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Un grupo de demandantes cuestionó a través de una acción legal el poder del estado de regular la conducta de la ciudadanía con acciones como el requisito de la vacunación contra el COVI-19 y el uso de mascarillas.
Un grupo de demandantes cuestionó a través de una acción legal el poder del estado de regular la conducta de la ciudadanía con acciones como el requisito de la vacunación contra el COVI-19 y el uso de mascarillas. (Ramón “Tonito” Zayas)

Aunque un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones desestimó una acción para impugnar órdenes ejecutivas y administrativas emitidas para mitigar los efectos de la pandemia de COVID-19, concluyó que ni el gobernador Pedro Pierluisi ni el secretario de Salud, Carlos Mellado, están autorizados a emitir directrices que constituyan reglamentación de la conducta de la ciudadanía en general y de terceros.

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