Entre 2019 y lo que va de 2025, al menos, 156 menores de edad quedaron huérfanos como resultado de un feminicidio, realidad que llevó al Observatorio de Equidad de Género a urgir el desarrollo de una política pública de reparación de daños para atender los traumas de estos jóvenes, “olvidados” como víctimas colaterales de la violencia machista en Puerto Rico.

El dato fue revelado este miércoles, durante la conferencia anual del Observatorio titulada “Feminicidio y Niñez: Estrategias para la Protección y Reparación”, celebrada en el Colegio de Abogados y Abogadas. La doctora Débora Upegui Hernández, analista de la organización, estuvo a cargo de la presentación, en la que añadió que, en el período mencionado, se registraron 459 víctimas de feminicidio, de las cuales 128 fueron víctimas de feminicidio íntimo. Además, 125 de las víctimas eran madres de hijos adultos y menores de edad, mientras 83 de estas eran madres de hijos menores.

“Hay un vacío en Puerto Rico para atender estos huérfanos por feminicidios y, contrario a otros países, no existe una política pública reparadora para estos menores. La ausencia de esta atención específica para poblaciones vulnerables no es inocua, pues genera consecuencias que perpetúan las desigualdades”, sostuvo, por su parte, Stephanie Figueroa, directora ejecutiva de la entidad.

Según Figueroa, países como Uruguay, México, Chile, Perú, Ecuador, Argentina y Colombia cuentan con políticas dirigidas a brindar servicios y apoyos de reparación y protección a los menores que pierden a sus progenitoras a causa de un feminicidio. Además, enumeró los cuatro pilares principales que suelen incluir estas iniciativas: acceso universal a apoyos económicos y educativos, servicios de salud mental con un enfoque en trauma, registro nacional y políticas coordinadas interseccionalmente.

Para la directora de la organización líder en el monitoreo y análisis de la situación de violencia de género en el archipiélago, el Estado mantiene una “deuda histórica” con los menores huérfanos por feminicidio, por entender que “fueron invisibilizados institucionalmente y privados de una reparación digna, integral y transformadora”. Agregó que, si bien el Departamento de la Familia coordina recursos terapéuticos para niños sobrevivientes, no cuenta con protocolos diferenciados para huérfanos de feminicidios frente a otros menores de edad en situaciones de maltrato o trauma.

Por su parte, Upegui Hernández señaló que las estadísticas compartidas son estimados preliminares, pues, en ocasiones, los récords de los casos –de agencias como la Policía y el Poder Judicial– no hacen referencia a si la víctima tenía o no hijos. Indicó que son más ignorados cuando se trata de hijos adultos o que no presenciaron los hechos.

“Invisibilizar o ignorar a las víctimas indirectas o secundarias de los feminicidios contribuye a mantener los ciclos intergeneracionales de violencia. La violencia feminicida genera vulnerabilidad en la situación económica, el acceso a la vivienda, el acceso a educación, acceso a servicios de salud y genera estrés en las relaciones familiares”, apuntó.

Destacó que la reparación integral de las víctimas y sus familiares no debe limitarse a la búsqueda de justicia desde el entendido penal tradicional. “Una reparación integral debe comprender la restitución. Si, en este caso, no se puede lograr devolver las víctimas a su situación anterior, sí se pueden lograr condiciones dignas para sus hijos, hijes y adolescentes que le sobreviven”, ejemplificó. También, debe incluir el “reconocimiento público de la responsabilidad estatal y social frente a la violencia feminicida”, garantías de no repetición relacionadas con la prevención del delito e indemnización, que debe incluir aspectos de vivienda, salud y educación.

Entre las recomendaciones del Observatorio, la analista mencionó la necesidad de crear protocolos para identificar y atender la situación de vulnerabilidad de la niñez e hijos adultos que sobreviven feminicidios, así como la urgencia de “eliminar la invisibilidad estadística que existe alrededor de la realidad de menores y familiares que sobreviven un feminicidio o se ven afectados. Esta invisibilidad impide conocer la magnitud del impacto de la violencia feminicida sobre la niñez y las familias”.