La prolongación del caso de bancarrota de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) –cuyo resultado sigue siendo incierto en medio de las destituciones en masa en la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y el subsiguiente retiro del respaldo de amplios grupos de acreedores al Plan de Ajuste propuesto– significa paralelamente la continuidad de los gastos de consultoría que, por los pasados cinco años, ha representado el grueso de las contrataciones externas de la corporación pública.