(GFR Media)

La mayoría del Senado eliminó esta tarde de un proyecto de ley una disposición que buscaba prohibir los desahucios durante la emergencia de COVID-19.

El Proyecto de la Cámara 2468 ordenaba una especie de moratoria sobre desahucios aplicable a la vivienda principal de un ciudadano desde el 1 de mayo al 31 de julio o hasta un mes después de que la gobernadora Wanda Vázquez decrete el cese del estado de emergencia. Para que esta protección entrara en vigor, el arrendatario deberá notificar y demostrar al arrendador que ha sido directamente afectado por la situación de emergencia de COVID-19.

En la medida se aclara que el proyecto no releva al arrendatario de continuar haciendo los pagos de cánones de arrendamiento.

El senador independiente José Vargas Vidot dijo no entender por qué se había hecho la enmienda.

"Se elimina unas de las virtudes del proyecto", dijo el legislador. "La media favorece a un sector frágil en la sociedad... en Puerto Rico hay 830,000 personas que viven alquilados o el 26% de la población", agregó. "La mayoría de las personas que viven bajo alquiler son personas de la clase trabajadora, que viven cheque a cheque y a expensas de acciones abusivas y retrógradas del dueño de una propiedad".

Vargas Vidot preguntó al cuerpo legislativo la razón de la enmienda, pero no recibió respuesta.

El proyecto tiene otros elementos que sí pasaron el crisol del Senado. De hecho, con las enmiendas, la pieza legislativa ahora regresa a la Cámara de Representantes.

Por ejemplo, el proyecto exime del pago por contribución de ingresos, incluyendo la contribución básica alterna o la contribución alternativa mínima, a los ingresos de individuos o dueños de PYMES recibidos por concepto de la crisis de COVID-19.

En el caso de dueños de PYMES también serían liberados del pago de contribuciones por ingresos que estén sujetos a patentes municipales o por concepto de algún otro estímulo federal bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de Coronavirus (CARES Act).

Incluso, tampoco sería tributable el dinero recibido por concepto de préstamos autorizados por la Administración de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés).

Este lenguaje forma parte de una versión enmendada de la medida. La pieza legislativa de Antonio Soto, Víctor Parés Otero y el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos "Johnny" Méndez, tendría vigencia hasta no más allá del 31 de diciembre de 2021 y tienela bendición de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), supo El Nuevo Día.

Tarjeta del PAN en restaurantes

El proyecto también establece que el secretario de la Familia deberá, dentro de 10 días calendario luego de que la medida sea convertida en ley, solicitar al Departamento de Agricultura de Estados Unidos que, durante la vigencia de la Ley o hasta que dure la emergencia, se permitirá que los beneficiarios de la tarjeta del PAN compren alimentos preparados en restaurantes.

El proyecto original fue radicado el 31 de marzo y fue descrito por sus autores como la propuesta de ley “complementaria” al plan económico de $787 millones de la JSF. La pieza legislativa le da rango de ley a la extensión hasta el 15 de julio de la fecha límite para la radicación de la planilla y las extensiones a las fechas límites para la entrega de la Planilla Mensual del Impuesto sobre Ventas y Uso. Lo mismo aplica para la entrega de las Declaraciones Informativas, cuya fecha límite de entrega se movió para el 31 de mayo con el proyecto. El Departamento de Hacienda, por la vía administrativa, extendió ese plazo solo hasta el 15 de mayo.

Además, el proyecto extiende por seis meses todas las licencias y fianzas bajo el Código de Rentas Internas, licencias o permisos expedidos por la Oficina de Gerencia de Permisos o cualquier otra agencia del gobierno y municipio que venzan a partir del 1 de marzo.

La medida establece lo que se conoce como el Programa de Pago Expedito de Cuentas. Con enmiendas en el Senado se dispone que las obligaciones o cuentas por pagar a los contratistas, suplidores y proveedores ya acumuladas previo a la aprobación de esta Ley y que ya hayan sido certificadas por la agencia o gubernamental para la cual se le ofreció el servicio o entregado los bienes, deberán ser pagadas durante un término que nunca excederá 15 días calendario, luego de la firmada la propuesta ley.

Una vez firmada la ley, cualquier obligación del gobierno con un proveedor o contratistas será pagada, una vez certificada, en no más de 30 días.

Sí se eliminó el lenguaje que disponía que el gobierno, durante la emergencia de Covid-19, tendría un término de cinco días laborables para evaluar cualquier factura utilizando métodos electrónicos y las determinara en ese periodo como aceptada o denegada.

Igualmente propone una exención sobre el pago del impuesto Business to Business de 4% para los meses de abril a junio y establece tasas especiales de 10% y 5% por el pago adelantado de ganancias de capital y dividendos, respectivamente.


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