Los galleros convocaron para el martes una marcha que saldrá del parque Hiram Bithorn y llegará hasta el Tribunal Federal en Hato Rey. (GFR Media)

Washington - En una carrera contrarreloj, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, promoverá que el Congreso apruebe una moratoria de dos años en la implantación de la ley que prohibiría, a partir del 20 de diciembre, el negocio de las peleas de gallos en Puerto Rico y los demás territorios.

González y el presidente de la Asociación Cultural y Deportiva del Gallo Fino de Pelea, Jeohvanni Nieves, confirmaron que ese fue el acuerdo que se adoptó en una reunión reciente entre la comisionada, el senador del Partido Popular Democrático (PPD) José Luis Dalmau, y representantes del negocio de las peleas de gallos.

El apartado de la ley que extendió a los territorios la prohibición federal a la organización de peleas de gallos se hace efectivo el 20 de diciembre, es decir en 40 días.

A la Cámara baja estadounidense, mientras, le quedan 14 días de sesión en 2019.

La comisionada González presentó en febrero un proyecto de ley que busca revertir la decisión del Congreso, pero la medida no ha avanzado.

Hace unas semanas, González expresó su intención de promover una moratoria de un año en la implantación de la prohibición federal, pero los galleros objetaron, pues tenían centrada sus esperanzas en una exención plena o en el caso federal que presentaron originalmente ante el Tribunal federal de San Juan.

Una vez el juez federal Gustavo Gelpí desestimó las demandas presentadas por la Asociación Cultural y Deportiva del Gallo Fino de Pelea, y el Club Gallístico de Puerto Rico en Isla Verde, las organizaciones que representan ese negocio abrieron la puerta a pedir una moratoria al Congreso.

De todos modos, también van a apelar la decisión de Gelpí al Primer Circuito de Apelaciones federales, con base en Boston (Massachusetts).

“Me debo a lo que ellos me pidan”, sostuvo la comisionada González, al hablar del lenguaje que buscará integrar a alguna legislación federal antes del receso de Navidad.

Nieves sostuvo que la representación legal de su organización ha indicado que pedir una moratoria no echará sombras sobre la apelación federal que tienen previsto hacer de la decisión del juez Gelpí.

Aunque quisieran una moratoria de cuatro años, Nieves afirmó que “si nos ofrecen dos, hay que agarrarlo”.

“Aunque la corte entiende el fuerte impacto que la prohibición de las peleas de gallos asestaría contra la economía de Puerto Rico, el tribunal federal no puede actuar como un ‘superlegislador’ y enmendar o invalidar la labor del Congreso sin contar una posición legal válida”, indicó el juez Gelpí en su decisión del 28 de octubre.

Los galleros todavía ven un espacio para reclamar en el proceso de apelación judicial que el negocio de gallos en Puerto Rico se convertiría en una industria interestatal sin implicaciones para el comercio entre los estados y territorios de EE.UU.

La teoría busca acentuar que el lenguaje de la prohibición federal está más dedicado a declarar ilegal el comercio interestatal relacionado a la organización de eventos dedicados a las peleas de gallos.

Nieves indicó que el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) Urayoán Hernández Alvarado también se propone presentar nueva legislación en la isla en torno al negocio de la industria de gallos.

La Asociación Cultural y Deportiva del Gallo Fino de Pelea cabildea constantemente en el Congreso sobre este asunto, a trav;es de la firma Prime Policy Group.

Para Nieves, además, el reciente respaldo de la gobernadora Wanda Vázquez Garced a la continuación de los eventos de peleas de gallo, debe asegurarles también contar con el apoyo de los funcionarios de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA).

“La estrategia se va a trabajar en conjunto”, dijo Nieves, en torno a las gestiones de los galleros y las autoridades del gobierno de Puerto Rico.

Los galleros convocaron para el martes una marcha que saldrá del parque Hiram Bithorn y llegará hasta el Tribunal Federal de San Juan, en Hato Rey.

Cuando desestimó las demandas de los representantes de la industria de las peleas de gallos, el juez Gelpí reconoció el impacto que puede tener el cese de esa actvidad, que genera unos $65 millones y unos 11,000 empleos directos e e indirectos.


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