Con la aprobación, a finales de julio, de sendos cargos provisionales para cubrir gastos incrementales de las entidades a cargo de la red eléctrica y el costo de las pensiones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la factura de luz de un cliente residencial contiene nueve factores que definen el monto que pagará mensualmente por el servicio.

El cargo provisional que suplementa la llamada tarifa base (1.49 centavos) y el cargo de pensiones (1.92 centavos) totalizan 3.41 centavos por kilovatio hora (kWh), o casi el 13% de la tarifa residencial, tomando en cuenta el ajuste que está en vigor para los últimos tres meses de este año.

En el caso del cargo provisional, se trata de un monto aprobado en el marco de la revisión de la tarifa base permanente, que es la porción de la factura que sufraga los gastos ordinarios de mantener el sistema de transmisión y distribución, la flota de generación termoeléctrica, las operaciones hidroeléctricas de la AEE y las compensaciones contractuales de LUMA Energy y Genera PR, que este año fiscal ascendieron a $139.4 millones y $25.3 millones, respectivamente.

La nueva tarifa base entrará en efecto para julio de 2026, una vez el Negociado de Energía concluya su análisis de las necesidades del sistema eléctrico.

El grueso de la tarifa eléctrica, sin embargo, sigue siendo el costo de adquisición de combustible para las plantas de generación, que, por sí solo, representa más del 40% de los gastos del sistema, junto a la compra de energía a las cogeneradoras privadas, que equivale a otro 15%. En conjunto, los estimados para ambas partidas totalizan más de $2,600 millones, de un presupuesto proyectado en más de $4,700 millones para el año fiscal.

Los subsidios, que incluyen las exenciones o incentivos a sectores como los residenciales públicos, el turismo y el riego agrícola, representan más de $308 millones cubiertos por el resto de los abonados, una cifra similar a los $307 millones separados para sufragar los beneficios de los pensionados de la AEE.

Desde su entrada en funciones en 2021, LUMA tiene la responsabilidad de realizar los cobros a los clientes, recaudos que traspasa a la AEE para que la corporación pública los transfiera a las distintas cuentas propias y de ambos operadores privados.

Hace más de dos años, no obstante, ese trámite ha estado plagado de controversias, toda vez que LUMA ha señalado a la AEE de remitir cuantías menores a las que por contrato debe transferir para asegurar que el consorcio mantenga un balance de efectivo equivalente a cuatro meses y medio de presupuesto. La empresa estatal, en respuesta, ha imputado al operador ineficacia, sobre todo, en obtener reembolsos federales, resultando en el uso de fondos operacionales para rellenar otras cuentas.