Aunque un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones desestimó una acción para impugnar órdenes ejecutivas y administrativas emitidas para mitigar los efectos de la pandemia de COVID-19, concluyó que ni el gobernador Pedro Pierluisi ni el secretario de Salud, Carlos Mellado, están autorizados a emitir directrices que constituyan reglamentación de la conducta de la ciudadanía en general y de terceros.