El senador José Vargas Vidot. (GFR Media=

El senador independiente José Vargas Vidot adelantó hoy que insistirá -a través de la radicación de una nueva pieza legislativa- en las garantías que, dijo, buscaba brindarles a los empleados de la empresa privada durante este período de emergencia a través del Proyecto del Senado 1538 que fue derrotado por la Cámara de Representantes el jueves pasado.

La medida original les ordenaba a los patronos privados, en caso de un receso laboral parcial o prolongado por el COVID-19, a continuar pagándole a los empleados su salario o compensación y a no descontarle los días u horas recesadas de ninguna licencia. “Estoy preocupado eternamente por los empleados y no voy a claudicar nunca porque esa reforma laboral para el sector privado fue un veneno”, expresó en entrevista con este rotativo.

Dijo que la nueva pieza legislativa incluiría lenguaje dirigido a que sea el gobierno el que venga obligado a identificar -dentro del dinero depositado para la emergencia- algún tipo de indemnización o incentivo salarial para las personas desprovistas de licencias, ya sea porque no cuentan con el beneficio o porque la empresa para la que trabajan no puede sostener la compensación durante el cierre parcial o completo.

El Senado sesiona este martes, 24 de marzo.

“Los empelados parciales no acumulan ninguna licencia y tampoco los que están en períodos probatorios que son nueve largos meses”, dijo.

El proyecto, específicamente en el caso de los patronos privados, establecía, además, que la paga a los trabajadores a tiempo parcial o por hora, sería a base del promedio de horas trabajadas semanalmente. Mientras, a los empleados a tiempo completo, pero que no habían cumplido el tiempo probatorio dispuesto por Ley, el patrono debería proveerle una licencia de enfermedad con paga por un período máximo de 5 días.

Vargas Vidot lamentó que la medida fuera derrotada en la Cámara de Representantes sin que se evaluarán los cinco capítulos adicionales que establecían la cobertura gratuita de la prueba de coronavirus y fijaba moratorias automáticas en los empréstitos personales, comerciales e hipotecarios, así como en los desahucios. “La Cámara destruyó un sistema articulado por un salubrista de asistencia económica y asistencia social. La secuela de una pandemia no es patológica, son económicas. Las pandemias dejan gente muerta por estresores, por suicidios”, advirtió Vargas Vidot.

Igualmente, el proyecto de ley original les prohibía a los establecimientos de cuido prolongado a desahuciar, expulsar o remover a sus residentes antes o durante una declaración de emergencia, situación que experimentó la población de la tercera edad tras el paso del huracán María, recordó la senadora del Partido Popular Democrático (PPD), Rossana López, coautora de la medida.

López indicó que no tiene “ningún problema” en considerar un nuevo proyecto que atienda, particularmente, los primeros tres capítulos de la medida original dirigidos a que las aseguradoras de salud cubran la prueba del coronavirus COVID-19 y a proteger el techo de las personas de edad avanzada en centros de cuidados prolongado. Si estos puntos no se atienden, dijo, el gobierno “está poniendo en riesgo a muchas personas que podrían quedar a merced del canibalismo de los servicios de salud”.

Aunque el lenguaje a incluirse en la medida aún está discusión, López reconoció que añadir el capítulo que busca garantías para la clase trabajadora podría impedir la aprobación de la medida. “No hay disponibilidad de la Cámara para enmiendas”, señaló.

Dijo que contrario a su actuación, la Cámara, en vez de colgar la medida, pudo haber promovido la inclusión de enmiendas, escenario que estaban dispuestos a considerar. “Si hubiesen estado conscientes de la importancia de esos primeros tres capítulos, se hubiese visto la buena fe y voluntad”, expresó.

Agregó que le levantó suspicacia la actuación de cuerpo humano que sí favoreció el Proyecto de la Cámara 2428 que -como parte de las enmiendas hechas en el Senado- crea una nueva licencia especial de enfermedad de cinco días con paga, que podrá ser utilizada por empleados del sector privado durante declaraciones de emergencias relacionadas a enfermedades específicas, como el COVID-19.

En su versión original el proyecto de la Cámara 2428, de la autoría del representante José “Quiquito” Meléndez ordenaba la creación de la licencia de cinco días, pero sin paga, a ser usada por empleados del sector privado diagnosticados con una enfermedad que les impidiera laborar durante una emergencia. El beneficio se aplicaría una vez agotadas otras licencias como la de enfermedad o la de vacaciones.

El senador penepé Carlos Rodríguez Mateo, también coautor de proyecto del Senado 1538 sostuvo que siempre visualizó la pieza legislativa como una de corte salubrista que atendía aquellas áreas que podría ser de preocupación entre los ciudadanos y que los podría llevar al incumplimiento del aislamiento social impuesto por la gobernadora Wanda Vázquez hasta el próximo 30 de marzo.

“Reconozco que la pieza para algunos sectores pudiera ser bien radical, pero pensaba que en la discusión en el hemiciclo se iba a afinar e introducirle enmiendas”, expuso Rodríguez Mateo, quien es doctor en medicina.

Habrá que esperar

El economista Gustavo Vélez sostuvo en que no se deben legislar medidas de impacto fiscal hasta tanto no se tenga un cuadro claro y certero del efecto que tiene en la económica de la isla todo lo que está ocurriendo a nivel local y mundial. “Hay unos estimados por la cantidad de personas que están en sus casas, pero es cuando pasen esos 15 días que hay que ver qué ha pasado, qué sector se afectó, cuánta gente no cobró”, señaló.

“Esta crisis está ocurriendo con el gobierno en quiebra, que no tiene un cofre con dinero más allá del que tiene para pagar la deuda… esta iniciativa puede ser loable o bien simpática para las gradas y, necesaria posiblemente, pero no se puede legislar así”, puntualizó al agregar que la rama legislativa y la ejecutiva se deben sentar con el sector privado para coordinar incentivos y estrategias a establecerse durante y después de la crisis.

Agregó que las propuestas deberían canalizarse a través del task force que creará la gobernadora dirigido a atender el impacto económico creado por la crisis del COVID-19.

El también economista José Joaquín Villamil reconoció las virtudes que tiene la medida presentada por Vargas Vidot, como el acceso gratuito a las prueba de coronavirus COVID-19 y la atención que le da a la población de la tercera edad. “Las medidas propuestas en el PS 1538 son un paso positivo que debe venir complementado con una política pública sobre esta población que permita integrar esfuerzos y actuar coordinadamente para atender sus necesidades”, dijo.

Reconoció que la medida original, aunque proveía una protección a los empleados del sector privado, hubiera podido agravar el impacto económico, particularmente en empresas medianas y pequeñas. “La propuesta de que los patronos continúen pagando el sueldo a los empleados, de la empresa decidir cesar operaciones por el coronavirus, puede poner en peligro la existencia de muchas empresas que no tienen el capital necesario para recuperarse”, señaló.

“La lección que tenemos que aprender es que el sistema económico nuestro es muy complejo y muy frágil y que cualquier medida que trastoque su equilibrio debe ser analizada con sumo cuidado”, añadió Villamil.

El presidente de Oriental Bank, José Rafael Fernández, por su parte, prefirió no hacer comentarios referentes a la propuesta legislativa, ya que en los próximos días podrían estar haciéndose unos anuncios por parte de Ejecutivo para ayudar a los trabajadores. “Esperaría porque creo que viene un paquete de propuestas que va a implementar la gobernadora y creo que van cónsono a todo lo necesario para dar el alivio a las personas y los negocios”, dijo.

Agregó que Oriental ha estado en contacto con los clientes comerciales para poder ver cuáles son sus necesidades y poder atenderlas. “La banca está más que lista para poder ayudar”, señaló Fernández.


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