El boricua José Serrano fue uno de los congresistas que recibió en sus oficinas a Wanda Vázquez Garced y parte de su gabinete. (Twitter.com)

Washington - Autoridades del gobierno de Puerto Rico reconocieron ayer que tienen la asignatura de responder al pedido del Departamento del Tesoro de presentar un plan que permita descontinuar el crédito federal al arbitrio sobre las ventas que impuso la Ley 154 a las empresas foráneas.

Como parte del plan, tendrían que buscar otra iniciativa que mantenga recaudos que representan más de una quinta parte del presupuesto de la isla, unos $1,800 millones anuales.

“Está en el plan fiscal y hay que trabajarlo”, indicó el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero, al salir junto a la gobernadora Wanda Vázquez Garced y otros funcionarios de una reunión con el congresista demócrata boricua José Serrano (Nueva York).

Vázquez Garced dijo que el futuro del crédito federal a las Corporaciones de Control Foráneo (CFC, en inglés) fue uno de los asuntos que se discutieron en el encuentro del martes con el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, y asesores principales de ese departamento estadounidense. “Cualquier asunto que tengamos (pendiente) será trabajado en otras reuniones”, indicó Vázquez Garced.

No es la primera vez que el secretario Mnuchin advierte que está sobre la mesa buscar cómo terminar con el crédito a las foráneas. Mnuchin dijo en julio de 2018, en San Juan, que este asunto es parte de las discusiones con el gobierno de Puerto Rico e hizo énfasis en que el objetivo del crédito aprobado en el Tesoro para permitir deducir el 100% del arbitrio que impone el gobierno de Puerto Rico es que fuera temporal.

Además de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ordenó en su plan fiscal buscar una alternativa a la Ley 154, ambos gobiernos tienen en marcha un grupo de trabajo que da seguimiento a esas tareas, sostuvo Marrero. El gobierno de Ricardo Rosselló Nevares buscó un período de gracia.

Pero Mnuchin solicitó el martes elaborar un plan para la eliminación progresiva del crédito que da fuerza a la Ley 154, aunque no le puso fecha a su pedido. “Hay que ver cuál es el plan y qué prioridad se le está dando a este asunto”, indicó la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, quien estuvo en la reunión.

De todos modos, al tratar de bajar el tono de la discusión sobre un asunto que levanta preocupación en la industria manufacturera, la gobernadora Vázquez Garced sostuvo que la conversación del martes estuvo más centrada en el programa de zonas de oportunidad y otros temas. “Se discutió a 30,000 pies de altura”, afirmó Marrero, al insistir en que no se les fijó un plazo para entregar el plan.

Expertos han indicado que la reforma contributiva federal de 2017 abrió la puerta a sustituir el arbitrio de la Ley 154 por un aumento en los impuestos sobre ingresos. Si fuese un impuesto sobre ingresos, el cargo que establece la Ley 154 sería deducible en un 80% bajo el “Gilti tax” de la reforma contributiva federal, que impuso un nuevo tributo de 10.5% sobre la propiedad intelectual de las CFC.

El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Antonio Soto, quien también participó de la reunión en el Tesoro, señaló que “todos sabemos que (es) un tema que tenemos que atender”. Advirtió, sin embargo, que “no puede ser un proceso como apagar un interruptor de luz”.

Cuando el gobierno de Puerto Rico, bajo la administración de Luis Fortuño, aprobó en 2010 la Ley 154, el plan era que el nuevo arbitrio de 4% en las ventas de las empresas foráneas a sus matrices en EE.UU. estuviera vigente seis años y fuera reduciéndose. Pero el gobierno de Alejandro García Padilla lo extendió por otros cuatro años, a la misma tasa de 4% original.

Justo al inicio del cuatrienio, Rosselló Nevares lo alargó por toda una década.

Desde que se concibió el arbitrio, se estableció que el impuesto que se cobra considerando las ventas que las operaciones manufactureras en la isla hacen a sus matrices, se identificó como una especie de sustituto a una contribución sobre ingresos. La representación que se hizo entonces por la administración Fortuño era que el arbitrio se cobraría inicialmente hasta que Hacienda desarrollara los mecanismos para cobrar la contribución, lo que no ha sucedido una década después.

Cualquier ajuste que se haga tendrá que considerar que los recaudos que ahora recibe el Fondo General no se afecten en demasía. El arbitrio del 4% allega al fisco el equivalente al 20% de los recaudos, pero cuando se considera el efecto agregado de las operaciones industriales en la economía, esa actividad puede aportar hasta el 30% de los recaudos del Fondo General, según entendidos en la materia.

El plan fiscal contempla que se modifique el arbitrio del 4%, por lo que las proyecciones de esa partida muestran descensos, pero en parte esa proyección considera la merma en ventas por concepto del fin de las licencias de exclusividad de ciertos fármacos que se producen en la isla.

“Este es un tema que se debió atender hace años”, sostuvo, por su parte, el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Eduardo Bhatia.

Vázquez Garced tuvo ayer su primer día de reuniones en la Cámara baja. Primero, fue a la oficina de la comisionada residente. Luego, estuvo con Serrano, el republicano Rob Bishop (Utah), los demócratas boricuas Darren Soto (Florida) y Nydia Velázquez (Nueva York), y el líder de la minoría republicana, Kevin McCarthy (California).

Marrero; el representante del gobierno de Puerto Rico ante la JSF, Elí Díaz Atienza; la comisionada González; el secretario de la Vivienda, Fernando Gil Enseñat; el secretario de Salud, Rafael Rodríguez; y el director de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), Ottmar Chávez, entre otros, la acompañaron a varias reuniones.

Serrano sostuvo que quiso ponerse a la disposición de la gobernadora.

El republicano Bishop, quien destacó a Vázquez Garced como una “gobernadora republicana”, indicó que le insistió en que la clave para mejorar el futuro económico de Puerto Rico es una política pública de “colaboración y cooperación” con la JSF.

Soto sostuvo que discutieron principalmente sobre Medicaid y los fondos para la reconstrucción.

Un portavoz de Velázquez, mientras, afirmó que “la congresista y la gobernadora tuvieron una conversación honesta y productiva”. “Durante su reunión, la congresista subrayó la necesidad de que la gobernadora restablezca la transparencia, la responsabilidad y la confianza en el gobierno para que la gente de la isla reciba la ayuda que necesita”, agregó el portavoz.

Joanisabel González colaboró con este reportaje.


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