Análisis revela obstáculos de acceso a la justicia a través del presupuesto del gobierno

El presupuesto del Fondo General propuesto por el gobierno de Puerto Rico para el año fiscal 2021, así como los presupuestos durante los pasados diez años, sostienen una reducción de fondos a entidades gubernamentales que proveen acceso a la justicia a la ciudadanía, al tiempo que se limita el tiempo y la participación ciudadana en la discusión presupuestaria.

La denuncia de las organizaciones Espacios Abiertos y Ayuda Legal Puerto Rico se centró específicamente en las procuradurías del Paciente, Mujeres y Ciudadano, así como el Tribunal General de Justicia.

“Son instituciones a las que se le asignan responsabilidades relacionadas a fomentar el acceso a la justicia, como orientar a las personas sobre sus derechos, investigar violaciones de derecho, hacer inspecciones, procesar querellas, conceder remedios, imponer multas e, incluso, acudir a los tribunales en representación de las personas”, sostuvo Nicole Díaz, analista de política publica de Ayuda Legal, entidad sin fines de lucro que se dedica a hacer trabajo de educación, apoyo legal y abogacía de impacto social.

En el caso de la Procuraduría del Ciudadano, el análisis que fue presentado esta tarde encontró que el presupuesto de dicha entidad ha visto una reducción de 51% desde el año fiscal 2010. Además, ha visto una merma de 37% en su personal, de 103 en el 2012 a 65 en el 2019, lo que se ha traducido en carencia de empleados en áreas esenciales de servicio directo a la ciudadanía.

De hecho, el resumen presupuestario para el 2021 de esa entidad reconoce que "a pesar de que la población de Puerto Rico se está reduciendo, nuestras estadísticas continúan aumentando debido a los pobres servicios recibidos de las agencias que deben proveerlos”.

Por otro lado, en la Procuraduría de las Mujeres, la reducción en diez años ha sido de un 18%, con una merma en personal de un 30%. Dicha oficina, detalló Díaz, no cuenta en este momento con abogadas y abogados para representación legal y tiene un solo inspector.

“La forma en que se está compensando es aumentando la cantidad de empleados transitorios en lugar de empleados de carrera. Esto lo que refleja es que también hay una degradación de las condiciones de empleo”, explicó.

La Ley Habilitadora de la Ofician de la Procuradora de las Mujeres establece, además, que se deben establecer oficinas regionales, distritales o municipales para facilitar el acceso de las mujeres a estos servicios. Sin embargo, al momento solo existe la oficina central en San Juan, y en el presupuesto propuesto para el próximo año no se vislumbran cambios.

En la Procuraduría del Paciente, la reducción del presupuesto ha sido del 49% en diez años. Del mismo modo, ha visto una merma de 58% en su personal, de 52 en el 2012 a 22 en diciembre de 2019.

El análisis sostiene que dicha entidad no cuenta con una procuradora auxiliar de asuntos legales y necesita con urgencia contratar investigadores, abogados y médicos. Todo lo anterior se refleja en la capacidad para atender llamadas y querellas. En el 2010, por ejemplo, había 10,000 querellas atendidas, pero en el 2018 solo se atendieron unas 1,900.

En el 2016 colapsó el sistema electrónico de esa oficina, que es donde se mantiene una base de datos sobre la población que está atendiendo, la cantidad de casos y las querellas. Al momento, el sistema no ha sido restaurado.

“La partida que la Junta de Control Fiscal o el gobierno asignan para el próximo presupuesto no permite atender ninguna de estas situaciones. Si no es que se reduce, se mantiene la suma anterior, monto con el que apenas es posible sostener las funciones de estas oficinas”, sostuvo Díaz.  

Urge un "piso de protección social"

Las mermas presupuestarias también han afectado al Tribunal General de Justicia, que ha visto una reducción de 16% desde el 2010. Todo lo anterior es contrario a lo que se espera en el marco de derechos humanos, que es el progreso y la ampliación. “Lo que esperamos ver es que aumenten los recursos que se dirigen o que se hagan más eficientes, no lo contrario”, apuntó la analista.

“La ley Promesa te limita claramente con esa indefinición de los servicios esenciales, pero no hay nada que impida que el gobierno, de motu proprio, defina esos servicios esenciales y vaya más allá a través de esa protección de determinadas poblaciones y determinados servicios que se tienen que mantener y se tienen que proteger”, puntualizó Daniel Santamaría, analista senior de política pública de Espacios Abiertas.

En la misma dirección, la directora ejecutiva y fundadora de Ayuda Legal, Ariadna Godreau Aubert, apuntó que “ha habido un pase de bola entre la Junta de Control Fiscal y el Gobierno Central y nadie ha querido asumir la responsabilidad de definir un piso de protección social. Eso, por un lado, nos demuestra que el gobierno de Puerto Rico ha claudicado a su responsabilidad de exigir un piso de protección social de derechos fundamentales”.

El análisis también concluyó que si bien el presupuesto mantiene la misma partida que el presente año fiscal para una agencia o entidad gubernamental, o es similar, al observar el origen de los recursos hay un aumento en la dependencia de fondos federales, mientras disminuye la partida de fondos estatales.  

“El problema con eso es que las subvenciones federales tienen limitaciones, suelen ser para programas específicos, no pueden atender ciertas controversias o están sujetas al vaivén político-partidista”, explicó Díaz.

Marcada reducción en el periodo de vistas públicas

Este panorama de reducciones presupuestarias y acceso a la justicia se desarrolla a la misma vez que también disminuye el espacio de tiempo para la discusión de las partidas en vistas públicas.

Espacios Abiertos observó que previo a la entrada en vigor de la ley Promesa en el 2016, que impuso la presencia de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), había entre 40 y 60 días de discusión del presupuesto en el gobierno, pero los presupuestos del 2017 al 2020 solo contaron con entre dos y tres semanas de discusión. La entidad también encontró una tendencia peor: el presupuesto para el año fiscal 2021 solo ha tenido cuatro días de discusión.

Asimismo, antes de que la ley Promesa entrara en vigor, había entre 30 y 60 días de vistas públicas, pero los presupuestos de 2017 al 2020 tuvieron entre una y dos semanas, mientras para el próximo año fiscal solo ha habido dos días.

Aún así, la Cámara de Representantes aprobó en la noche de hoy, miércoles, un proyecto de presupuesto híbrido entre los planes presentados por la JSF y el gobierno. El presupuesto aprobado por la Cámara baja fue de $10,045 millones, la cifra propuesta por el ente fiscal.