Trabajadores durante la crisis de COVID-19 protestaron frente al Centro Gubernamental de Minillas, en San Juan.

Un sindicato que agrupa a 11,000 empleados públicos activos denunció hoy riesgos a la salud por falta de protocolos contra el contagio del COVID-19 en varias agencias del gobierno.

El presidente de la unión Servidores Públicos Unidos (SPU), Benjamín Borges, señaló que en algunas dependencias no se han implementado medidas apropiadas, mientras que en otras se intenta desarrollar los protocolos de forma "atropellada" sin tiempo para una evaluación adecuada.

"La salud de los empleados públicos está en riesgo, algunos lugares más que en otros", sostuvo Borges.

"En algunos departamentos ni siquiera han enviado una propuesta de protocolo. Aunque ya que están trabajando y tienen las oficinas abiertas, están totalmente en pañales en términos de formalizar las medidas de protección", agregó.

Entre las agencias que supuestamente están atrasados con los protocolos, Borges destacó al Departamento de Educación, el Departamento de Transportación y Obras Públicas y la Comisión de Servicio de Servicio Público.

"Ahora han comenzado a desarrollar los protocolos y a querer discutirlos con nosotros, pero de forma apresurada. En los mejores casos, nos han enviado los documentos apenas un día antes o unas horas antes para que comencemos a discutirlo", indicó Borges.

Agregó que "están atropellando el proceso porque tienen exigencia de Fortaleza de que cumplan con un 'deadline', pero a la salud no se le pone un 'deadline'. Tu no te pones una fecha para salir del hospital si no estás recuperado".

Denunció que, "en el caso del DE, que actualmente tiene trabajando a personal administrativos y almacenes de alimentos, no se tiene un protocolo".

"Tuvimos una reunión con el secretario de Educación. Quería que discutiéramos lo que iban a estar implementando sin si quiera enviarnos el documento, de su borrador, de protocolo. Nos prometieron que lo iban a enviar, así que todavía estamos a la espera", abundó.

Explicó que las medidas no solo se refieren a si utilizan mascarillas, guantes o desinfectante de manos y que se aspire a un distanciamiento social, sino a detalles de adaptación de la infraestructura interna de las oficinas y centros de trabajo.

"No le puedes pedir distanciamiento a empleados, si tienen los escritorios pegados como suele suceder, si no has arreglado la oficina con acrílicos o separadores para que pueda atender público sin exponerse al contagio y sin exponer al público", expuso Borges.

Asimismo, el líder sindical reclamó que se realicen pruebas para detectar el COVID-19 a todos los empleados públicos, especialmente a los que se han ido reincoporando a sus labores.

Precisamente hoy, la gobernadora Wanda Vázquez informó que tendrán que reportarse a trabajar desde el 1 de junio los empleados de las divisiones de Recursos Humanos, Finanzas, Presupuesto y Finanzas de las agencias que han estado cerradas desde el 16 de marzo.

"No le están haciendo pruebas a cada trabajando que se activa", dijo Borges. "La agencia que más pruebas ha hecho más pruebas fue (del Departamento de) Corrección, aunque comenzaron por hacerle pruebas a los que están confinados en vez de a los empleados, que entran y salen, y están más expuestos.

Desde principios de este mes comenzó a aumentar la preocupación con el regreso de miles de empleados a sus centros de trabajo, a medida de que se reanudan operaciones en sectores comerciales privados y público.

La preocupación incrementó después de que empleados arrojaran positivo a contagio cuando comenzaron a operar varios comedores escolares.

El secretario de Salud, Lorenzo González, ha indicado en varias ocasiones que él no puede obligar a empleados públicos a someterse a pruebas de COVID-19, sino que solo podía hacer un llamado a los patronos a tomar la medida y coordinar con la agencia la toma de muestras, además de recordar que también se puede realizar a través de los seguros médicos privados.

Por su parte, la gobernadora aseguró que se le harían pruebas a todos los empleados públicos.

"Nosotros vamos a hacer unas instrucciones particulares para el empleo público y a los empleados que regresen al servicio público, vamos a hacerle la prueba", indicó Vázquez, durante una conferencia de prensa la semana pasada.

Manifestó que quiere "empleados tranquilos, seguros, que vuelvan a un ambiente laboral donde se sientan tranquilos, no solo con la prueba y que los centro de de trabajo estén higienizados, y de alguna manera se estén tomando las medidas de distanciamiento", afirmó.

"Se tomarán en consideración esas medidas. Por eso vamos a un proceso transicional, donde primero se preparan los centros de trabajo, para que cuando lleguen, todo eso se haya cumplido", afirmó.


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