Legislativa no debe entrar”, dijo. “Mientras no se tenga que tocar el bolsillo de los ciudadanos, eso lo debemos tomar en consideración”.

Marrero Vázquez reconoció que, en las postrimerías de un cuatrienio, una pieza legislativa que imponga multas y el cobro por el recogido de la basura no tendría muchas posibilidades.

“Mientras más cerca sea a la elección, más difícil que aprueben una legislación incómoda para el ciudadano. Yo pienso que no habría ambiente mientras más cercano sea a las elecciones, pero será necesario eventualmente”.


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