Mientras el gobernador Pedro Pierluisi defendía su orden ejecutiva más reciente para detener los contagios del COVID-19, los alcaldes del opositor Partido Popular Democrático (PPD) decidieron imponer sus propios decretos con disposiciones más estrictas que las del Estado, ante el dramático aumento en los casos que se ha experimentado en las últimas semanas con la propagación de la variante británica del novel coronavirus.

Al mismo tiempo, algunos miembros de la Federación de Alcaldes, que agrupa a los ejecutivos afiliados al Partido Nuevo Progresista (PNP), aunque no se unían a sus homólogos populares, resaltaban que los ayuntamientos deben tener la capacidad de recrudecer las restricciones sociales y comerciales si se detectan niveles altos en los contagios en su zona.

Según Luis Javier Hernández, presidente de la Asociación de Alcaldes, la decisión de imponer medidas más severas fue unánime y respondió, además del aumento en los casos, a la negativa del mandatario de incluirlos en la toma de decisiones y a la percepción de que Pierluisi no haría mucho para detener la oleada de contagios puesto que, mientras se registraba el alza, se había trasladado a la capital estadounidense a participar en las vistas de status en el Congreso.

“Viendo el repunte de casos y que el gobernador aparentaba esta semana que no haría nada -porque se fue a Washington- los alcaldes decidimos sentarnos y discutir recomendaciones para llegar a un consenso”, aseveró el alcalde rojo.

Hernández detalló que los decretos municipales estarían en vigor durante 15 días y se implantarían desde ayer, viernes, hasta el 30 de abril.

Las disposiciones en las órdenes municipales incluyen el cierre de playas y balnearios, la cancelación de actividades sociales y el regreso a la modalidad de trabajo virtual para aquellos empleados que puedan ejercer sus funciones de manera remota. Los decretos también incluyen una serie de exigencias al Estado, como la administración masiva de pruebas diagnósticas, la ampliación de los horarios de vacunación y el mejoramiento de las campañas educativas para prevenir las infecciones.

“Nuestro llamado al gobierno es a que recapacite con el asunto de los aeropuertos y no permita la entrada de personas que no tengan prueba negativa molecular. Estamos pidiendo una vacunación 24/7 hasta que el nivel de vacunación suba dramáticamente. Estamos pidiendo una campaña masiva de pruebas y saber el comportamiento de la pandemia”, manifestó el también alcalde de Villalba.

Al otro lado del espectro político, el presidente de la Federación de Alcaldes, Ángel Pérez Otero, indicó que espera que la decisión de los alcaldes asociados sea “genuina” y no tenga intenciones políticas ulteriores. Destacó, sin embargo, que los ayuntamientos deben tener la capacidad de imponer restricciones adicionales a las impuestas por el Estado, según el nivel de contagios que se experimenta.

“Yo espero que no se esté politizando este tema y si es genuino y los 41 (alcaldes asociados) entienden que tienen que ser más restrictivos, pues no hay ningún problema. Ellos tienen la autoridad en ley”, manifestó Pérez Otero.

“Cada municipio tiene su particularidad, la solicitud que le hicimos al gobernador es que si un alcalde, conforme al nivel de posibilidad del municipio, entiende que debe ser más restrictivo, que pueda tomar decisiones”, añadió el también alcalde de Guaynabo.

El alcalde novoprogresista de Cabo Rojo, Jorge Morales Wiscovitch, al ser consultado sobre el asunto, indicó que evaluará los números de contagios para determinar el cierre de los balnearios en este pueblo costero.

“Estamos evaluando seriamente tomar medidas más restrictivas en el municipio, y no descartamos, si los números siguen en ascenso, hacer algún tipo de cierre para que el virus no se siga propagando”, dijo Morales Wiscovitch. Indicó que, luego de las aglomeraciones en las playas durante Semana Santa, en su pueblo hay 242 casos positivos actualmente, lo que, al parecer, no le pareció muy elevado. “La gente colaboró en su mayoría y en el municipio hubo un control razonable dentro de las circunstancias. No puedo negar que había mucho bote y muchas personas, pero hubo algún tipo de control”, comentó.

El gobernador, entretanto, minimizó la determinación de los alcaldes populares, al afirmar que la más reciente orden ejecutiva, que, entre otras cosas, reduce la ocupación permitida en los establecimientos comerciales e impone exigencias a los viajeros, tiene las medidas necesarias para prevenir los contagios. Rechazó el cierre de las playas, al entender que las infecciones no se están dando en estos espacios costeros.

“He pedido cooperación de todo nuestro pueblo para atajar el repunte de casos de COVID-19, y eso incluye a los alcaldes. Espero que se concentren en cooperar con la fiscalización del cumplimiento de la orden ejecutiva según enmendada ayer. Las preocupaciones que expresan todos están atendidas en el anuncio que se hizo, incluyendo exigir la prueba molecular negativa a los viajeros y eliminar la opción de cuarentena voluntaria sin prueba”, expresó el mandatario.

Pierluisi aseguró, en declaraciones escritas, que el proceso de vacunación sigue avanzando, que el acceso a pruebas diagnósticas ha aumentado, que expandieron las campañas educativas y que duplicaron los agentes investigativos que fiscalizan el cumplimiento de los decretos de emergencia contra el coronavirus.

“Exhorto a los alcaldes del PPD a cooperar con el gobierno para hacer cumplir la orden, en vez de estar tratando de criticar cosas que ya se están haciendo. Es momento de unir esfuerzos por nuestro pueblo”, sostuvo Pierluisi.

El reportero Ricardo Cortés Chico colaboró con esta historia.