Vista del sector Playuela en Aguadilla. (Imagen tomada de Facebook)

Trabajadores contratados por Caribbean Management Group (CMG), desarrollador del proyecto hotelero Christopher Columbus Landing Resort en la costa de Playuela en Aguadilla, comenzaron el proceso de remoción de terreno y continuación de la construcción de una carretera que conecta a una vía vecinal pese a que la Liga Ecológica Puertorriqueña del Noroeste mantiene un pleito que cuestiona la legalidad de la obra.

La Liga Ecológica alertó sobre el proceso de remoción de terreno mediante dos publicaciones en la página "Salvemos a Playuela" en la red social Facebook. El licenciado Omar Saadé Yordán, representante legal de la Liga Ecológica, resaltó que cualquier tipo de obra que CMG pretenda hacer es ilegal.

"Es ilegal porque es para construir un proyecto que es distinto al desarrollo original y por el cual invocaron la solicitud de permisos a las agencias pertinentes. Ellos quieren desarrollar un proyecto que no fue el que recibió las autorizaciones en la década de los 90", enfatizó Saadé Yordán.

En Aguadilla crecen especies de árboles y arbustos endémicos que están en peligro de extinción o en niveles críticos, argumentó Saadé Yordán, y alberga fauna variada como reptiles y totugas, que se afectarían si se procede con el proyecto.

El Christopher Columbus Landing Resort y las comunidades de Playuela permanecen en una batalla legal que comenzó en 1994, cuando la empresa Koeninger Development, Inc., dueña original de los terrenos, solicitó una consulta de ubicación ante la Junta de Planificación (JP) para utilizar 124 cuerdas de la costa para la obra.

El proyecto original delineó la construcción de un edificio de un máximo de tres pisos que albergaría 300 habitaciones de hotel y un casino de 17,000 pies cuadrados, según se desprende de la relación de hechos de una petición de revocación de consulta de ubicación sometida por Saadé Yordán el 18 de mayo de 2018. También incluiría unas 12 estructuras de un máximo de dos pisos para utilizarse como villas, condominios y un área comercial de 75,000 pies cuadrados.

Sin embargo, CMG, que adquirió las 125 cuerdas de terreno en el sector Playuela en una transacción con Koeninger Development y Caribbean Seaside Heights Properties Inc. el 16 de noviembre de 2006, busca desarrollar un proyecto completamente distinto utilizando los permisos otorgados a Koeninger Development, de acuerdo con Saadé Yordán.

"No hay anuncios de permisos nuevos en el área, así que presumimos que (la construcción) es bajo las mismas autorizaciones que han anunciado antes y que, como hemos dicho, han caducado y no atienden la construcción que ellos anunciaron que iban a hacer. Una de las denuncias principales es que proponen construir un hotel de siete pisos, cuando los permisos otorgados fueron para un hotel de un máximo de tres pisos. También mencionan un centro de convenciones que tampoco estaba incluido en los planes originales", explicó el letrado.

Saadé Yordán añadió que CMG demandó a un grupo de personas que, supuestamente, estaban interfiriendo en el proceso de construcción, y en el testimonio bajo juramento salió a relucir que el presidente de CMG (Reynaldo Vincenty Morales, de acuerdo al Registro de Corporaciones y Entidades del Departamento de Estado de Puerto Rico) "había cambiado todo el proyecto, con un plan maestro nuevo, y que lo hizo a partir del 2016".

"A pesar de que tienen un proyecto modificado, no lo han notificado a las agencias pertinentes y ahí está la ilegalidad de la construcción. Se tiene que revocar la consulta porque no pueden seguir usando estas autorizaciones que se dieron en los 90", sostuvo Saadé Yordán.

El abogado de la Liga Ecológica indicó que no han recibido "una contestación en los méritos" a la petición de revocación de consulta de ubicación que sometieron ante la JP en mayo de 2018.

"La JP se declaró sin jurisdicción, que no tenían la autoridad para atender las violaciones a la consulta de ubicación que ellos mismos emitieron. Tuvimos que ir al Tribunal de Apelaciones, que tampoco contestaron esos asuntos, y es que hay unas diferencias sustanciales que surgen de los mismos documentos certificados, esas diferencias del proyecto. En la demanda a los residentes fue que salieron a relucir todas esas diferencias (entre el proyecto original y el modificado)", señaló Saadé Yordán.

"Estamos hablando de una posición incómoda e injusta para la comunidad porque les estás cerrando los foros de las agencias y los tribunales y están permitiendo, sin ningún tipo de evaluación, que construyan en uno de los espacios ecológicos más valiosos de Puerto Rico. Al ver el trasfondo y las determinaciones que tenemos del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) de que hay flora en peligro de extinción y que tienen que proteger las especies, lo que han hecho es quemarlas o destruirlas mediante los movimientos de terreno. Por eso nos preocupan estos movimientos de terreno recientes", enfatizó Saadé Yordán.

Al momento, la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) citó a las partes a reunirse para escoger la fecha para la celebración de una vista, pero el proceso se vio detenido a causa de la emergencia causada por la pandemia de COVID-19.

El Nuevo Día contactó a Vincenty Morales vía telefónica en busca de una reacción y dijo que le sorprendió la llamada de este diario. "Esto es más viejo que el frío. Esto es reciclado y atorrado, y me está bien raro. Chequea los artículos que se han escrito", dijo Vincenty Morales antes de colgar. Una llamada y mensaje de texto subsiguientes no fueron devueltos.


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