Los abogados Luis Rivera Santana, María Soledad Sáez y el licenciado Jorge Gordón señalaron que el Departamento de Justicia le faltó al derecho al solicitarle a Facebook que le compartiera información confidencial sobre Diálogo UPR, Pulso Estudiantil y el Centro de Comunicación Estudiantil. (Gerald López Cepero)

El Departamento de Justicia de Puerto Rico bajo la jefatura de Wanda Vázquez diligenció y consiguió la información de miles de usuarios de la red social Facebook, que siguieron a dos medios de comunicación estudiantil y al medio oficial de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

En una orden de registro y allanamiento a Facebook, el agente de la División de Crímenes Cibernéticos del Departamento de Justicia, Luis A. Lasalle Vargas, pidió el 5 de mayo de 2017, que la compañía multinacional les entregara la información relacionada a las páginas de Pulso Estudiantil, Diálogo y Centro de Comunicación Estudiantil, incluyendo la interacción y los comentarios de sus seguidores.

Esa orden tan amplia se dio en el contexto de que un grupo de universitarios irrumpió la reunión de la Junta de Gobierno de la UPR en la que se discutía el aumento al costo de la matrícula y el recorte presupuestario de $241 millones. 

Las autoridades estatales acusaron, por estos hechos, a siete universitarios quienes enfrentarán juicio el 12 de noviembre. Sin embargo, el modo en que el Estado les identificó y procesó criminalmente ha avivado el recuerdo de las carpetas junto a la preocupación de que, a través de los aparatos electrónicos, se estén normalizando los registros irrazonables. 

“Eso es un carpeteo electrónico”, mencionó el abogado Luis Rivera Santana, en una entrevista con El Nuevo Día en la que le acompañó la licenciada María Soledad Sáez y el licenciado Jorge Gordón. Los entrevistados representan a tres de los siete universitarios acusados.

Justicia no solo registró el material grabado en directo durante la manifestación que ocurrió el 27 de abril de 2017, sino la información de los administradores de las páginas de estas organizaciones de prensa, incluyendo su dirección, teléfono y cualquier transacción bancaria.

Se registraron también los comentarios que hicieron las personas desde la comodidad de sus casas y los mensajes privados enviados antes y después del incidente.

El registro solicitado por Lasalle Vargas produjo un expediente de miles de páginas con el historial de las publicaciones de la prensa universitaria en Facebook, así como los nombres de sus miles de seguidores con su número de identificación de usuario, según los documentos que pudo examinar este diario.

Orden de allanamiento del Departamento de Justicia a medios digitales by El Nuevo Día on Scribd

Sáez recordó que todavía está vigente la orden del Supremo en el caso de las carpetas (Noriega v. Gobernador) que prohíbe almacenar información de personas por motivo de sus creencias políticas e ideológicas, sin que exista prueba de delitos. 

Pide investigación cameral

Alarmado por este asunto, el representante independentista Denis Márquez presentó la resolución de la Cámara 1545, para investigar si estas órdenes de registro son constitucionales a la vez que escribió cartas a la secretaria de Justicia, Dennisse Longo y a la Comisión de Derechos Civiles (CDC).

La Carta de Derechos establece que sólo se autorizarán registros y allanamientos por orden judicial, cuando exista causa probable y esté apoyada en un juramento describiendo el lugar a registrarse o las cosas a ocuparse.

“Se solicitó información que, incluso, no tenía nada que ver con la investigación y estamos hablando de medios de prensa”, puntualizó Márquez quien tuvo acceso a la declaración jurada del agente de la división de crímenes cibernéticos de Justicia.

El legislador quiso llevar el mensaje a las autoridades de “que hay un informe de la CDC que cuestiona esa práctica y Justicia, en el ejercicio de sus funciones investigativas, no puede provocar la violación de derechos constitucionales a terceros”.

“Materia confidencial”

En declaraciones escritas, la secretaria de Justicia se negó a ofrecer información sobre los procesos de investigación al alegar que “son materia confidencial”. 

“Comentar sobre el caso, los procedimientos investigativos que resultaron en la recopilación de evidencia o las estrategias de litigio del Departamento de Justicia seria contrario al interés público”, indicó a El Nuevo Día.

Longo dijo que estarían evaluando la resolución cameral, pero anticipó que defenderán las potestades constitucionales que tienen de investigar los delitos según el ordenamiento jurídico.

“Esos procesos no son distintos en casos donde el delito surge en el curso de una manifestación, protesta o huelga. Todos los delitos se investigan con el mismo celo y seriedad”, dijo por escrito.

Entretanto, la directora de Pulso Estudiantil, Marisol Nazario Bonilla, dijo a este diario que a ella y los demás integrantes del medio universitario les sorprendió la noticia de que sus nombres e información estuvieran en manos de la fiscalía, lo que consideran una violación de la libertad de prensa y la privacidad que le deben a sus fuentes. 

“El gobierno tiene acceso a saber quiénes son nuestras fuentes (si alguna de ellas escribió por mensaje privado de Facebook) y si ocurrió con nosotros, que somos un medio estudiantil, puede también ocurrir con medios corporativos como El Nuevo Día, Primera Hora, El Vocero o Metro”, alertó.

El contexto de la huelga

La investigación de fiscalía surgió en el contexto de una huelga universitaria, que se prolongó durante dos meses en el primer semestre de la administración de Ricardo Rosselló

Sáez indicó que, a diferencia de los arrestos y acusaciones en huelgas anteriores, “estos casos surgen de Justicia, no es un agente que arresta a una persona que alegadamente cometió un delito en su presencia”.

Gordon observó que “bajo esta administración, han tenido mucho cuidado en procesar estos casos contra los manifestantes porque pretenden dar un mensaje”.  Recordó que los delitos por los cuales se acusó a los estudiantes surgen de las enmiendas al Código Penal introducidas en mayo de 2017, y enfatizó que “todas las enmiendas del código están dirigidas a criminalizar las manifestaciones”.

Los abogados de defensa de los siete estudiantes de la UPR le llaman a este operativo la “expedición de pesca de Justicia”, a la vez que alegan que hubo selectividad en el procesamiento.

En el descubrimiento de prueba, trascendió que Justicia se valió de un informante anónimo que entregó fotos de los acusados y de personas que ni siquiera participaron en la manifestación, donde se les identificaba por su afiliación al Partido del Pueblo Trabajador (PPT) y al Partido Independentista Puertorriqueño (PIP). 

A diferencia de los demás, una fiscal fue quien entró al perfil de Facebook del PPT para identificar a la joven acusada Alexa Paola Figueroa como sospechosa, según documentos del caso.

Los demás acusados en este caso son Gabriel Díaz Rivera, Verónica Figueroa Huertas, Randiel Negrón Torres, Francisco Santiago Cintrón, Thaliangelly Torres González y Juan Carlos Collazo Vázquez.


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