Del bolsillo del abonado de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) salen a diario $1 millón para costearle la luz a personas o entidades que consumen el servicio y no lo pagan -o pagan poco- porque están subsidiados.
En concreto, los subsidios energéticos dados durante el pasado año fiscal a hoteles, iglesias y grupos de interés social, condominios, residenciales públicos y municipios, entre otros, totalizaron $365.2 millones, dinero que la AEE cobró a través de la factura de luz de sus abonados.
Para que comprenda mejor, sepa que esos $365.2 millones hubieran servido, por ejemplo, para pagar el sueldo básico anual a 17,901 maestros, 12,173 policías y enfermeras con licencia y 17,193 trabajadores sociales.
Si aún le quedan dudas del astronómico gasto, la cifra también iguala los fondos federales que el Departamento de la Familia recibe al año para protección de menores, y el dinero de Medicaid que el Gobierno obtuvo en 2011 para servicios a los médico-indigentes.
Con toda probabilidad su intención sea fijar culpas por este golpe a su bolsillo, pero piénselo dos veces antes de enfilar los cañones hacia la AEE. Y es que, a excepción de una tarifa especial por consumo energético para incentivar la agricultura, todos los subsidios son criaturas de la Legislatura.
“Estos impuestos son el producto de las leyes que crean nuestros legisladores. La AEE no puede imponer impuestos. La AEE cobra lo que la Legislatura ordena”, destacó el ingeniero electricista Agustín Irizarry, uno de los dos representantes ciudadanos en la Junta de Gobierno de la AEE.
“Ninguno de estos subsidios los crea la AEE. Históricamente, siempre nos hemos opuesto a su aprobación”, dijo, por su parte, el director ejecutivo de la corporación pública, Juan F. Alicea.
La AEE cobró los $365.2 millones en subsidios a través de las fórmulas de ajuste por compra de combustible y energía incluidas en la factura de luz. Ambas ecuaciones tienen componentes que poco o nada tienen que ver con combustible o energía. Tal es el caso del Factor 0.89, que le permite a la AEE cobrar a sus clientes una suma igual al 11% de sus ingresos brutos, dinero que usa para subsidiar a los municipios.
La mayor tajada
Precisamente, fueron los 78 municipios los que se llevaron la mayor tajada de los subsidios energéticos, con $285.2 millones, según un cálculo preparado por Irizarry. Este subsidio a los municipios crece año tras año. En 1995, por ejemplo, fue de $95 millones, o sea, $190.2 millones menos que el año pasado.
Aunque reconocieron que la cifra es alta, tanto el presidente de la Asociación de Alcaldes, José A. Santiago, como el vicepresidente de la Federación de Alcaldes, Aníbal Vega Borges, rechazaron que sea un subsidio. Dijeron, en cambio, que la “contribución en lugar de impuestos” es un acuerdo entre la AEE y los municipios mediante el cual la corporación pública no paga tributos municipales a cambio de que los ayuntamientos nopaguen luz.
“Los municipios no somos una corporación que se está haciendo millonaria con la AEE, somos entes de servicios a la comunidad. Si nos quitan la contribución en lugar de impuestos, los ciudadanos se quedarían sin esos servicios”, sostuvo Santiago.
Vega Borges, por su parte, dijo que si el subsidio se elimina, muchos municipios no tendrían con qué pagar la luz porque sus arcas están desangradas.
484,227 subsidiados
El resto de los subsidios energéticos dados el pasado año fiscal totalizó $80 millones. Unos 484,227 de los 1.5 millones de clientes de la AEE recibieron alguna de estas ayudas.
La partida mayor de este segundo grupo fue el subsidio residencial de combustible, con $29.2 millones. Este subsidio, explicó Irizarry, concede un crédito a los clientes que consumen hasta 425 kilovatios-hora al mes. “Aunque es uno de los más costosos, nos interesa mantenerlo porque hay que incentivar el ahorro de energía. Empero, se le puede dar la vuelta para llevarlo a una inversión de infraestructura que nos lleve a ser más eficientes, por ejemplo, con paneles solares”, comentó.
Siguen en la lista los subsidios a los residenciales públicos ($15.4 millones), a los clientes industriales ($10.1 millones) y a los hoteles ($9.6 millones). Alicea e Irizarry manifestaron que estos subsidios merecen revisión e, inclusive, podrían eliminarse.
El sexto lugar en la lista lo ocupó el subsidio para mantener el servicio de irrigación, con $5.6 millones; mientras que el séptimo puesto fue para el subsidio a los equipos de preservación de la vida, con $5.1 millones.
El subsidio a las iglesias y grupos de bienestar social ocupó el octavo puesto, con $3 millones. “Este es un subsidio polémico, pero cuando se mira con cuidado no es tan grande y quitarlo no sería necesariamente útil porque estos grupos cumplen un rol social”, dijo Irizarry, quien, sin embargo, opinó que el subsidio a los condominios, que costó $1.4 millones en el 2012, sí debe eliminarse.
La lista de impuestos legislados la completan tres subsidios menos costosos: a industrias mediante créditos contributivos ($581,000), a sistemas de acueductos comunales rurales ($5,200) y a clientes comerciales en centros urbanos ($2,000). La tarifa especial -no legislada- para incentivar la agricultura costó $542,200 en 2012.
Incentivo a la incompetencia
El otorgamiento de subsidios, no solo pone en riesgo los ingresos propios de la AEE, sino que coloca a la corporación en una posición de incompetencia frente a una economía cada vez más débil, coincidieron el profesor de administración pública Cecilio Ortiz y el economista y planificador Elías Gutiérrez.
“Se coloca al país entero en una posición de no competencia”, dijo Gutiérrez.
Ambos señalaron que la existencia de tantos subsidios es producto de una acción legislativa que, en vez de responder a los intereses del pueblo, cede ante presiones político-partidistas. Esto, a su vez, demuestra que las corporaciones públicas han perdido autonomía.
“Ese clientelismo político es lo que promueve que se negocien los subsidios en la AEE. Cada vez que la administración negocia un subsidio se hunde más y más la administración pública de la energía, ya que el interés de unos pocos se mueve en detrimento de otros. Unos pagan menos a cuenta de que otros paguen más”, indicó Ortiz.
“Los políticos llegan al poder con la visión de hacer lo que le conviene a su partido, no al país. Como los partidos viven para ganar elecciones, administran para esos fines y ofrecen subsidios a sectores que creen que les pueden traer votos. Por lo tanto, es un mito decir que en la AEE todo es técnico y la corren ingenieros; la burocracia está bien inmersa y el funcionamiento, en esencia, es bien partidista”, agregó.
En momentos en los que se habla de privatizar la AEE o abrir a competencia parte del sistema eléctrico, Gutiérrez y Ortiz sostuvieron que ninguna empresa asumiría un riesgo tan grande como $365.2 millones en subsidios.
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