Un panel del Circuito de Apelaciones para el Distrito de Columbia desestimó ayer, viernes, un recurso de organizaciones ambientalistas contra la tubería que New Fortress Energy (NFE) construyó, en 2023, para transportar el gas natural a los 10 megageneradores temporales que el gobierno de Estados Unidos instaló en ese entonces.

Las entidades, encabezadas por El Puente de Williamsburg, alegaron desde entonces que la construcción del gasoducto de 220 pies era ilegal, pues no se había obtenido permiso de la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC, en inglés), dependencia peticionada en el recurso judicial.

Si bien el Circuito de Apelaciones, por voz del juez Gregory Katsas, validó que la tubería construida cae bajo la jurisdicción de la FERC, concluyó que quedaba a discreción de la agencia intervenir con NFE en esta etapa.

“Debido a que las órdenes reflejan un ejercicio no revisable de discreción en la aplicación de la ley, denegamos la petición de revisión”, estipuló el panel, conformado también por los jueces Bradley García y Douglas Ginsburg.

“Estamos muy decepcionados con la decisión de la corte y estamos evaluando nuestras opciones”, dijo, en declaraciones escritas, Jenny Cassel, abogada sénior de Earthjustice, estudio legal que llevó el caso a nombre de las organizaciones ambientales. “Seguiremos trabajando por un futuro justo y con energía limpia para Puerto Rico. Las agencias federales no deben favorecer a empresas contaminantes que construyen sin permiso, como lo ha hecho NFE en numerosas ocasiones”.

FERC no respondió este sábado a un pedido de reacción de El Nuevo Día, al tiempo que un portavoz de NFE –que participó del caso como interventor– indicó que la empresa no se expresaría.

Al abundar en el tracto del caso, el panel apelativo subrayó que la FERC, al optar por no actuar frente a la construcción de la tubería, tomó en consideración el escenario de “emergencia” que atravesaban Puerto Rico y su sistema eléctrico posterior al huracán Fiona. En 2023, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército lideraron un proyecto para instalar 17 unidades temporales de generación, 10 de las cuales se ubicaron en la central San Juan.

El tubo de NFEnergía –la filial a cargo del proyecto– permitió llevar el gas natural desde el terminal de la bahía hasta los megageneradores, que siguen en funcionamiento bajo la gestión de Genera PR, otra subsidiaria de NFE.

Según la decisión de la corte, la FERC interpretó la petición de desarrollar el gasoducto como una enmienda a la solicitud de permiso para construir y operar el terminal de gas natural, que NFE comenzó a administrar desde 2020 sin consulta previa al regulador estadounidense. La FERC, igualmente, ha optado por permitir la continuidad de las operaciones del terminal.

“La FERC reiteró que continuaría revisando ambas (solicitudes de permiso) en conjunto. Desde entonces, la FERC ha continuado tramitando la solicitud de NFEnergía para la instalación y la nueva tubería bajo la sección 3 (de la Ley de Gas Natural) en un procedimiento consolidado”, planteó el Circuito de Apelaciones.

En Puerto Rico, el terminal –que al momento sigue su proceso de declaración de impacto ambiental– ha enfrentado constante oposición de entidades ambientales y comunitarias. Earthjustice, en su comunicado, señaló que, en un radio de 800 metros, residen 1,646 personas, además de los 1,072 reclusos de la cárcel federal de Guaynabo.