La primera ejecutiva, Wanda Vázquez. (Xavier J. Araújo Berríos)

“Nosotros vamos a hacer las cosas bien y nosotros con el recibo de ese fondo vamos a hacer las cosas bien. No importa que pongan un monitor”.

De esta forma reaccionó la gobernadora Wanda Vázquez Garced a la determinación de la administración de Donald Trump de imponer nuevos requisitos sobre el uso de $8,285 millones en fondos del programa de desarrollo comunitario para atender desastres (CDBG-DR) para proyectos de mitigación.

Luego de que la isla experimentara una cadena de terremotos y que la presión del Congreso aumentara, el gobierno de Trump aceptó publicar las guías sobre el uso de los $8,285 millones en fondos CDBG-DR destinados para proyectos de mitigación. Asimismo, la administración de Trump prometió desembolsar pronto al gobierno de Puerto Rico $1,000 millones de otra partida de $8,221 millones autorizada hace 11 meses.

Sin embargo, también el Departamento de Vivienda federal (HUD, por sus siglas en inglés) que administra estos fondos, anunció la designación del abogado Robert Couch como monitor como parte de los nuevos requisitos.

“Vamos a esperar que lleguen las guías y evaluarlas (para ver) cuáles son esas condiciones que se han impuesto en los fondos de HUD y cualquier recomendación o que nosotros tengamos inclusive que ir a Washington con relación a lo que se desglose en esas guías, así lo vamos a hacer”, apuntó la gobernadora sobre las nuevas guías.

“Nosotros le dijimos a los congresistas y a HUD ‘díganme cuáles son las requisitos, cuáles son las recomendaciones. Nosotros vamos a cumplir porque nosotros lo que queremos es la disposición del dinero para nuestra gente, así que nosotros no tenemos miedo. No tenemos temor a que venga un monitor. Vamos a trabajar con él como hemos manejado con la Junta (de Supervisión Fiscal)”, agregó.

Indicó que aún no ha tenido comunicación con Couch.

“Ya hicimos el acercamiento. Estamos esperando que se nos conteste para que nos podamos reunir. Con relación a las restricciones, vamos a ver cómo finalmente recibimos las guías y, en ese momento, tomaremos las determinaciones. Los fondos son federales”, afirmó la gobernadora.

Actualmente, HUD solo ha enviado a la isla $1,507 millones de los cerca de $20,500 millones asignados después del azote huracán María. El gobierno de Puerto Rico solo había utilizado $10.8 millones de esos fondos hasta diciembre pasado, según la agencia federal.

Las nuevas guías de HUD exigen que Puerto Rico incluyen pedir autorización a la JSF que controla las finanzas públicas antes de presupuestar los gastos y que haya una base de datos sobre el registro de parcelas y propiedades para así explicarle al gobierno de Trump cómo va a prevenir el fraude, el abuso y la pérdida de dinero.

Este último requisito contrasta con las miles de familias que tuvieron problemas para reclamar ayuda de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias Federal (FEMA) porque no cuenta con los documentos sobre la titularidad de sus residencias.

Los nuevos requisitos también incluyen obviar una orden ejecutiva firmada por el pasado gobernador, Ricardo Rosselló Nevares-, que obliga al gobierno pagarle $15 la hora a los trabajadores de proyectos financiados por fondos destinados a la reconstrucción de la Isla.

Las expresiones de la gobernadora se produjeron al finalizar una reunión con legisladores, incluyendo los de la minoría popular para ofrecerle un recuento de los trabajos de recuperación tras los sismos.


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