Luego de una dilación de varias semanas en la que mantuvo en suspenso la preparación de su petición de ingresos para los siguientes años fiscales, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) confirmó este viernes que solicitó al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) que incorpore los gastos de pensiones –ascendentes a unos $300 millones anuales– al análisis de revisión de la tarifa base del sistema eléctrico.

Incluir las obligaciones con el Sistema de Retiro de la AEE tiene un costo estimado de 1.88 centavos por kilovatio hora (kWh), señaló la directora ejecutiva de la empresa estatal, Mary Carmen Zapata, en un comunicado de prensa.

El cómputo del costo de las pensiones no fue incluido por LUMA Energy al someter al NEPR, el jueves, la petición de revisión de la tarifa base, toda vez que la AEE no entregó sus estimados presupuestarios al operador privado hasta el 30 de junio. Al aumento de 11 centavos por kWh que LUMA presentó, a base de los requisitos de ingresos del propio consorcio, los que sometió Genera PR y estimados genéricos preparados para la AEE, habría que sumarle ahora el gasto del Sistema de Retiro.

En sus expresiones escritas, Zapata sostuvo que los gastos de pensiones deberán incluirse como parte de una petición de ajuste provisional a la tarifa, el mecanismo al que el NEPR puede recurrir para garantizar el funcionamiento del sistema eléctrico mientras analiza la petición de aprobación de la tarifa base permanente. Si bien la evaluación de la revisión tarifaria puede extenderse hasta abril de 2026, el ajuste provisional podría implantarse tan pronto como entre septiembre y octubre de este año.

Desde finales de 2023, el Sistema de Retiro de la AEE, del que dependen sobre 12,500 jubilados y cónyuges, se ha sufragado mediante préstamos del gobierno central autorizados por la Junta de Supervisión Fiscal.

“Ante este escenario crítico, la AEE ha determinado que la única solución viable en este momento es integrar los costos de pensiones en una tarifa provisional para el año fiscal 2025-2026. Esta tarifa, estimada en 1.88 centavos por kilovatio-hora, permitiría garantizar la continuidad en los pagos de las pensiones a todos nuestros jubilados”, expresó Zapata.

Puntualizó que la JSF condicionó la continuidad hasta septiembre de las asignaciones del gobierno central a que el pago de las pensiones se incluyera en la petición de ajuste provisional. Se espera que, una vez el NEPR autorice el ajuste provisional, se haga una reconciliación retroactiva al 1 de julio de las facturas de los clientes.

La tarifa base del sistema eléctrico –el componente de donde se cobran los fondos para gastos ordinarios de los operadores– no ha sido objeto de revisión desde 2017. En el caso del sistema de pensiones, la AEE ha acumulado más de $800 millones en deudas de aportaciones patronales desde 2014, y se estima que la deficiencia actuarial ronda los $4,000 millones.